En una jornada marcada por la tensión política y la presión social, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La normativa, propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca la liberación de dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, periodistas y académicos que permanecieron detenidos por motivos políticos durante meses o años.
El contexto de la aprobación
El debate legislativo se desarrolló en un clima de alta sensibilidad social, mientras un grupo de mujeres familiares de los detenidos mantiene una huelga de hambre a las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la libertad de sus allegados. Según datos recientes de la ONG Foro Penal, actualmente existen 644 personas detenidas por motivos políticos en el país.
Esta medida se enmarca en lo que Rodríguez define como un “nuevo momento político”, iniciado tras un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero, pocos días después de que el mandatario Nicolás Maduro fuera capturado por los Estados Unidos.
Beneficiarios y exclusiones
La nueva ley podría tener un impacto directo para la Argentina, ya que entre los posibles beneficiarios se encuentran dos ciudadanos argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
Sin embargo, el texto aprobado establece límites claros:
- Exclusiones: no podrán recibir la amnistía aquellas personas procesadas o condenadas por promover, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, ya sea de forma independiente o con apoyo extranjero.
- Alcance temporal: aunque la ley cubre casos ocurridos desde 1999 (abarcando los 27 años de gestión chavista), el artículo 6 restringe su aplicación a diez periodos específicos de coyuntura política, que van desde el golpe de Estado de 2002 hasta las protestas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Críticas y advertencias de organismos civiles
A pesar de la aprobación unánime en el Parlamento, diversas organizaciones plantaron reparos sobre la implementación de la norma. La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el proyecto incurre en contradicciones al utilizar el término “extremismo”, lo cual podría ser utilizado para descalificar de antemano a quienes deberían beneficiarse de la medida.
Asimismo, la organización denunció un “claro conflicto de intereses”, debido a que la ejecución de la amnistía quedará en manos de los tribunales y la Fiscalía, instituciones que fueron señaladas por organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU por su participación en la “represión masiva e indiscriminada”.
Tras la aprobación legislativa, el siguiente paso para la entrada en vigencia de la norma es su promulgación por parte de la mandataria interina, Delcy Rodríguez.
En una jornada marcada por la tensión política y la presión social, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La normativa, propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca la liberación de dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, periodistas y académicos que permanecieron detenidos por motivos políticos durante meses o años.El contexto de la aprobaciónEl debate legislativo se desarrolló en un clima de alta sensibilidad social, mientras un grupo de mujeres familiares de los detenidos mantiene una huelga de hambre a las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la libertad de sus allegados. Según datos recientes de la ONG Foro Penal, actualmente existen 644 personas detenidas por motivos políticos en el país.Esta medida se enmarca en lo que Rodríguez define como un “nuevo momento político”, iniciado tras un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero, pocos días después de que el mandatario Nicolás Maduro fuera capturado por los Estados Unidos.Beneficiarios y exclusionesLa nueva ley podría tener un impacto directo para la Argentina, ya que entre los posibles beneficiarios se encuentran dos ciudadanos argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.Sin embargo, el texto aprobado establece límites claros:Exclusiones: no podrán recibir la amnistía aquellas personas procesadas o condenadas por promover, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, ya sea de forma independiente o con apoyo extranjero.Alcance temporal: aunque la ley cubre casos ocurridos desde 1999 (abarcando los 27 años de gestión chavista), el artículo 6 restringe su aplicación a diez periodos específicos de coyuntura política, que van desde el golpe de Estado de 2002 hasta las protestas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.Críticas y advertencias de organismos civilesA pesar de la aprobación unánime en el Parlamento, diversas organizaciones plantaron reparos sobre la implementación de la norma. La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el proyecto incurre en contradicciones al utilizar el término “extremismo”, lo cual podría ser utilizado para descalificar de antemano a quienes deberían beneficiarse de la medida.Asimismo, la organización denunció un “claro conflicto de intereses”, debido a que la ejecución de la amnistía quedará en manos de los tribunales y la Fiscalía, instituciones que fueron señaladas por organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU por su participación en la “represión masiva e indiscriminada”.Tras la aprobación legislativa, el siguiente paso para la entrada en vigencia de la norma es su promulgación por parte de la mandataria interina, Delcy Rodríguez. La Voz
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