El multimillonario inversionista estadounidense Leon Black no se presentó el jueves a declarar ante el Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y en cambio presentó una demanda.
Legisladores de la oposición demócrata pidieron que se inicien procedimientos por desacato al Congreso en su contra.
Black interpuso una demanda judicial impugnando las citaciones, con el argumento de que los legisladores excedieron su autoridad al exigir ver acuerdos de confidencialidad que firmó con mujeres que no tienen ninguna conexión conocida con Epstein.
"Es una vergüenza que Leon Black se esconda detrás de litigios en lugar de dar respuestas al pueblo estadounidense", declaró James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El principal demócrata del comité, Robert Garcia, pidió que Black sea declarado en desacato al Congreso.
Epstein murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual de menores, en lo que se determinó que fue un suicidio.
Tenía estrechos vínculos con numerosas figuras de las élites políticas y empresariales, y Black -cofundador de Apollo Global Management- fue uno de sus principales clientes.
Black reconoció durante una comparecencia ante el comité en junio que pagó a Epstein 158 millones de dólares por asesoría fiscal y planificación patrimonial.
Pero afirmó que no sabía nada de las actividades delictivas de Epstein y negó haber abusado de mujeres.
Esa sesión de junio terminó abruptamente después de que Black se negó a responder preguntas sobre algunos acuerdos de confidencialidad, lo que llevó a los legisladores a citarlo para que regresara a una declaración jurada, grabada en video, y entregara los documentos.
Su demanda sostiene que las exigencias de los legisladores no guardan "ninguna conexión legítima" con el propósito del comité y podrían exponer a mujeres que negociaron confidencialidad.
Más de una decena de víctimas de los abusos de Epstein instaron esta semana a Black a cumplir con los citatorios, y señalaron que el Congreso debería analizar si sus acuerdos de confidencialidad arrojan luz sobre su relación con el delincuente sexual y otras personas del entorno del financista.
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