La Iglesia advierte que bajar la edad de imputabilidad es un retroceso grave y peligroso

La Voz

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto con Cáritas Argentina y la Pastoral Carcelaria, difundieron un durísimo comunicado contra el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, las organizaciones eclesiales concluyen que la iniciativa “no baja el delito”, constituye un retroceso en materia de derechos humanos y agrava los problemas estructurales que dice buscar resolver.

El documento parte de una advertencia central: reducir la edad de imputabilidad “no solo es ineficaz desde el punto de vista de la seguridad, sino que además profundiza la violencia y la reincidencia”.

Según señalan, la evidencia regional es contundente ya que los países con edades de imputabilidad más bajas “presentan tasas de homicidio más altas”, mientras que Argentina, con una edad mínima de 16 años, exhibe uno de los niveles de violencia “más bajos de la región”.

Uno de los ejes más críticos del pronunciamiento apunta a la falta absoluta de condiciones materiales e institucionales para implementar un régimen penal juvenil serio.

La Iglesia plantea que el Estado no está en condiciones de garantizar tratamientos psicológicos, continuidad educativa, formación laboral, abordaje de consumos problemáticos ni dispositivos adecuados de alojamiento para adolescentes. En ese marco, avanzar con una reforma punitiva resulta, a su juicio, irresponsable y regresivo.

El comunicado también cuestiona con dureza la constitucionalidad del proyecto. Advierte que contradice la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley 26.061, al habilitar la intervención penal y la privación de libertad de niños y adolescentes que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal.

Señala además que introduce criterios arbitrarios, penas desproporcionadas y la aplicación de reglas del derecho penal adulto, sin garantías procesales especializadas .

No es verdad

Uno de los puntos más críticos es cuando aborda el tema “desde una perspectiva social y pastoral”. El texto rechaza el enfoque simplificador que equipara “delito de adulto” con “pena de adulto”.

Recuerda que el cerebro adolescente está en desarrollo y que la respuesta al conflicto social debe priorizar la prevención, la protección integral y la intervención de los Juzgados de Familia, dejando el sistema penal como último recurso.

Para los mayores de 16 años que cometan delitos graves, propone mecanismos de Justicia Restaurativa, con resultados comprobados en la reducción de la reincidencia.

En sus conclusiones, la Iglesia plantea una disyuntiva de fondo: profundizar la cultura del descarte o construir un entramado social que cuide, incluya y repare. “La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”, afirman las pastorales.

Al mismo tiempo, llamaron a “abandonar el oportunismo político para avanzar en políticas públicas que ataquen las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, el narcotráfico y la exclusión social”.

​La Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto con Cáritas Argentina y la Pastoral Carcelaria, difundieron un durísimo comunicado contra el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal. En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, las organizaciones eclesiales concluyen que la iniciativa “no baja el delito”, constituye un retroceso en materia de derechos humanos y agrava los problemas estructurales que dice buscar resolver.El documento parte de una advertencia central: reducir la edad de imputabilidad “no solo es ineficaz desde el punto de vista de la seguridad, sino que además profundiza la violencia y la reincidencia”. Según señalan, la evidencia regional es contundente ya que los países con edades de imputabilidad más bajas “presentan tasas de homicidio más altas”, mientras que Argentina, con una edad mínima de 16 años, exhibe uno de los niveles de violencia “más bajos de la región”.Uno de los ejes más críticos del pronunciamiento apunta a la falta absoluta de condiciones materiales e institucionales para implementar un régimen penal juvenil serio. La Iglesia plantea que el Estado no está en condiciones de garantizar tratamientos psicológicos, continuidad educativa, formación laboral, abordaje de consumos problemáticos ni dispositivos adecuados de alojamiento para adolescentes. En ese marco, avanzar con una reforma punitiva resulta, a su juicio, irresponsable y regresivo.El comunicado también cuestiona con dureza la constitucionalidad del proyecto. Advierte que contradice la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley 26.061, al habilitar la intervención penal y la privación de libertad de niños y adolescentes que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal. Señala además que introduce criterios arbitrarios, penas desproporcionadas y la aplicación de reglas del derecho penal adulto, sin garantías procesales especializadas .No es verdadUno de los puntos más críticos es cuando aborda el tema “desde una perspectiva social y pastoral”. El texto rechaza el enfoque simplificador que equipara “delito de adulto” con “pena de adulto”. Recuerda que el cerebro adolescente está en desarrollo y que la respuesta al conflicto social debe priorizar la prevención, la protección integral y la intervención de los Juzgados de Familia, dejando el sistema penal como último recurso. Para los mayores de 16 años que cometan delitos graves, propone mecanismos de Justicia Restaurativa, con resultados comprobados en la reducción de la reincidencia.En sus conclusiones, la Iglesia plantea una disyuntiva de fondo: profundizar la cultura del descarte o construir un entramado social que cuide, incluya y repare. “La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”, afirman las pastorales.Al mismo tiempo, llamaron a “abandonar el oportunismo político para avanzar en políticas públicas que ataquen las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, el narcotráfico y la exclusión social”.  ​

About The Author