La Voz
La investigación que desde hace años rastrea una trama de abusos sexuales, captación mediante militancia y una presunta estructura sectaria dentro del Senado de la provincia de Buenos Aires alcanzó un punto de inflexión.
La causa de los presuntos abusos sexuales
El pasado lunes 29 de diciembre, fueron detenidos y procesados Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente de la institución.
Bajo la instrucción de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, los imputados fueron trasladados para ser indagados el martes 30 de diciembre, instancia en la que ambos se negaron a declarar asistidos por su defensa.
La causa, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”, expone una dinámica de poder que trasciende lo delictivo para entrar en el terreno de lo institucional, publicó el diario Clarín.
Según la investigación, algunos de los ataques habrían ocurrido en la oficina 7 del propio Senado, una dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo.
La fiscalía sostiene que el mecanismo de sometimiento comenzaba con la captación de jóvenes a través de la militancia política y promesas de inserción laboral en el Estado, que derivaban en contratos con altos ingresos pero bajo la exigencia de devolver parte del salario para tareas militantes.
El perfil de los sospechosos
El perfil de los detenidos agrava el impacto político y simbólico del caso. Silva Muñoz integra la Secretaría de Género de UPCN, mientras que Rodríguez se desempeñó como docente en el colegio de Estudiantes de La Plata, ámbito donde habría captado a una de las víctimas.
Ambos militaron en la agrupación “La Capitana”, espacio en el que participó Giselle Fernández —hermana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— hasta 2021, aunque no existe ninguna responsabilidad penal atribuida a ella en este expediente.
Un componente central de la pesquisa es la existencia de una presunta organización denominada “La Orden de la Luz”, en la que las jóvenes eran incorporadas y cuyos miembros se comunicaban mediante correos electrónicos con lenguaje encriptado.
Para la fiscalía, estos elementos refuerzan la hipótesis de una estructura organizada y no de hechos aislados.
Con cinco víctimas identificadas en denuncias presentadas entre 2014 y 2025, la Justicia analiza ahora la responsabilidad de los organismos de control y el silencio institucional en torno a un entramado que operaba dentro del edificio más emblemático de la política bonaerense.
La investigación que desde hace años rastrea una trama de abusos sexuales, captación mediante militancia y una presunta estructura sectaria dentro del Senado de la provincia de Buenos Aires alcanzó un punto de inflexión. La causa de los presuntos abusos sexualesEl pasado lunes 29 de diciembre, fueron detenidos y procesados Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente de la institución.Bajo la instrucción de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, los imputados fueron trasladados para ser indagados el martes 30 de diciembre, instancia en la que ambos se negaron a declarar asistidos por su defensa.La causa, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”, expone una dinámica de poder que trasciende lo delictivo para entrar en el terreno de lo institucional, publicó el diario Clarín.Según la investigación, algunos de los ataques habrían ocurrido en la oficina 7 del propio Senado, una dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo.La fiscalía sostiene que el mecanismo de sometimiento comenzaba con la captación de jóvenes a través de la militancia política y promesas de inserción laboral en el Estado, que derivaban en contratos con altos ingresos pero bajo la exigencia de devolver parte del salario para tareas militantes.El perfil de los sospechososEl perfil de los detenidos agrava el impacto político y simbólico del caso. Silva Muñoz integra la Secretaría de Género de UPCN, mientras que Rodríguez se desempeñó como docente en el colegio de Estudiantes de La Plata, ámbito donde habría captado a una de las víctimas. Ambos militaron en la agrupación “La Capitana”, espacio en el que participó Giselle Fernández —hermana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— hasta 2021, aunque no existe ninguna responsabilidad penal atribuida a ella en este expediente.Un componente central de la pesquisa es la existencia de una presunta organización denominada “La Orden de la Luz”, en la que las jóvenes eran incorporadas y cuyos miembros se comunicaban mediante correos electrónicos con lenguaje encriptado. Para la fiscalía, estos elementos refuerzan la hipótesis de una estructura organizada y no de hechos aislados. Con cinco víctimas identificadas en denuncias presentadas entre 2014 y 2025, la Justicia analiza ahora la responsabilidad de los organismos de control y el silencio institucional en torno a un entramado que operaba dentro del edificio más emblemático de la política bonaerense.
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