La Voz
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), conducida por Andrés Vázquez, presentó este jueves una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas, según confirmaron fuentes judiciales.
La denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por el organismo recaudador, en las que se detectaron movimientos de fondos sin respaldo documental suficiente dentro de la entidad que preside Claudio Tapia.
Según informó Infobae, de manera preliminar, Arca estimó un perjuicio fiscal superior a los $ 375 millones, cifra que podría incrementarse a medida que avance la investigación.
Cómo se inició la investigación
La fiscalización comenzó tras alertas emitidas por los sistemas internos de análisis de riesgo de Arca, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA.
A partir de esos controles se identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real.
Según explicaron fuentes judiciales, la investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes. Incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis de movimientos bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales.
En ese proceso se detectó un patrón reiterado de empresas que emitían facturas por montos elevados sin contar con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales acordes con los servicios declarados.
Resoluciones administrativas y postura de la AFA
Como resultado de la fiscalización inicial, Arca dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Esas resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para ejercer su derecho de defensa.
De acuerdo con el expediente, la AFA rechazó las liquidaciones y expresó su disconformidad con los ajustes practicados.
Ante esa respuesta, el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, que habilita una revisión más profunda cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal.
En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente analizados, lo que amplió tanto el período bajo investigación como la cantidad de operaciones cuestionadas.
Montos y períodos bajo análisis
La cuantificación provisoria del ajuste fiscal abArca distintos ejercicios. Para el período fiscal 2025, Arca estimó ajustes por más de $ 170 millones; para 2024, cerca de $ 182 millones; y para 2023, poco más de $ 22 millones en Ganancias, además de un ajuste en IVA por más de un millón de pesos.
En conjunto, el monto determinado supera los $ 375 millones, sin incluir intereses resarcitorios ni eventuales multas.
Desde el organismo aclararon que se trata de cifras preliminares y sujetas a modificaciones hasta el cierre definitivo del procedimiento administrativo y judicial.
Proveedores observados y encuadre legal
Uno de los ejes centrales de la investigación es el análisis individual de los proveedores cuestionados. Según consta en el expediente, más de una decena de firmas presentaba domicilios inexistentes o incongruentes con la actividad declarada, falta de empleados registrados, ausencia de activos necesarios para los servicios facturados y movimientos bancarios considerados atípicos.
La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Fuentes judiciales explicaron que la mera existencia de una factura no resulta suficiente para justificar la deducción de un gasto si no se acredita la prestación efectiva del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad real del proveedor.
Los informes de Arca sostienen que, por el volumen de operaciones, la reiteración de proveedores y las inconsistencias detectadas, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones.
Estado de la causa
El expediente tramita en la Justicia federal y se encuentra en etapa de instrucción. Hasta el momento no hay una resolución judicial de fondo ni imputaciones penales formales, aunque las actuaciones describen indicios que podrían configurar un delito penal tributario, de acuerdo con la normativa vigente.
Desde el ámbito judicial indicaron que la causa continúa abierta y que los montos y eventuales responsabilidades finales dependerán del avance de las medidas de prueba y de las decisiones que adopte la Justicia.
Mientras tanto, la AFA mantiene su derecho de defensa en las instancias administrativas y judiciales, en una investigación que sigue generando atención en los planos fiscal, judicial y deportivo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), conducida por Andrés Vázquez, presentó este jueves una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas, según confirmaron fuentes judiciales.La denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por el organismo recaudador, en las que se detectaron movimientos de fondos sin respaldo documental suficiente dentro de la entidad que preside Claudio Tapia.Según informó Infobae, de manera preliminar, Arca estimó un perjuicio fiscal superior a los $ 375 millones, cifra que podría incrementarse a medida que avance la investigación.Cómo se inició la investigaciónLa fiscalización comenzó tras alertas emitidas por los sistemas internos de análisis de riesgo de Arca, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA.A partir de esos controles se identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real.Según explicaron fuentes judiciales, la investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes. Incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis de movimientos bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales. En ese proceso se detectó un patrón reiterado de empresas que emitían facturas por montos elevados sin contar con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales acordes con los servicios declarados.Resoluciones administrativas y postura de la AFAComo resultado de la fiscalización inicial, Arca dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas e Impuesto al Valor Agregado (IVA).Esas resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para ejercer su derecho de defensa.De acuerdo con el expediente, la AFA rechazó las liquidaciones y expresó su disconformidad con los ajustes practicados.Ante esa respuesta, el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, que habilita una revisión más profunda cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal.En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente analizados, lo que amplió tanto el período bajo investigación como la cantidad de operaciones cuestionadas.Montos y períodos bajo análisisLa cuantificación provisoria del ajuste fiscal abArca distintos ejercicios. Para el período fiscal 2025, Arca estimó ajustes por más de $ 170 millones; para 2024, cerca de $ 182 millones; y para 2023, poco más de $ 22 millones en Ganancias, además de un ajuste en IVA por más de un millón de pesos. En conjunto, el monto determinado supera los $ 375 millones, sin incluir intereses resarcitorios ni eventuales multas.Desde el organismo aclararon que se trata de cifras preliminares y sujetas a modificaciones hasta el cierre definitivo del procedimiento administrativo y judicial.Proveedores observados y encuadre legalUno de los ejes centrales de la investigación es el análisis individual de los proveedores cuestionados. Según consta en el expediente, más de una decena de firmas presentaba domicilios inexistentes o incongruentes con la actividad declarada, falta de empleados registrados, ausencia de activos necesarios para los servicios facturados y movimientos bancarios considerados atípicos.La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley del Impuesto a las Ganancias.Fuentes judiciales explicaron que la mera existencia de una factura no resulta suficiente para justificar la deducción de un gasto si no se acredita la prestación efectiva del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad real del proveedor.Los informes de Arca sostienen que, por el volumen de operaciones, la reiteración de proveedores y las inconsistencias detectadas, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones.Estado de la causaEl expediente tramita en la Justicia federal y se encuentra en etapa de instrucción. Hasta el momento no hay una resolución judicial de fondo ni imputaciones penales formales, aunque las actuaciones describen indicios que podrían configurar un delito penal tributario, de acuerdo con la normativa vigente.Desde el ámbito judicial indicaron que la causa continúa abierta y que los montos y eventuales responsabilidades finales dependerán del avance de las medidas de prueba y de las decisiones que adopte la Justicia.Mientras tanto, la AFA mantiene su derecho de defensa en las instancias administrativas y judiciales, en una investigación que sigue generando atención en los planos fiscal, judicial y deportivo.
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