La Voz
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza va por el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El debate comenzó pasadas las 11 tras la jura de Juan Schiaretti, y el oficialismo confía en darle luz verde al proyecto con los votos de bloques aliados. El “cordobesismo” tiene previsto votar a favor, aunque propone algunas modificaciones.
Con Patricia Bullrich a la cabeza, el gobierno de Javier Milei proponía bajar la edad punible a 13 años, pero tuvo que ceder ante la resistencia del ala dialoguista y aceptó dejarla en 14. Además, tal como adelantó La Voz, se incorporó un agregado presupuestario para garantizar el cumplimiento de la ley y se facultó a las provincias y a la Nación a conveniar fondos.
“La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (la Libertad Avanza), que abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
La legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.
“Nos decían que queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Pero nosotros no amontonamos menores en establecimientos de menores. Les vamos a dar un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor”, aclaró Rodríguez Machado.
En ese sentido, advirtió que “hoy los menores de 16 están en establecimientos sin ningún tipo de proceso, porque ningún juez se anima a firmar su libertad. Hay un gris donde los tienen ocultos sin un debido proceso legal. Lo que quieren es ocultar una realidad; un discurso donde no quieren cambiar nada para que todo siga igual. Y los que más pierden son los menores, porque el Estado ni los mira”.
Rodríguez Machado destacó que además del proyecto del Poder Ejecutivo, había una veintena de iniciativas presentadas por distintos diputados. También recordó que se escuchó a “más de 30 expertos” en distintas disciplinas: juristas, médicos, representantes del Poder Judicial y de organizaciones civiles, entre otros. “La mayoría invitados por la oposición”, acotó la cordobesa.
El dictamen firmado este miércoles en el plenario de comisiones obtuvo 81 firmas favorables sobre 139 miembros presentes, aunque algunos diputados firmaron en disidencia, como los cordobeses de Provincias Unidas Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes propusieron modificaciones.
El punto central de la disidencia cordobesa propone establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor. Así, plantea que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión, tal como prevé el despacho mayoritario.
A pesar de estas objeciones, los diputados alineados al gobierno de Martín Llaryora tienen previsto votar a favor en general. Será además la primera votación de Schiaretti, quien prestó juramento al inicio de la sesión luego de recibir el alta médica.
Otros diputados del interbloque Unidos dispuestos a acompañar esperaban redactar con mayor claridad que los menores no compartirán espacio con los adultos privados de su libertad, sino que serán alojados en institutos especializados, donde se espera que cuenten con el acompañamiento de “supervisores”.
Como se necesitan recursos presupuestarios para cumplir con esas disposiciones, se otorgará un monto total de $23.739.155.303, que saldrá de la Defensoría General de la Nación y del Ministerio de Justicia. Rodríguez Machado aclaró que en el dictamen firmado en 2024, que perdió vigencia, no se fijaba un número porque no había ley de Presupuesto sancionada.
Además, se agregó una cláusula que indica que “la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.
“Las provincias van a tener un diálogo fluido con la Nación”, destacó Rodríguez Machado en respuesta a una de las preocupaciones que trababan el avance de la ley.
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza va por el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El debate comenzó pasadas las 11 tras la jura de Juan Schiaretti, y el oficialismo confía en darle luz verde al proyecto con los votos de bloques aliados. El “cordobesismo” tiene previsto votar a favor, aunque propone algunas modificaciones. Con Patricia Bullrich a la cabeza, el gobierno de Javier Milei proponía bajar la edad punible a 13 años, pero tuvo que ceder ante la resistencia del ala dialoguista y aceptó dejarla en 14. Además, tal como adelantó La Voz, se incorporó un agregado presupuestario para garantizar el cumplimiento de la ley y se facultó a las provincias y a la Nación a conveniar fondos. “La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (la Libertad Avanza), que abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.La legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.“Nos decían que queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Pero nosotros no amontonamos menores en establecimientos de menores. Les vamos a dar un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor”, aclaró Rodríguez Machado.En ese sentido, advirtió que “hoy los menores de 16 están en establecimientos sin ningún tipo de proceso, porque ningún juez se anima a firmar su libertad. Hay un gris donde los tienen ocultos sin un debido proceso legal. Lo que quieren es ocultar una realidad; un discurso donde no quieren cambiar nada para que todo siga igual. Y los que más pierden son los menores, porque el Estado ni los mira”.Rodríguez Machado destacó que además del proyecto del Poder Ejecutivo, había una veintena de iniciativas presentadas por distintos diputados. También recordó que se escuchó a “más de 30 expertos” en distintas disciplinas: juristas, médicos, representantes del Poder Judicial y de organizaciones civiles, entre otros. “La mayoría invitados por la oposición”, acotó la cordobesa.El dictamen firmado este miércoles en el plenario de comisiones obtuvo 81 firmas favorables sobre 139 miembros presentes, aunque algunos diputados firmaron en disidencia, como los cordobeses de Provincias Unidas Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes propusieron modificaciones.El punto central de la disidencia cordobesa propone establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor. Así, plantea que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión, tal como prevé el despacho mayoritario.A pesar de estas objeciones, los diputados alineados al gobierno de Martín Llaryora tienen previsto votar a favor en general. Será además la primera votación de Schiaretti, quien prestó juramento al inicio de la sesión luego de recibir el alta médica. Otros diputados del interbloque Unidos dispuestos a acompañar esperaban redactar con mayor claridad que los menores no compartirán espacio con los adultos privados de su libertad, sino que serán alojados en institutos especializados, donde se espera que cuenten con el acompañamiento de “supervisores”. Como se necesitan recursos presupuestarios para cumplir con esas disposiciones, se otorgará un monto total de $23.739.155.303, que saldrá de la Defensoría General de la Nación y del Ministerio de Justicia. Rodríguez Machado aclaró que en el dictamen firmado en 2024, que perdió vigencia, no se fijaba un número porque no había ley de Presupuesto sancionada. Además, se agregó una cláusula que indica que “la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.“Las provincias van a tener un diálogo fluido con la Nación”, destacó Rodríguez Machado en respuesta a una de las preocupaciones que trababan el avance de la ley.
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