Allanaron el Tribunal de Cuentas de la Provincia por la causa de los drones

La Voz

La Justicia provincial allanó este miércoles la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia para requerir el expediente de la licitación por la compra de drones destinada a la Policía de Córdoba, una causa que se inscribe en el fuerte conflicto abierto entre el Gobierno de Martín Llaryora y la mayoría juecista del organismo de control.

El procedimiento fue confirmado – extraoficialmente- por fuentes de la Justicia, luego de que la información fuera difundida públicamente por el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán.

Según relató el propio tribuno, cuatro efectivos policiales se presentaron en el edificio del organismo con el objetivo de llevarse la documentación vinculada al proceso de compra de un sistema de drones valuado en 6,8 millones de dólares.

“Vinieron cuatro policías. Se presentaron pidiendo el expediente. Y ellos saben que ya no está acá. Les recuerdo a los del Gobierno que tengo determinadas impunidades y solo un juez me puede pedir esto”, afirmó Corvalán.

El titular del Tribunal de Cuentas fue más allá y leyó el allanamiento en clave política. “Esto se enmarca en la idea de que el Gobierno de Llaryora quiere amedrentar el accionar del Tribunal de Cuentas”, sostuvo el dirigente juecista al vincular el operativo con la denuncia penal que días atrás impulsó el Ministerio de Seguridad contra la mayoría opositora del organismo.

El allanamiento se produjo en un contexto de máxima confrontación entre el Ejecutivo provincial y los tribunos alineados con el senador nacional Luis Juez, quienes frenaron el visado del gasto y paralizaron la licitación para la compra de drones. Esa decisión fue el disparador de la ofensiva judicial del Gobierno.

Denuncia

Con el aval político explícito del gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, denunció la semana pasada y ante la Justicia provincial a Corvalán y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación sostiene que ambos se excedieron en sus funciones al cuestionar no solo la legalidad del proceso, sino también el mérito y la conveniencia de la política pública impulsada por el Ejecutivo.

El expediente cuestionado refiere a la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Policía de Córdoba.

Desde el Tribunal de Cuentas, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado en bloque, a renglón único, lo que a su criterio habría direccionado el proceso para beneficiar a la UTE Vantac-Huinol SA, única oferente que cumplía con los requisitos del pliego.

El Ministerio de Seguridad rechazó de plano esa interpretación. En la denuncia presentada, sostiene que el Tribunal ignoró normativas técnicas aeronáuticas y actuó bajo motivaciones políticas, afectando el principio de división de poderes.

El planteo se apoya en la Ley Provincial 10.930, que limita la intervención del Tribunal de Cuentas al control de juridicidad, sin habilitarlo a evaluar criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo.

En el comunicado oficial difundido por la Provincia, Quinteros apuntó políticamente contra el senador Juez, a quien responsabiliza por el freno del expediente, aunque sin mencionarlo de manera directa.

“Expresiones como fraude, corrupción, traje a medida, sobreprecios o cajas negras, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. La crítica es legítima, la injuria no. Todo tiene un límite”, advirtió Quinteros.

Por la feria judicial, recién el lunes se definió el fiscal que quedó a cargo: se trata de Tomás Casas. Desde su despacho no se emitió información sobre las medias de prueba, y solo se limitaron a explicar que la investigación “es incipiente”.

De todas maneras, al tratarse de una denuncia que involucra a funcionarios públicos provinciales, la investigación podría terminar en uno de los fiscales del Fuero Penal Económico (Anticorrupción)

El cruce y el rechazo

Según pudo conocer La Voz, la orden judicial se activó a partir de un oficio firmado el el martes por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II, Turno 7, a cargo del fiscal Casas.

En el documento, la Justicia dispuso que personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba se constituyera en el Tribunal de Cuentas para requerir el expediente administrativo vinculado a la Licitación Pública Presencial 04/2025, impulsada por el Ministerio de Seguridad para la compra de un sistema de drones.

El oficio judicial ordenó, además, que el personal policial remita las actuaciones a la fiscalía, lo que confirma que el requerimiento se inscribe en una investigación penal en curso.

Minutos después de conocido el procedimiento, Corvalán formalizó su respuesta por escrito. En una nota dirigida al jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, el tribuno rechazó el alcance del requerimiento y cuestionó su legalidad.

Allí sostuvo que, por imperio de la Constitución provincial, los miembros del Tribunal deben ser considerados a los fines procesales penales como “jueces de Cámara”, una condición que, según su interpretación, impide cualquier medida asimilable a una requisa o secuestro sin orden expresa de un juez de Control.

Corvalán señaló que el reclamo formulado por la Fiscalía, al comisionar a la Policía, resulta equiparable a una medida de registro o secuestro prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal. Y remarcó que, dada la calidad institucional de los denunciados, ese tipo de medidas solo puede ser dispuesto por un juez de Control, a pedido del fiscal interviniente.

En ausencia de esa orden judicial, afirmó, el oficio carece de validez.

Con ese argumento, devolvió formalmente el requerimiento policial y pidió que se cumpla con lo dispuesto por la Constitución y la ley procesal. En el mismo texto, introdujo una lectura política del episodio. Advirtió sobre lo que definió como “presiones del denunciante” y calificó el procedimiento como parte de una persecución política, una línea discursiva que ya había expuesto públicamente tras la difusión del allanamiento.

La respuesta del titular del Tribunal de Cuentas incluyó otro dato clave. Corvalán informó que las actuaciones administrativas que la Policía intentaba requerir no se encuentran físicamente en el organismo de control, sino radicadas en el Ministerio de Seguridad.

Según precisó, el Tribunal solo cuenta con datos en formato virtual, lo que refuerza la discusión sobre la utilidad y el alcance concreto del procedimiento ordenado por la Fiscalía.

Finalmente, el presidente del Tribunal de Cuentas objetó la forma del requerimiento. Recordó que se trata de un cuerpo colegiado y que toda comunicación oficial debe ser dirigida a su presidente, quien ejerce la representación institucional durante el período correspondiente.

​La Justicia provincial allanó este miércoles la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia para requerir el expediente de la licitación por la compra de drones destinada a la Policía de Córdoba, una causa que se inscribe en el fuerte conflicto abierto entre el Gobierno de Martín Llaryora y la mayoría juecista del organismo de control.El procedimiento fue confirmado – extraoficialmente- por fuentes de la Justicia, luego de que la información fuera difundida públicamente por el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán. Según relató el propio tribuno, cuatro efectivos policiales se presentaron en el edificio del organismo con el objetivo de llevarse la documentación vinculada al proceso de compra de un sistema de drones valuado en 6,8 millones de dólares.“Vinieron cuatro policías. Se presentaron pidiendo el expediente. Y ellos saben que ya no está acá. Les recuerdo a los del Gobierno que tengo determinadas impunidades y solo un juez me puede pedir esto”, afirmó Corvalán.El titular del Tribunal de Cuentas fue más allá y leyó el allanamiento en clave política. “Esto se enmarca en la idea de que el Gobierno de Llaryora quiere amedrentar el accionar del Tribunal de Cuentas”, sostuvo el dirigente juecista al vincular el operativo con la denuncia penal que días atrás impulsó el Ministerio de Seguridad contra la mayoría opositora del organismo.El allanamiento se produjo en un contexto de máxima confrontación entre el Ejecutivo provincial y los tribunos alineados con el senador nacional Luis Juez, quienes frenaron el visado del gasto y paralizaron la licitación para la compra de drones. Esa decisión fue el disparador de la ofensiva judicial del Gobierno.DenunciaCon el aval político explícito del gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, denunció la semana pasada y ante la Justicia provincial a Corvalán y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación sostiene que ambos se excedieron en sus funciones al cuestionar no solo la legalidad del proceso, sino también el mérito y la conveniencia de la política pública impulsada por el Ejecutivo.El expediente cuestionado refiere a la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Policía de Córdoba. Desde el Tribunal de Cuentas, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado en bloque, a renglón único, lo que a su criterio habría direccionado el proceso para beneficiar a la UTE Vantac-Huinol SA, única oferente que cumplía con los requisitos del pliego.El Ministerio de Seguridad rechazó de plano esa interpretación. En la denuncia presentada, sostiene que el Tribunal ignoró normativas técnicas aeronáuticas y actuó bajo motivaciones políticas, afectando el principio de división de poderes. El planteo se apoya en la Ley Provincial 10.930, que limita la intervención del Tribunal de Cuentas al control de juridicidad, sin habilitarlo a evaluar criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo.En el comunicado oficial difundido por la Provincia, Quinteros apuntó políticamente contra el senador Juez, a quien responsabiliza por el freno del expediente, aunque sin mencionarlo de manera directa. “Expresiones como fraude, corrupción, traje a medida, sobreprecios o cajas negras, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. La crítica es legítima, la injuria no. Todo tiene un límite”, advirtió Quinteros.Por la feria judicial, recién el lunes se definió el fiscal que quedó a cargo: se trata de Tomás Casas. Desde su despacho no se emitió información sobre las medias de prueba, y solo se limitaron a explicar que la investigación “es incipiente”.De todas maneras, al tratarse de una denuncia que involucra a funcionarios públicos provinciales, la investigación podría terminar en uno de los fiscales del Fuero Penal Económico (Anticorrupción)El cruce y el rechazoSegún pudo conocer La Voz, la orden judicial se activó a partir de un oficio firmado el el martes por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II, Turno 7, a cargo del fiscal Casas. En el documento, la Justicia dispuso que personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba se constituyera en el Tribunal de Cuentas para requerir el expediente administrativo vinculado a la Licitación Pública Presencial 04/2025, impulsada por el Ministerio de Seguridad para la compra de un sistema de drones. El oficio judicial ordenó, además, que el personal policial remita las actuaciones a la fiscalía, lo que confirma que el requerimiento se inscribe en una investigación penal en curso.Minutos después de conocido el procedimiento, Corvalán formalizó su respuesta por escrito. En una nota dirigida al jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, el tribuno rechazó el alcance del requerimiento y cuestionó su legalidad. Allí sostuvo que, por imperio de la Constitución provincial, los miembros del Tribunal deben ser considerados a los fines procesales penales como “jueces de Cámara”, una condición que, según su interpretación, impide cualquier medida asimilable a una requisa o secuestro sin orden expresa de un juez de Control. Corvalán señaló que el reclamo formulado por la Fiscalía, al comisionar a la Policía, resulta equiparable a una medida de registro o secuestro prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal. Y remarcó que, dada la calidad institucional de los denunciados, ese tipo de medidas solo puede ser dispuesto por un juez de Control, a pedido del fiscal interviniente. En ausencia de esa orden judicial, afirmó, el oficio carece de validez.Con ese argumento, devolvió formalmente el requerimiento policial y pidió que se cumpla con lo dispuesto por la Constitución y la ley procesal. En el mismo texto, introdujo una lectura política del episodio. Advirtió sobre lo que definió como “presiones del denunciante” y calificó el procedimiento como parte de una persecución política, una línea discursiva que ya había expuesto públicamente tras la difusión del allanamiento.La respuesta del titular del Tribunal de Cuentas incluyó otro dato clave. Corvalán informó que las actuaciones administrativas que la Policía intentaba requerir no se encuentran físicamente en el organismo de control, sino radicadas en el Ministerio de Seguridad. Según precisó, el Tribunal solo cuenta con datos en formato virtual, lo que refuerza la discusión sobre la utilidad y el alcance concreto del procedimiento ordenado por la Fiscalía.Finalmente, el presidente del Tribunal de Cuentas objetó la forma del requerimiento. Recordó que se trata de un cuerpo colegiado y que toda comunicación oficial debe ser dirigida a su presidente, quien ejerce la representación institucional durante el período correspondiente.  ​

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