La Voz
El Gobierno nacional celebró este jueves la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y pidió al Senado que trate la iniciativa “con la urgencia que la situación exige”.
A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente sostuvo que la aprobación del proyecto representa un punto de inflexión tras más de cuatro décadas sin modificaciones al régimen vigente y afirmó que la ley responde a una de las principales preocupaciones sociales: la inseguridad.
“El Presidente Javier Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos”, señaló el texto difundido desde Casa Rosada.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2026
El mensaje del Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo argumentó que durante más de 40 años la dirigencia política evitó debatir el tema, pese a que “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”.
En esa línea, defendió la baja de la edad de imputabilidad al afirmar que “quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.
“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, remarcaron desde la Oficina del Presidente.
El Gobierno también rechazó que la iniciativa implique una persecución a los jóvenes y sostuvo que el objetivo es “reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.
La votación en Diputados
El proyecto obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, el interbloque Unidos, que incluye a Provincias Unidas y fuerzas provinciales.
Los rechazos provinieron principalmente de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y bloques provinciales. El debate estuvo atravesado por la presencia de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, lo que cargó de tensión y emotividad la sesión.
La iniciativa fue impulsada políticamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien había propuesto originalmente bajar la edad a 13 años, aunque el oficialismo aceptó elevarla a 14 para lograr consensos.
Qué establece el nuevo régimen
El texto aprobado refuerza la obligación de alojar a los menores en institutos diferenciados de las cárceles de adultos, con foco en la resocialización, y prevé mecanismos de cooperación entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, algunos bloques aliados advirtieron sobre el financiamiento insuficiente para sostener la infraestructura y los equipos profesionales necesarios para implementar el nuevo sistema.
El camino en el Senado
Tras la media sanción, el proyecto fue girado al Senado, donde el oficialismo busca tratarlo antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, previsto para fines de febrero.
Desde el Ejecutivo confían en que la Cámara alta avance con rapidez para convertir en ley una reforma que consideran clave para poner fin a la impunidad y actualizar un régimen que, según el Gobierno, “responde a un país que ya no existe”.
El Gobierno nacional celebró este jueves la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y pidió al Senado que trate la iniciativa “con la urgencia que la situación exige”.A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente sostuvo que la aprobación del proyecto representa un punto de inflexión tras más de cuatro décadas sin modificaciones al régimen vigente y afirmó que la ley responde a una de las principales preocupaciones sociales: la inseguridad.“El Presidente Javier Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos”, señaló el texto difundido desde Casa Rosada.pic.twitter.com/4tHJVcQ8yO— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2026El mensaje del GobiernoEn el comunicado, el Ejecutivo argumentó que durante más de 40 años la dirigencia política evitó debatir el tema, pese a que “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”.En esa línea, defendió la baja de la edad de imputabilidad al afirmar que “quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, remarcaron desde la Oficina del Presidente.El Gobierno también rechazó que la iniciativa implique una persecución a los jóvenes y sostuvo que el objetivo es “reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.La votación en DiputadosEl proyecto obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, el interbloque Unidos, que incluye a Provincias Unidas y fuerzas provinciales.Los rechazos provinieron principalmente de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y bloques provinciales. El debate estuvo atravesado por la presencia de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, lo que cargó de tensión y emotividad la sesión.La iniciativa fue impulsada políticamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien había propuesto originalmente bajar la edad a 13 años, aunque el oficialismo aceptó elevarla a 14 para lograr consensos.Qué establece el nuevo régimenEl texto aprobado refuerza la obligación de alojar a los menores en institutos diferenciados de las cárceles de adultos, con foco en la resocialización, y prevé mecanismos de cooperación entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.Sin embargo, algunos bloques aliados advirtieron sobre el financiamiento insuficiente para sostener la infraestructura y los equipos profesionales necesarios para implementar el nuevo sistema.El camino en el SenadoTras la media sanción, el proyecto fue girado al Senado, donde el oficialismo busca tratarlo antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, previsto para fines de febrero.Desde el Ejecutivo confían en que la Cámara alta avance con rapidez para convertir en ley una reforma que consideran clave para poner fin a la impunidad y actualizar un régimen que, según el Gobierno, “responde a un país que ya no existe”.
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