La Voz
Miguel Ángel Toma, extitular de lo que fuera la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) y exministro del Interior, analizó el decreto del presidente Javier Milei que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional y la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, vigente desde 2001 y considerada la norma marco del área.
En diálogo con La Voz en Vivo, el exfuncionario dijo que la idea del Presidente es buena, pero que está mal ejecutada. A su criterio, el decreto “complejiza” la estructura, la vuelve “más burocrática” y, por lo tanto, “ineficiente”, en lugar de agilizar la respuesta estatal frente a amenazas como el crimen organizado o el terrorismo.
La Ley 25.520, sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de ese año, estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de proteger los derechos y garantías de los habitantes y someter la actividad de inteligencia al control democrático.
Críticas al uso del decreto y reclamo de debate en el Congreso
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento de Toma es la herramienta elegida por el Poder Ejecutivo. “Hacerlo por decreto me parece inoportuno e inconveniente”, sostuvo, al recordar que la Ley 25.520 se aprobó tras un año de trabajo entre oficialismo y oposición y fue votada casi por unanimidad durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
“La ley fue un hito en la historia de la estructura de inteligencia”, afirmó, al mencionar que entonces se desempeñaba como diputado nacional peronista y presidía la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que intervino en la redacción de la norma. Destacó que ese proceso permitió fijar un consenso básico sobre el rol de la inteligencia en democracia.
Para el exfuncionario, la actualización del marco legal es necesaria porque “las amenazas son distintas” y el impacto de las nuevas tecnologías cambió las capacidades de la estructura de inteligencia. Sin embargo, planteó que esa discusión “debería darse en serio en el Congreso” y no a través de un decreto que, según dijo, “está generando debates paralelos” sobre garantías individuales, en lugar de enfocarse en cómo mejorar la protección frente al crimen organizado, el terrorismo, el contrabando de armas o la trata de personas.
Más burocracia y subsistemas difíciles de conducir
Consultado sobre si el texto del decreto avanza en la modernización del sistema, Toma fue tajante: “No. Burocratiza todo”. Sostuvo que la “supuesta reconstrucción del sistema está mal encarada” y la definió como “antifuncional”.
Según su lectura, la norma “dice que le da mayor capacidad y poder a la Secretaría de Inteligencia, pero en la práctica esto no va a ser así”, porque “ha creado una serie de subsistemas de muy difícil conducción”. Advirtió que, mientras las organizaciones criminales se vuelven “cada vez más ágiles”, el Estado debería “quitarle complejidad” a sus estructuras para hacerlas más eficientes, y no lo contrario.
Temor al espionaje interno y polémica por la figura “encubierta”
Otro de los puntos que generó cuestionamientos políticos y sociales es la posibilidad de que las nuevas disposiciones habiliten un uso discrecional de la estructura de inteligencia para espiar a la oposición. Dirigentes opositores advirtieron en las últimas horas sobre ese riesgo, a la luz de la historia reciente de la Argentina en materia de espionaje interno.
Toma sostuvo que existe “una sensibilidad muy grande en la sociedad argentina” porque el país “viene de una época de autoritarismo donde la estructura de inteligencia se convirtió en una estructura de espionaje interno”. En ese marco, señaló que gobiernos de corte autoritario “utilizan los mecanismos de la inteligencia para hacer espionaje interno, como mecanismo de control y de represión social”.
Alcance de las facultades y debate sobre detenciones
Toma recordó que cualquier ciudadano civil puede intervenir para detener a una persona que está cometiendo un delito “en flagrancia”, y que la ley habilita esa conducta.
Sin embargo, consideró “una redundancia que no sirve para nada” explicitar de ese modo esa posibilidad en una norma que regula actividades encubiertas de inteligencia y que, además, otorga esa potestad a oficiales del área.
El enfoque es consistente con las restricciones que establece la Ley 25.520, que prohíbe a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, ejercer funciones policiales o de investigación criminal, salvo requerimiento judicial específico, precisamente para evitar superposiciones y preservar las garantías constitucionales.
Por otra parte, se preguntó cuál era la “necesidad de introducir un tema que genera tanta desconfianza” a través de un decreto y no mediante una ley que se debata en ambas cámaras.
Toma se refirió también a la dimensión operativa del sistema. Estimó que la estructura de inteligencia del Estado ronda “entre 1.000 y 1.200 personas” y aclaró que “la inteligencia no es un problema de cantidad, sino de calidad”.
Para el ex funcionario, la tarea para reconstruir el sistema es muy grande y no se va a lograr simplemente poniendo en un decreto frases muy lindas, pero que en realidad no sirven para nada.
Miguel Ángel Toma, extitular de lo que fuera la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) y exministro del Interior, analizó el decreto del presidente Javier Milei que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional y la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, vigente desde 2001 y considerada la norma marco del área.En diálogo con La Voz en Vivo, el exfuncionario dijo que la idea del Presidente es buena, pero que está mal ejecutada. A su criterio, el decreto “complejiza” la estructura, la vuelve “más burocrática” y, por lo tanto, “ineficiente”, en lugar de agilizar la respuesta estatal frente a amenazas como el crimen organizado o el terrorismo.La Ley 25.520, sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de ese año, estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de proteger los derechos y garantías de los habitantes y someter la actividad de inteligencia al control democrático.Críticas al uso del decreto y reclamo de debate en el CongresoUno de los ejes centrales del cuestionamiento de Toma es la herramienta elegida por el Poder Ejecutivo. “Hacerlo por decreto me parece inoportuno e inconveniente”, sostuvo, al recordar que la Ley 25.520 se aprobó tras un año de trabajo entre oficialismo y oposición y fue votada casi por unanimidad durante el gobierno de Fernando de la Rúa.“La ley fue un hito en la historia de la estructura de inteligencia”, afirmó, al mencionar que entonces se desempeñaba como diputado nacional peronista y presidía la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que intervino en la redacción de la norma. Destacó que ese proceso permitió fijar un consenso básico sobre el rol de la inteligencia en democracia.Para el exfuncionario, la actualización del marco legal es necesaria porque “las amenazas son distintas” y el impacto de las nuevas tecnologías cambió las capacidades de la estructura de inteligencia. Sin embargo, planteó que esa discusión “debería darse en serio en el Congreso” y no a través de un decreto que, según dijo, “está generando debates paralelos” sobre garantías individuales, en lugar de enfocarse en cómo mejorar la protección frente al crimen organizado, el terrorismo, el contrabando de armas o la trata de personas.Más burocracia y subsistemas difíciles de conducirConsultado sobre si el texto del decreto avanza en la modernización del sistema, Toma fue tajante: “No. Burocratiza todo”. Sostuvo que la “supuesta reconstrucción del sistema está mal encarada” y la definió como “antifuncional”.Según su lectura, la norma “dice que le da mayor capacidad y poder a la Secretaría de Inteligencia, pero en la práctica esto no va a ser así”, porque “ha creado una serie de subsistemas de muy difícil conducción”. Advirtió que, mientras las organizaciones criminales se vuelven “cada vez más ágiles”, el Estado debería “quitarle complejidad” a sus estructuras para hacerlas más eficientes, y no lo contrario.Temor al espionaje interno y polémica por la figura “encubierta”Otro de los puntos que generó cuestionamientos políticos y sociales es la posibilidad de que las nuevas disposiciones habiliten un uso discrecional de la estructura de inteligencia para espiar a la oposición. Dirigentes opositores advirtieron en las últimas horas sobre ese riesgo, a la luz de la historia reciente de la Argentina en materia de espionaje interno.Toma sostuvo que existe “una sensibilidad muy grande en la sociedad argentina” porque el país “viene de una época de autoritarismo donde la estructura de inteligencia se convirtió en una estructura de espionaje interno”. En ese marco, señaló que gobiernos de corte autoritario “utilizan los mecanismos de la inteligencia para hacer espionaje interno, como mecanismo de control y de represión social”.Alcance de las facultades y debate sobre detencionesToma recordó que cualquier ciudadano civil puede intervenir para detener a una persona que está cometiendo un delito “en flagrancia”, y que la ley habilita esa conducta.Sin embargo, consideró “una redundancia que no sirve para nada” explicitar de ese modo esa posibilidad en una norma que regula actividades encubiertas de inteligencia y que, además, otorga esa potestad a oficiales del área. El enfoque es consistente con las restricciones que establece la Ley 25.520, que prohíbe a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, ejercer funciones policiales o de investigación criminal, salvo requerimiento judicial específico, precisamente para evitar superposiciones y preservar las garantías constitucionales.Por otra parte, se preguntó cuál era la “necesidad de introducir un tema que genera tanta desconfianza” a través de un decreto y no mediante una ley que se debata en ambas cámaras.Toma se refirió también a la dimensión operativa del sistema. Estimó que la estructura de inteligencia del Estado ronda “entre 1.000 y 1.200 personas” y aclaró que “la inteligencia no es un problema de cantidad, sino de calidad”. Para el ex funcionario, la tarea para reconstruir el sistema es muy grande y no se va a lograr simplemente poniendo en un decreto frases muy lindas, pero que en realidad no sirven para nada.
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