¿Por qué el Estado le teme al amor?: el caso Rancul y la urgencia de humanizar la ley.

Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani presentaron un petitorio con 6 mil firmas.

La cautelar que frenó el traslado del bebé de Rancul expone la histórica y absurda tensión entre el frío reglamento de adopciones y la realidad de la crianza. Los fantasmas de los casos Biocca y Samuel vuelven a agitar una pregunta que la política se niega a responder: ¿Qué argumento real y humano justifica prohibirle la adopción a una familia que ya demostró saber cuidar, proteger y amar a un niño?

Pocas postales resultan tan desgarradoras para la comunidad como la de un organismo estatal retirando a un bebé del único hogar que conoció para depositarlo en un dispositivo institucional. En el llano, la lógica es implacable: si una pareja cuidó, amó y protegió a un niño en sus meses más vulnerables, ¿con qué derecho la burocracia desata ese nudo? Detrás de los códigos y la papelería se esconde una ceguera de escritorio que asusta: pareciera que para el Estado vale más el rigor del cumplimiento ciego de un protocolo que el amparo real que ese nene recibe todos los días.

La decisión de la jueza Paola Loscertales de otorgar una medida cautelar para que el bebé de seis meses continúe, por ahora, en el hogar de Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani en Rancul, trajo un alivio inmediato a la familia y a una localidad movilizada. Sin embargo, lo que se debate excede las fronteras de esa comuna. Es la reapertura de un dilema ético, social y jurídico que nuestra provincia arrastra desde hace más de veinte años: la colisión frontal entre la rigidez del sistema de adopción y la irreversible realidad de los afectos construidos en la convivencia cotidiana.

De Biocca a Samuel

La historia de La Pampa demuestra que los laberintos judiciales suelen dar vueltas tan dolorosas como inesperadas. Para entender el presente y dimensionar la urgencia de un cambio de paradigma, es obligatorio mirar dos décadas hacia atrás.

En 2005, el «caso Gabriel» conmovió a la localidad de Parera. El niño había sido criado durante sus primeros cuatro años por Juan Biocca y Nelly Becerra bajo la figura de familia sustituta. Cuando la Justicia ordenó entregarlo a una pareja del registro de adopción, la comunidad se rebeló con marchas y una resistencia civil inédita. En el medio de la desgastante batalla legal, Juan Biocca falleció sin ver el final de la historia. Aquella primera decisión judicial terminó desmoronándose ante la prepotencia de la realidad: en 2007, la Justicia pampeana debió capitular y terminó otorgando la adopción plena a la viuda de Biocca, sentando un precedente imborrable sobre la legitimidad del lazo afectivo.

Mucho más cerca en el tiempo se ubica el caso de Samuel, criado en General Pico por Fiamma Martino y Darío Alomar. A diferencia de lo ocurrido esta semana en Rancul, en aquel expediente la jueza de Familia Ana Clara Pérez Ballester rechazó la cautelar y ordenó la traumática separación del niño de sus cuidadores temporales. En sus fundamentos, la magistrada usó una metáfora tan bella como rígida: definió a las familias de contención como un «puente de amor», un espacio de tránsito que debe acompañar al menor hacia su destino definitivo sin pretender apropiarse de él, advirtiendo que convalidar la adopción directa significaría «arrasar el sistema legal». Tras casi tres años de un doloroso limbo y disputas que desgastaron la vida de todos los involucrados, la propia Justicia debió dar marcha atrás y le concedió la adopción de Samuel a la misma pareja que lo había criado. ¿Hacía falta someter a un niño a semejante desarraigo para terminar en el mismo lugar de inicio?

El dogma oficial

Desde la perspectiva de la Dirección General de Niñez, a cargo de Juan Pablo Bonino, la postura sigue siendo de una estricta defensa institucional: si cada familia de contención puede judicializar su situación para quedarse con un niño o una niña, el registro de adoptantes -donde hoy esperan con paciencia unas 15 familias pampeanas que cumplieron todos los pasos legales- se convierte en una vía muerta.

A este planteo se sumó recientemente la voz de Marisa Graham, ex Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, quien aportó un argumento de peso técnico: convalidar la adopción por la vía del acogimiento crearía una «colectora» que generaría una profunda inequidad con las familias que llevan años inscriptas en el Registro Único de Aspirantes (RUA). Graham fue incluso más allá al advertir sobre la fascinación por los bebés -afirmando que «los niños chiquitos suelen ser más apetecibles y a veces se los trata más como objetos que como sujetos»- y llegó a proponer una alternativa que enciende alarmas: que no vayan a familias de contención, sino a instituciones estatales con equipos multidisciplinarios hasta que se defina su situación legal.

La paradoja que abre la mirada de la exdefensora es estremecedora. ¿En verdad la solución a la falla del sistema es devolver a los recién nacidos a la frialdad de una institución pública para evitar que «se enamoren» de una familia? La postura de Graham desnuda hasta qué punto el dogmatismo reglamentario está dispuesto a priorizar la «armonía del registro» por encima del interés superior del niño. Se pretende tratar la efectividad del amor temprano como un vicio de procedimiento, cuando para ese bebé de seis meses no hay abstracción teórica que valga: su único mundo, su seguridad y su concepto de familia son las personas que lo sostienen en brazos todas las noches.

Mutis por el foro

Conviene ser justos: el problema de fondo no es la gestión del Estado provincial, que se ve obligado a ejecutar las normas vigentes, sino el origen y la concepción de una ley de carácter nacional redactada con una frialdad metropolitana que ignora la realidad humana de las provincias. El Código Civil de la Nación impone un molde de hierro que asfixia el sentido común. Pero frente a esa rigidez, la pregunta sigue vigente: ¿por qué el sistema legal no puede prever una vía de excepción, debidamente auditada y extraordinaria, para aquellos casos donde el vínculo ya es una realidad biográfica para el niño?

Muestra de la urgencia social es que esta semana la pareja de Rancul recorrió la Cámara de Diputados de la provincia para entregar un petitorio avalado por 6.000 firmas vecinas. La llave para destrabar este sinsentido no está en la Legislatura provincial ni en los juzgados de Santa Rosa o General Pico, sino en el Congreso de la Nación.

Es de estricta incumbencia de los legisladores nacionales -y especialmente de aquellos que representan a La Pampa- dar esta discusión urgente. Sin embargo, es allí donde el silencio político se vuelve ensordecedor. Nuestros senadores y diputados nacionales, sin distinción de color político, se muestran siempre listos para opinar en cualquier debate ruidoso de la agenda porteña o para redactar proyectos de declaración de nulo impacto real. Pero mantienen un sugestivo, cómodo y disciplinado silencio de radio frente a esta problemática estructural que desgarra la vida de las familias pampeanas que los votaron.

Si una familia es avalada por el propio Estado para criar a un nene en su etapa más crítica, ganándose su amor y dándole un hogar, el impedimento para que se conviertan en sus padres definitivos deja de ser una defensa de una norma y pasa a ser un capricho administrativo. Es hora de que los legisladores nacionales por La Pampa dejen de mirar al costado, rompan su mudez y asuman la responsabilidad de impulsar la reforma de esta ley para que sea más humana, flexible y realista.

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