La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) salieron a bancar a los empleados de la Dirección de Niñez de La Pampa que no concurrieron a la citación de la comisión investigadora de la Legislatura por presuntas irregularidades en el retiro de un bebé a una familia de contención de Rancul.

La presentación conjunta de ATE y UPCN La Pampa expresó el respaldo a las profesionales del equipo técnico de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia que fueron convocadas por la comisión, y planteó la necesidad de preservar sus derechos laborales, su integridad psicofísica y la protección de la identidad de los niños involucrados.

Posteriormente, ATE dio a conocer un comunicado de prensa. “Desde ATE señalamos que las trabajadoras convocadas son personal de carrera comprendido en la Ley 643, que desarrolla funciones exclusivamente técnico-profesionales y bajo dependencia jerárquica. Por eso, las responsabilidades por las decisiones institucionales y de gestión corresponden a quienes las adoptan y ejercen funciones de conducción, no a quienes cumplen tareas técnicas”, expresaron.

“Consideramos inadmisible que trabajadoras de carrera sean sometidas a un escrutinio político y mediático por informes elaborados en el marco de sus competencias profesionales. Esta situación constituye una forma de presión institucional y un riesgo psicosocial que el Estado tiene la obligación de prevenir, en el marco del Convenio 190 de la OIT, ratificado por nuestro país mediante la Ley 27.580”, agregaron.

“Asimismo, advertimos que la exposición pública del equipo interviniente puede permitir, de manera indirecta, la identificación del niño cuya protección se encuentra en juego, por lo que reclamamos el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes”, señalaron.

Por estos motivos, ATE solicitó a la comisión:

  • Dejar sin efecto la convocatoria realizada a las trabajadoras del equipo técnico y abstenerse de disponer nuevas citaciones al personal comprendido en la Ley 643 por cuestiones vinculadas a decisiones de gestión.
  • Canalizar los requerimientos de información a través de los funcionarios responsables del área.
  • Notificar previamente a las organizaciones gremiales ante cualquier futura convocatoria y garantizar que las trabajadoras puedan concurrir acompañadas por representación gremial y patrocinio letrado.
  • Evitar la difusión de nombres o datos que permitan identificar a las profesionales intervinientes y, por su intermedio, al niño involucrado.

“Desde ATE dejamos claro que no vamos a permitir que nuestras compañeras sean expuestas ni utilizadas como variable de ajuste de una disputa política que les es ajena. Las vamos a acompañar en todas las instancias necesarias para defender sus derechos laborales y su integridad”, concluyeron.