El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda política internacional.

Mientras el Gobierno argentino habilitó formalmente la discusión parlamentaria para reducirla a los 13 años, Suecia anunció un proyecto similar, impulsado por el avance del crimen organizado y la utilización de niños por parte de bandas delictivas.

Ambos procesos se desarrollan en contextos distintos, pero comparten un eje común: cómo responder desde el sistema penal a delitos graves cometidos por menores de edad.

El debate en Argentina

En el plano local, el Poder Ejecutivo oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para incluir el tratamiento de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La iniciativa busca reemplazar la actual Ley de Minoridad por un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El debate legislativo comenzará el 2 de febrero y se extenderá, en principio, hasta el 27 del mismo mes.

El punto central del proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, es la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno impulsa fijarla en los 13 años, aunque en discusiones previas en el Congreso el consenso mayoritario se había ubicado en los 14.

Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo mantiene abierta la negociación con bloques aliados y sectores de la oposición para alcanzar un acuerdo político más amplio. El tema volvió a ganar centralidad tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años en Santa Fe, cometido por otros menores.

La iniciativa que impulsa Suecia

En paralelo, Suecia avanza con un proyecto para bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos de delitos graves.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, quien calificó la situación como una “emergencia” vinculada al reclutamiento de niños por parte de bandas criminales.

Según explicó el funcionario, la reducción no sería general, sino que se aplicaría únicamente a crímenes de extrema gravedad, como homicidios, tentativas de homicidio, atentados con explosivos, delitos agravados con armas y violaciones agravadas.

De aprobarse, la ley podría entrar en vigencia este mismo verano europeo. En algunos casos, los menores alcanzados por la norma podrían recibir penas de prisión.

Datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito muestran que, en la última década, se duplicaron los delitos registrados con sospechosos menores de 15 años, un fenómeno que el gobierno atribuye al accionar del crimen organizado.

Críticas y resistencias

Al igual que en Argentina, la propuesta sueca enfrenta cuestionamientos. Autoridades policiales, fiscales y responsables del sistema penitenciario advirtieron que la medida podría derivar en la participación de niños aún más pequeños en actividades criminales.

También señalaron que el sistema carcelario no está preparado para alojar a menores de tan corta edad y que la detención podría vulnerar derechos de la infancia. Otros sectores sostienen que los menores deberían recibir asistencia y contención social antes que sanciones penales.

Pese a esas objeciones, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, defendió la iniciativa y sostuvo que los niños están siendo “explotados de forma despiadada” por redes criminales, lo que obliga al Estado a intervenir.

​El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda política internacional.Mientras el Gobierno argentino habilitó formalmente la discusión parlamentaria para reducirla a los 13 años, Suecia anunció un proyecto similar, impulsado por el avance del crimen organizado y la utilización de niños por parte de bandas delictivas.Ambos procesos se desarrollan en contextos distintos, pero comparten un eje común: cómo responder desde el sistema penal a delitos graves cometidos por menores de edad.El debate en ArgentinaEn el plano local, el Poder Ejecutivo oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para incluir el tratamiento de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial.La iniciativa busca reemplazar la actual Ley de Minoridad por un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El debate legislativo comenzará el 2 de febrero y se extenderá, en principio, hasta el 27 del mismo mes.El punto central del proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, es la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno impulsa fijarla en los 13 años, aunque en discusiones previas en el Congreso el consenso mayoritario se había ubicado en los 14.Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo mantiene abierta la negociación con bloques aliados y sectores de la oposición para alcanzar un acuerdo político más amplio. El tema volvió a ganar centralidad tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años en Santa Fe, cometido por otros menores.La iniciativa que impulsa SueciaEn paralelo, Suecia avanza con un proyecto para bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos de delitos graves.El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, quien calificó la situación como una “emergencia” vinculada al reclutamiento de niños por parte de bandas criminales.Según explicó el funcionario, la reducción no sería general, sino que se aplicaría únicamente a crímenes de extrema gravedad, como homicidios, tentativas de homicidio, atentados con explosivos, delitos agravados con armas y violaciones agravadas.De aprobarse, la ley podría entrar en vigencia este mismo verano europeo. En algunos casos, los menores alcanzados por la norma podrían recibir penas de prisión.Datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito muestran que, en la última década, se duplicaron los delitos registrados con sospechosos menores de 15 años, un fenómeno que el gobierno atribuye al accionar del crimen organizado.Críticas y resistenciasAl igual que en Argentina, la propuesta sueca enfrenta cuestionamientos. Autoridades policiales, fiscales y responsables del sistema penitenciario advirtieron que la medida podría derivar en la participación de niños aún más pequeños en actividades criminales.También señalaron que el sistema carcelario no está preparado para alojar a menores de tan corta edad y que la detención podría vulnerar derechos de la infancia. Otros sectores sostienen que los menores deberían recibir asistencia y contención social antes que sanciones penales.Pese a esas objeciones, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, defendió la iniciativa y sostuvo que los niños están siendo “explotados de forma despiadada” por redes criminales, lo que obliga al Estado a intervenir.  La Voz

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