“Si les tengo que pedir algo a los jueces que todavía deben intervenir, es que no lo vuelvan a abandonar”, dice Alejandra Gabriela Mir. Habla despacio, pero no duda. Por momentos, las lágrimas le caen mientras reconstruye los últimos casi cinco años de su vida. Habla de César Gustavo Fernández, su pareja, pero también habla por él: desde el 24 de noviembre de 2021, cuando sufrió un infarto durante su jornada laboral en una fábrica de componentes plásticos de La Plata, quedó con severas secuelas motrices y neurológicas y ya no puede contar por sí mismo lo que le ocurrió.

Fernández tenía 49 años cuando se descompensó dentro de la planta de Albano Cozzuol S.A., donde trabajaba desde 2009. Hoy tiene 54, se moviliza en silla de ruedas y depende de la asistencia permanente de otras personas. Según determinó el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata, la respuesta que recibió dentro de la empresa incidió en la magnitud del daño: la enfermería estaba cerrada, no había un profesional que pudiera evaluarlo y, pese a que pidió una ambulancia, fue trasladado en un remís.

Por esas circunstancias, la Justicia bonaerense condenó a Federación Patronal Seguros, la aseguradora de riesgos del trabajo, a pagarle una indemnización de $351 millones y a garantizarle asistencia médica de por vida. La sentencia fue recurrida y permanece en etapa de revisión judicial.

La discusión del expediente no estuvo centrada exclusivamente en determinar si las tareas que realizaba Fernández habían provocado su enfermedad coronaria. El eje fue otro: qué ocurrió desde que el trabajador advirtió que estaba atravesando una emergencia, quiénes tenían la obligación de asistirlo y en qué medida la demora y las condiciones del traslado agravaron sus consecuencias.

Aquel miércoles, Fernández había ingresado a la fábrica para cumplir su horario habitual, de 6 a 14. Durante la jornada, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y sudoración en las manos. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, comprendió la gravedad de los síntomas, pidió ayuda y solicitó que llamaran a una ambulancia.

La enfermería del establecimiento estaba cerrada porque el enfermero se encontraba de vacaciones y no había sido reemplazado. En lugar de activar un servicio de emergencias médicas, la empresa dispuso que Fernández fuera trasladado en un remís, acompañado por otro trabajador y sin personal sanitario, oxígeno, desfibrilador ni elementos para estabilizarlo en caso de que sufriera una descompensación durante el recorrido.

Tampoco fue llevado al centro asistencial más cercano, sino al Sanatorio Argentino, que, según explicó su familia, era el establecimiento que trabajaba con la ART. Transcurrieron aproximadamente diez minutos entre el paro y su llegada al sanatorio. Sin embargo, durante el traslado sufrió una severa falta de oxígeno. Cuando llegó, su estado ya era crítico.

Matías Martínez, abogado de Fernández, sostuvo en diálogo con LA NACION que las circunstancias laborales y la respuesta deficiente de la empresa fueron determinantes en la magnitud del daño.

Este diario consultó en reiteradas ocasiones al estudio que defiende a la Federación Patronal, pero no obtuvo respuestas. De acuerdo con lo que los abogados defensores contestaron previamente en diálogo con otros medios, la empresa considera desmedida la indemnización y afirma que la decisión de enviar a Fernández en remís hacia el centro médico se debe a que la situación no parecía una emergencia, razón por la que, a su vez, nadie recurrió al desfibrilador que había en la fábrica.

“La empresa no necesitaba tener la certeza médica de que se trataba de un infarto. Precisamente porque no contaba con esa certeza, debía llamar a una ambulancia para que profesionales capacitados evaluaran al trabajador”, afirmó Martínez. Para el abogado, un remís no podía reemplazar a una unidad de emergencias porque no tenía médico, desfibrilador, oxígeno ni equipamiento para asistirlo durante el trayecto.

El día del infarto

Ese 24 de noviembre, Alejandra se despertó a las 8 de la mañana con un llamado de un empleado de la fábrica. Le dijo que César se había desmayado y que había sido trasladado al Sanatorio Argentino. Ella se levantó, se vistió y salió hacia el centro médico sin conocer la gravedad de la situación.

La información apareció de manera fragmentada. Primero le dijeron que se había desmayado. Después supo que había sufrido un infarto. Más tarde se enteró de que el traslado se había realizado en un remís y de que habían transcurrido aproximadamente diez minutos entre el paro y su llegada al sanatorio.

Un médico le explicó que Fernández tenía una arteria obstruida y que debían colocarle un stent. Alejandra pensó entonces que, con una atención inmediata, reanimación cardiopulmonar y una ambulancia equipada, el desenlace podía ser bueno. Conocía a personas que tenían un stent y llevaban una vida normal. El problema, entendió con el paso de las horas, no había terminado en el corazón: la falta de oxígeno le había causado daño neurológico.

Mientras los médicos intentaban estabilizarlo, tuvo que comunicarles lo ocurrido a Camila y Lucas, los hijos de César, que entonces tenían 15 y 16 años. Fernández se había hecho cargo de ellos desde que eran muy pequeños. Según contó Alejandra, la madre había cedido la tutela en 2008 y, desde entonces, él había organizado su vida alrededor de la crianza. “Siempre fue como una gallina con sus pollitos. Fue un excelente papá, a todo terreno. Sus hijos siempre fueron su prioridad”, cuenta en diálogo con LA NACION. Además de desempeñarse como operario de máquinas en la fábrica, Fernández hacía trabajos de herrería.

Cuando Alejandra les preguntó a Camila y Lucas qué querían hacer, ambos respondieron que se irían a vivir con ella. Ese mismo día, llamó a una amiga abogada para iniciar el trámite de guarda legal. “No fue algo pensado, fue automático. Van a cumplirse cinco años y lo sigo pensando: vuelvo a elegir quedarme con él y con los chicos”, afirma.

En las horas posteriores al infarto, Alejandra también comenzó a reconstruir lo sucedido dentro de la fábrica. En una de las primeras llamadas que recibió desde la empresa, preguntó si entendían por qué César estaba en ese estado. También la contactaron para consultarle si necesitaba cobrar parte del sueldo y para saber si los hijos del trabajador se encontraban con ella.

Alejandra asegura que, en una comunicación, le argumentaron que una ambulancia también podría haberse demorado y que Fernández podría haber muerto dentro del establecimiento. Ella, asegura, les respondió: “Si llamaban a una ambulancia y, a pesar de hacer las cosas bien, el resultado era el mismo, se terminaba ahí. No había mucha más vuelta. Pero tenían que hacer lo que correspondía”, sostiene.

Meses en coma y un estado de salud fragil

Fernández permaneció seis meses en coma. Durante la primera etapa estuvo internado en el área coronaria, conectado a un respirador. Las visitas se limitaban a media hora por día. Alejandra, todavía convaleciente de su propia operación, comenzó a buscar especialistas para complementar la atención que recibía.

Tras despertar, una resolución judicial permitió trasladarlo a Dinatos, un centro de rehabilitación ubicado en Gonnet. Allí permaneció internado durante nueve meses más. Era el período posterior a las restricciones más severas de la pandemia y cada visita de sus hijos requería una autorización especial.

El despertar no fue repentino. “Todo ocurrió muy de a poquito. Que abriera los ojos nos daba una alegría inmensa, pero vos te dabas cuenta de que estaba ausente”, relata. En noviembre de 2022 recibió el alta y comenzó la internación domiciliaria. Para entonces, Alejandra ya había solicitado un préstamo y adaptado su casa. Construyó una habitación adicional para que cada uno de los chicos tuviera su espacio, modificó el baño, ensanchó puertas y preparó una habitación en la planta baja para recibir a Fernández.

La cama matrimonial fue elevada para permitir el ingreso de un dispositivo hidráulico con el que lo levantan y lo colocan en la silla de ruedas. “Yo duermo con él y lo controlo. Intento que tenga una vida de familia”, cuenta.

Cada día recibe la visita de enfermeros, cuidadores, kinesiólogos, una fonoaudióloga, una terapista ocupacional y una médica clínica. Fernández se alimenta principalmente a través de un botón gástrico. Tiene una bomba de baclofeno implantada en el abdomen, que envía medicación directamente hacia la médula para disminuir la espasticidad muscular. También duerme con un equipo CPAP porque, según explicó Alejandra, puede sufrir más de 70 apneas por hora.

La rutina de la casa comienza a las 5. A esa hora, Alejandra le administra la medicación e inicia la primera alimentación del día mediante una bomba que funciona durante una hora y media. Cuando termina, la máquina emite un sonido y ella vuelve a despertarse para conectarle agua y mantenerlo hidratado. El proceso finaliza cerca de las 8. “Yo ya no necesito despertador. Me despierta el ‘pip’ de la máquina”, dice.

El grado de conexión de Fernández varía según el día. En ocasiones reconoce a sus hijos; otras veces no puede nombrarlos o necesita que le expliquen quiénes son. Alejandra asegura que todos aprendieron a convivir con esa realidad sin convertir cada olvido en una tragedia.

“Si está muy conectado, puede decir ‘Lucas’, pero quizás ocurre una vez de cada diez. A veces le digo: ‘Ese es Lucas, tu hijo’. También trato de hacer un chiste para sacarle dramatismo. Les enseñé a los chicos que no tienen que vivir con angustia”, explica.

Hay respuestas, sin embargo, en las que la familia vuelve a encontrar al hombre que conocía. Algunos días Fernández olvida que no puede caminar e intenta bajarse de la silla de ruedas. Alejandra le explica entonces que sufrió un accidente y que todavía debe permanecer sentado. Cuando él pregunta qué le ocurrió, ella se lo cuenta. En ocasiones responde que “zafó de pedo”. “Esa es su personalidad. Su esencia no la perdió. En algunas respuestas está César”, dice.

Alejandra aprendió a cambiarle los pañales, afeitarlo, lavarle los dientes, cortarle el pelo y asistirlo durante las crisis respiratorias. La primera vez que tuvo que cambiarlo después del alta, se sentó en el piso y lloró. No sabía cómo moverlo ni cómo realizar una tarea para la que existen técnicas específicas.

La última internación fue en 2024, debido a una neumonía. Desde entonces, la familia intenta atender las crisis en la casa, que cuenta con un tubo de oxígeno y otros elementos médicos.

La indemnización

La indemnización ordenada por el tribunal abrió para la familia la posibilidad de mejorar las condiciones de atención. Alejandra aclara que el dinero no puede revertir las lesiones ni devolverle a César su autonomía, pero podría permitirles comprar una casa con espacios adaptados, un vehículo en el que pueda ingresar la silla de ruedas y equipos de rehabilitación que hoy son inaccesibles.

“La indemnización es alta porque él depende al 100% de una persona. Necesita atención las 24 horas, medicación, pañales, tratamientos, controles para que no se lastime la piel y personas que lo asistan”, explica.

Uno de los equipos que podría ayudarlo es un bipedestador eléctrico, utilizado para colocarlo de pie y fortalecer los cuádriceps. “¿Puede mejorar su calidad de vida? Sí. Pero muchas veces no tenemos el espacio o el dinero para comprar lo que necesita”, afirma. La expectativa es que una futura vivienda tenga una habitación de rehabilitación, con un arnés en el techo y barras que permitan pararlo y ejercitarlo.

Para Martínez, el fallo constituye un precedente porque reconoce que un episodio puede ser considerado un accidente laboral aunque el trabajo no haya provocado originalmente la enfermedad coronaria. “El daño puede ser laboral cuando las condiciones de tiempo, lugar y organización del trabajo agravan sus consecuencias. César estaba dentro del establecimiento. Dependía de las decisiones empresariales para recibir asistencia”, explicó.

“No se trató de una conclusión basada en una sola prueba aislada. Fue la coincidencia entre los testimonios, la documentación, la cronología objetiva y las conclusiones médicas lo que permitió demostrar que la omisión empresarial no fue un dato secundario: incidió concretamente en el resultado final”, sostuvo Martínez.

Alejandra aseguró que la ART todavía no había sido notificada del episodio cuando ella se comunicó con la aseguradora, en febrero de 2022, tres meses después del infarto. Hasta entonces, distintos abogados le habían explicado que el cuadro coronario sería difícil de encuadrar como un accidente laboral. Finalmente llegó al estudio de Martínez.

La sentencia fue recurrida por la parte demandada, que cuestionó tanto la calificación del episodio como accidente laboral como la relación entre la demora asistencial y las secuelas. La defensa de Fernández deberá ahora sostener el fallo ante la instancia revisora.

“No quiero vivir en el lugar de víctima. Somos una familia y tenemos que salir adelante. Pero acá hubo una desatención, hubo desidia. Si alguien sabía hacer RCP, si llamaban a una ambulancia o si cumplían con lo básico, quizás la situación era otra”, sostiene Alejandra. “Me dio esperanza de que apareciera un juez que leyera, que estudiara cómo habían sido las cosas y entendiera que detrás había un trabajador desatendido”, concluye.

​El trabajador quedó con graves secuelas neurológicas y motrices; el fallo responsabilizó a la ART por la demora y la falta de atención adecuada  

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