La Voz
El conflicto entre el Gobierno de Santa Fe y sectores de la fuerza policial escaló drásticamente este martes luego de una noche de protestas frente a dependencias oficiales. La administración provincial decidió sancionar a una veintena de efectivos acusados de paralizar patrulleros en el marco del reclamo salarial.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó en conferencia de prensa que se iniciaron actuaciones administrativas y penales. Si bien el funcionario admitió que el pedido de mejora de haberes es “atendible”, trazó una línea roja ante lo que consideró acciones ilegales que pusieron en riesgo a la ciudadanía.
La situación generó un clima de incertidumbre en Rosario, donde se concentraron los focos de mayor tensión. Mientras el Gobierno busca restablecer el orden en la cadena de mando, los policías autoconvocados aseguran que se cortó el diálogo y denuncian agresiones contra sus familias.
Sanciones y retiro de armas
La respuesta oficial ante las medidas de fuerza fue contundente. Según detalló Cococcioni, se identificaron conductas graves que derivaron en el pase a disponibilidad de los involucrados.
“Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, precisó el ministro.
Además, la Provincia coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles ilícitos penales. Las autoridades sostienen que grupos específicos buscaron “desestabilizar el despliegue preventivo” mediante acciones antijurídicas.
Patrulleros abandonados en Rosario
El punto crítico del conflicto se dio con la paralización de la flota policial. El Ministerio de Seguridad reportó que al menos veinte unidades de patrulla urbana fueron dejadas fuera de servicio frente a la Jefatura en Rosario.
Cococcioni explicó que los agentes estacionaron los móviles y se retiraron, configurando un abandono de deberes funcionales. “Objetivamente, que no menos de veinte unidades abandonen su servicio eleva los niveles de riesgo”, advirtió el funcionario.
Desde el Ejecutivo remarcaron que no cederán ante extorsiones que afecten la seguridad pública. “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad de todos los habitantes de la provincia”, sentenció el titular de la cartera.
La versión de los autoconvocados
En la vereda opuesta, Gabriel Sarla, vocero de los policías que encabezan la protesta, rechazó las acusaciones de intencionalidad política o desestabilización. Según su testimonio, el conflicto se profundizó porque el Gobierno interrumpió las comunicaciones tras una reunión inicial.
Sarla denunció un episodio de represión frente a la sede de la Fiscalía durante una vigilia. “Luego de prender las velas en memoria de los suicidios que hubo dentro de la policía, el jefe de Policía comenzó a reprimir a la gente”, aseguró, indicando que en el lugar había familiares y personal retirado.
Respecto al abandono de funciones, el vocero justificó la reacción de algunos agentes. Explicó que los efectivos dejaron sus puestos momentáneamente al enterarse de que “le estaban pegando a sus familiares” durante los incidentes.
Disputa por los salarios
El eje del reclamo sigue siendo la recomposición de los haberes en un contexto inflacionario. Sarla desmintió las versiones que ubican a los sueldos de la policía santafesina por encima de las fuerzas federales.
“Esa información es completamente errónea”, afirmó el representante de los autoconvocados. Según sus cifras, un agente ingresante percibe entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo, mientras que un oficial con 15 años de antigüedad no supera el millón cuatrocientos mil pesos.
A la espera de una reapertura del diálogo, el Gobierno reiteró su disposición a discutir condiciones laborales, pero mantuvo firme su postura de no tolerar medidas que dejen desprotegida a la población.
El conflicto entre el Gobierno de Santa Fe y sectores de la fuerza policial escaló drásticamente este martes luego de una noche de protestas frente a dependencias oficiales. La administración provincial decidió sancionar a una veintena de efectivos acusados de paralizar patrulleros en el marco del reclamo salarial.El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó en conferencia de prensa que se iniciaron actuaciones administrativas y penales. Si bien el funcionario admitió que el pedido de mejora de haberes es “atendible”, trazó una línea roja ante lo que consideró acciones ilegales que pusieron en riesgo a la ciudadanía.La situación generó un clima de incertidumbre en Rosario, donde se concentraron los focos de mayor tensión. Mientras el Gobierno busca restablecer el orden en la cadena de mando, los policías autoconvocados aseguran que se cortó el diálogo y denuncian agresiones contra sus familias.Sanciones y retiro de armasLa respuesta oficial ante las medidas de fuerza fue contundente. Según detalló Cococcioni, se identificaron conductas graves que derivaron en el pase a disponibilidad de los involucrados.“Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, precisó el ministro.Además, la Provincia coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles ilícitos penales. Las autoridades sostienen que grupos específicos buscaron “desestabilizar el despliegue preventivo” mediante acciones antijurídicas.Patrulleros abandonados en RosarioEl punto crítico del conflicto se dio con la paralización de la flota policial. El Ministerio de Seguridad reportó que al menos veinte unidades de patrulla urbana fueron dejadas fuera de servicio frente a la Jefatura en Rosario.Cococcioni explicó que los agentes estacionaron los móviles y se retiraron, configurando un abandono de deberes funcionales. “Objetivamente, que no menos de veinte unidades abandonen su servicio eleva los niveles de riesgo”, advirtió el funcionario.Desde el Ejecutivo remarcaron que no cederán ante extorsiones que afecten la seguridad pública. “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad de todos los habitantes de la provincia”, sentenció el titular de la cartera.La versión de los autoconvocadosEn la vereda opuesta, Gabriel Sarla, vocero de los policías que encabezan la protesta, rechazó las acusaciones de intencionalidad política o desestabilización. Según su testimonio, el conflicto se profundizó porque el Gobierno interrumpió las comunicaciones tras una reunión inicial.Sarla denunció un episodio de represión frente a la sede de la Fiscalía durante una vigilia. “Luego de prender las velas en memoria de los suicidios que hubo dentro de la policía, el jefe de Policía comenzó a reprimir a la gente”, aseguró, indicando que en el lugar había familiares y personal retirado.Respecto al abandono de funciones, el vocero justificó la reacción de algunos agentes. Explicó que los efectivos dejaron sus puestos momentáneamente al enterarse de que “le estaban pegando a sus familiares” durante los incidentes.Disputa por los salariosEl eje del reclamo sigue siendo la recomposición de los haberes en un contexto inflacionario. Sarla desmintió las versiones que ubican a los sueldos de la policía santafesina por encima de las fuerzas federales.“Esa información es completamente errónea”, afirmó el representante de los autoconvocados. Según sus cifras, un agente ingresante percibe entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo, mientras que un oficial con 15 años de antigüedad no supera el millón cuatrocientos mil pesos.A la espera de una reapertura del diálogo, el Gobierno reiteró su disposición a discutir condiciones laborales, pero mantuvo firme su postura de no tolerar medidas que dejen desprotegida a la población.
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