La Cámara de Diputados dio a conocer el informe final de la Comisión Especial que desde septiembre sigue la causa por la producción y distribución de fentanilo contaminado. La Justicia vincula al caso con la muerte de, al menos, 124 personas en distintas provincias del país.
El documento cuestiona el accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (Anmat) y advierte sobre fallas en los mecanismos de control estatal.
También subraya que el ministro de Salud, Mario Lugones, no asistió a las citaciones de los legisladores.
Más detalles del informe
El documento describe los hechos desde el inicio de la investigación: las alertas sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, la detección de contaminación bacteriana en más de 300 mil ampollas de fentanilo y las muertes ocurridas entre abril y julio, incluidas víctimas en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Formosa.
Los diputados remarcan que, aunque la Anmat había emitido advertencias reiteradas a las empresas desde años previos, recién en febrero se dispuso la inhabilitación, y sin recuperar los lotes del mercado.
El informe también deja constancia de que ni la Anmat, ni el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), ni autoridades sanitarias de Formosa respondieron formalmente a las convocatorias.
Señalamientos y datos clave del expediente judicial
La causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, ya suma 31 cuerpos con más de 6.200 fojas. Entre los imputados aparece el dueño de HLB, Ariel García Furfaro, señalado por múltiples irregularidades en la producción de inyectables.
Los investigadores determinaron que la contaminación con bacterias multirresistentes -entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii– provocó cuadros respiratorios severos en pacientes internados y en personas que recibieron el fentanilo como sedante previo a cirugías.
Familiares de las víctimas participaron de cada reunión de la comisión y, tras conocerse el informe, expresaron su disconformidad y reclamaron la renuncia del ministro Lugones ante Clarín. “Somos víctimas del fentanilo adulterado y de un Estado ausente”, señalaron.
La Cámara de Diputados dio a conocer el informe final de la Comisión Especial que desde septiembre sigue la causa por la producción y distribución de fentanilo contaminado. La Justicia vincula al caso con la muerte de, al menos, 124 personas en distintas provincias del país.El documento cuestiona el accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (Anmat) y advierte sobre fallas en los mecanismos de control estatal. También subraya que el ministro de Salud, Mario Lugones, no asistió a las citaciones de los legisladores.Más detalles del informeEl documento describe los hechos desde el inicio de la investigación: las alertas sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, la detección de contaminación bacteriana en más de 300 mil ampollas de fentanilo y las muertes ocurridas entre abril y julio, incluidas víctimas en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Formosa.Los diputados remarcan que, aunque la Anmat había emitido advertencias reiteradas a las empresas desde años previos, recién en febrero se dispuso la inhabilitación, y sin recuperar los lotes del mercado.El informe también deja constancia de que ni la Anmat, ni el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), ni autoridades sanitarias de Formosa respondieron formalmente a las convocatorias.Señalamientos y datos clave del expediente judicialLa causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, ya suma 31 cuerpos con más de 6.200 fojas. Entre los imputados aparece el dueño de HLB, Ariel García Furfaro, señalado por múltiples irregularidades en la producción de inyectables.Los investigadores determinaron que la contaminación con bacterias multirresistentes -entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii- provocó cuadros respiratorios severos en pacientes internados y en personas que recibieron el fentanilo como sedante previo a cirugías.Familiares de las víctimas participaron de cada reunión de la comisión y, tras conocerse el informe, expresaron su disconformidad y reclamaron la renuncia del ministro Lugones ante Clarín. “Somos víctimas del fentanilo adulterado y de un Estado ausente”, señalaron. La Voz
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