La Voz
El Gobierno nacional oficializó este viernes la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año. Ambas normas habían sido sancionadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
Se trata de dos iniciativas consideradas centrales para la nueva etapa del plan económico impulsado por la administración de Javier Milei, con foco en el equilibrio fiscal, el crecimiento y la formalización de ahorros.
Las principales metas del Presupuesto 2026
El Presupuesto 2026 fija gastos totales por $ 148 billones y proyecta un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Según el texto oficial, la inflación estimada para todo el año será del 10,1%, mientras que el tipo de cambio mayorista alcanzaría los $ 1.423 en diciembre de 2026.
Además, el Gobierno prevé un crecimiento económico del 5% del PBI y una suba de las exportaciones del 10,6% hacia finales del próximo año.
El proyecto establece que la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con una asignación de $ 106,5 billones. Le siguen el pago de la deuda pública, con $ 14,1 billones, y los servicios económicos, que concentrarán $ 11,4 billones.
Gasto público y las prioridades del oficialismo
El Presupuesto incorpora restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional, aunque contempla excepciones para áreas consideradas críticas, como salud, seguridad y defensa.
Entre los principales incrementos presupuestarios, el texto aprobado asigna $ 4,8 billones a las universidades nacionales y prevé aumentos del 5% en jubilaciones, del 17 % en el gasto en salud y del 8% en educación.
Desde el Ejecutivo destacaron que se trata del primer Presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Milei, luego de dos años de prórrogas presupuestarias.
Qué establece la Ley de Inocencia Fiscal
En paralelo, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, también conocida como Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario. La norma busca incentivar el uso de ahorros en dólares que se encuentran fuera del sistema formal, mediante su depósito en entidades bancarias.
El principio central de la ley es que el contribuyente sea considerado cumplidor, salvo que existan pruebas de lo contrario. No obstante, la normativa no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Límites y exclusiones del régimen
La ley permite a los contribuyentes utilizar ahorros por hasta $ 100 millones sin enfrentar sanciones. Sin embargo, quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $ 1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $ 10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es ampliar la base de dinero en circulación formal y fortalecer el sistema financiero, sin afectar los controles vigentes contra el lavado de activos.
Con la promulgación de ambas leyes, el Ejecutivo dio inicio formal al esquema económico previsto para 2026, con metas fiscales y financieras ya definidas y un marco legal que apunta a reforzar la previsibilidad.
El Gobierno nacional oficializó este viernes la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año. Ambas normas habían sido sancionadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.Se trata de dos iniciativas consideradas centrales para la nueva etapa del plan económico impulsado por la administración de Javier Milei, con foco en el equilibrio fiscal, el crecimiento y la formalización de ahorros.Las principales metas del Presupuesto 2026El Presupuesto 2026 fija gastos totales por $ 148 billones y proyecta un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Según el texto oficial, la inflación estimada para todo el año será del 10,1%, mientras que el tipo de cambio mayorista alcanzaría los $ 1.423 en diciembre de 2026.Además, el Gobierno prevé un crecimiento económico del 5% del PBI y una suba de las exportaciones del 10,6% hacia finales del próximo año.El proyecto establece que la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con una asignación de $ 106,5 billones. Le siguen el pago de la deuda pública, con $ 14,1 billones, y los servicios económicos, que concentrarán $ 11,4 billones.Gasto público y las prioridades del oficialismoEl Presupuesto incorpora restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional, aunque contempla excepciones para áreas consideradas críticas, como salud, seguridad y defensa.Entre los principales incrementos presupuestarios, el texto aprobado asigna $ 4,8 billones a las universidades nacionales y prevé aumentos del 5% en jubilaciones, del 17 % en el gasto en salud y del 8% en educación.Desde el Ejecutivo destacaron que se trata del primer Presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Milei, luego de dos años de prórrogas presupuestarias.Qué establece la Ley de Inocencia FiscalEn paralelo, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, también conocida como Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario. La norma busca incentivar el uso de ahorros en dólares que se encuentran fuera del sistema formal, mediante su depósito en entidades bancarias.El principio central de la ley es que el contribuyente sea considerado cumplidor, salvo que existan pruebas de lo contrario. No obstante, la normativa no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).Límites y exclusiones del régimenLa ley permite a los contribuyentes utilizar ahorros por hasta $ 100 millones sin enfrentar sanciones. Sin embargo, quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $ 1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $ 10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es ampliar la base de dinero en circulación formal y fortalecer el sistema financiero, sin afectar los controles vigentes contra el lavado de activos.Con la promulgación de ambas leyes, el Ejecutivo dio inicio formal al esquema económico previsto para 2026, con metas fiscales y financieras ya definidas y un marco legal que apunta a reforzar la previsibilidad.
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