La Voz
Desde las 14 la Leguislatura de Córdoba tratará la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo para el control de las cárceles de Córdoba al que el oficialismo planea dotar de más jerarquía y estructura que a la conducción del Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa.
El proyecto ingresó la semana pasada, tuvo dictámen de comisión ayer y hoy Provincias Unidas planea aprobarlo en breve, sin que ningún funcionario del Ministerio de Justicia explicara la necesidad de crear siete cargos vitalicios de máximo rango salarial que se cubrirán sin concurso y sin más exigencia de un título de abogado.
La tensión es extrema en la Unicameral, pero la preocupación institucional también se extiende.
Acaba de ingresar una nota a la Legistura de Córdoba con rotundos cuestionamientos de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura al proyecto en análisis. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba hizo llegar a los legisladores su “honda preocupación por el proyecto de la legisladora Nadia Fernández, mediante el cual se propicia la creación de la Procuración Penitenciaria en el ámbito del Poder Judicial, cuya conformación justificaría un debate más amplio a cerca de la necesidad de una estructura de semejante envergadura”.
La Asociación de Magistrados señala especial desacuerdo con la creación de cargos vitalicios de la mayor jerarquía sin concurso de oposición y antecedentes, “lo que conspira contra la idoneidad e independencia que deben ostentar quienes sean designados en tal alta función”.
Críticas al diseño funcional
También se expidió sobre el proyecto, con una larga advertencia dirigira la Presidencia de la Legislatura de Córdoba, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El organismo, que viene reiterando señalamientos sobre la situación carcelaria de Córdoba, celebra que la Provincia empiece a fortalecer la protección de las personas privadas de la libertad, pero es muy crítico del diseño institucional que prevé el proyecto de ley que crea la Procuración Penitenciaria.
“Ese diseño previsto presenta importantes inconsistencias respecto de las obligaciones asumidas por la República Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y tampoco se adecua a los lineamientos establecidos por la ley 26.827 ni a las recomendaciones emitidas por este Comité Nacional”, dice la nota, que no deja lugar a dudas en su planteo, al recalcar: “Consideramos que la iniciativa en tratamiento no daría cumplimiento a la obligación internacional del Estado provincial de constituir su Mecanismo Local de Prevención, manteniendo así el incumplimiento señalado reiteradamente por diversos órganos internacionales de derechos humanos y por este mismo Comité”.
El Comité Nacional cuestiona especialmente “la competencia restringida que tiene el organismo propuesto toda vez que se advierte que no se encuentran incluidas las visitas de monitoreo anunciadas ni las entrevistas confidenciales con personas privadas de su libertad, facultades que constituyen el número operativo del modelo preventivo”.
La entidad señala que además de no cumplir con los requerimientos, la Procuración Penitenciaria propuesta por el oficialismo provincial “consolidaría un modelo institucional que, aun pudiendo resultar valioso para otras funciones estatales, no responde a los estándares internacionales que rigen en materia de prevención de la tortura”.
La Comisión Nacional, además, le pide a la Legislatura que considere la elaboración de una normativa “compatible con los estándares internacionales, garantizando independencia, autarquía funcional, participación plural de la sociedad civil y facultades preventivas amplias, máxime contando con numerosos antecedentes parlamentarios en ese sentido”. Esta es una referencia a los proyectos opositores que la Unicameral ignoró hasta el momento.
Desde las 14 la Leguislatura de Córdoba tratará la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo para el control de las cárceles de Córdoba al que el oficialismo planea dotar de más jerarquía y estructura que a la conducción del Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. El proyecto ingresó la semana pasada, tuvo dictámen de comisión ayer y hoy Provincias Unidas planea aprobarlo en breve, sin que ningún funcionario del Ministerio de Justicia explicara la necesidad de crear siete cargos vitalicios de máximo rango salarial que se cubrirán sin concurso y sin más exigencia de un título de abogado. La tensión es extrema en la Unicameral, pero la preocupación institucional también se extiende. Acaba de ingresar una nota a la Legistura de Córdoba con rotundos cuestionamientos de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura al proyecto en análisis. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba hizo llegar a los legisladores su “honda preocupación por el proyecto de la legisladora Nadia Fernández, mediante el cual se propicia la creación de la Procuración Penitenciaria en el ámbito del Poder Judicial, cuya conformación justificaría un debate más amplio a cerca de la necesidad de una estructura de semejante envergadura”. La Asociación de Magistrados señala especial desacuerdo con la creación de cargos vitalicios de la mayor jerarquía sin concurso de oposición y antecedentes, “lo que conspira contra la idoneidad e independencia que deben ostentar quienes sean designados en tal alta función”.Críticas al diseño funcionalTambién se expidió sobre el proyecto, con una larga advertencia dirigira la Presidencia de la Legislatura de Córdoba, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El organismo, que viene reiterando señalamientos sobre la situación carcelaria de Córdoba, celebra que la Provincia empiece a fortalecer la protección de las personas privadas de la libertad, pero es muy crítico del diseño institucional que prevé el proyecto de ley que crea la Procuración Penitenciaria. “Ese diseño previsto presenta importantes inconsistencias respecto de las obligaciones asumidas por la República Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y tampoco se adecua a los lineamientos establecidos por la ley 26.827 ni a las recomendaciones emitidas por este Comité Nacional”, dice la nota, que no deja lugar a dudas en su planteo, al recalcar: “Consideramos que la iniciativa en tratamiento no daría cumplimiento a la obligación internacional del Estado provincial de constituir su Mecanismo Local de Prevención, manteniendo así el incumplimiento señalado reiteradamente por diversos órganos internacionales de derechos humanos y por este mismo Comité”.El Comité Nacional cuestiona especialmente “la competencia restringida que tiene el organismo propuesto toda vez que se advierte que no se encuentran incluidas las visitas de monitoreo anunciadas ni las entrevistas confidenciales con personas privadas de su libertad, facultades que constituyen el número operativo del modelo preventivo”. La entidad señala que además de no cumplir con los requerimientos, la Procuración Penitenciaria propuesta por el oficialismo provincial “consolidaría un modelo institucional que, aun pudiendo resultar valioso para otras funciones estatales, no responde a los estándares internacionales que rigen en materia de prevención de la tortura”. La Comisión Nacional, además, le pide a la Legislatura que considere la elaboración de una normativa “compatible con los estándares internacionales, garantizando independencia, autarquía funcional, participación plural de la sociedad civil y facultades preventivas amplias, máxime contando con numerosos antecedentes parlamentarios en ese sentido”. Esta es una referencia a los proyectos opositores que la Unicameral ignoró hasta el momento.
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