El Gobierno reglamentó la Emergencia en Discapacidad y lanza nuevo régimen de pensiones

La implementación dependerá de convenios de cofinanciamiento entre la Nación y las provincias.

A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo dio cumplimiento a un fallo judicial que ordena aplicar la Ley 27.793. Se crea la «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social», se centralizan las políticas en el Ministerio de Salud y se anuncian auditorías masivas en todo el país.

Tras una fuerte puja judicial, el presidente Javier Milei firmó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida surge tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que invalidó el freno que el Gobierno había puesto a la ley por «falta de financiamiento». Ahora, con el nuevo esquema operativo, se redefine cómo se otorgarán y controlarán estos beneficios.

Los puntos clave del nuevo esquema:

Conversión de oficio: Todas las pensiones no contributivas vigentes se transforman automáticamente en la nueva «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social».

Centralización en Salud: La Secretaría Nacional de Discapacidad deja de ser un ente disperso para incorporarse formalmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, buscando una gestión integral de las dimensiones sanitarias y sociales.

Auditorías y controles: Se instruyó a la autoridad de aplicación a presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días. El objetivo es relevar y verificar que cada beneficiario cumpla con las condiciones de acceso y permanencia.

Compatibilidad laboral: La reglamentación busca fomentar la inclusión laboral, articulando el cobro de la pensión con la generación de ingresos propios, bajo nuevas reglas de compatibilidad que se dictarán próximamente.

Financiamiento compartido

Un aspecto central del decreto es que la implementación dependerá de convenios de cofinanciamiento entre la Nación y las provincias. Esto significa que cada jurisdicción deberá acordar con el Consejo Federal de Discapacidad los criterios de evaluación socioeconómica y los recursos presupuestarios disponibles para sostener las prestaciones.

La medida entró en vigencia de inmediato y marca el inicio de un reordenamiento administrativo profundo en una de las áreas más sensibles de la seguridad social argentina.

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