El médico de cabecera es clave en el esquema de la obra social.

Los médicos de cabecera de la provincia se sumaron al paro nacional tras el recorte del 50% en sus honorarios dispuesto por el PAMI. Denuncian que la nueva resolución vuelve «inviable» la atención y afecta directamente a los jubilados.

Los médicos de cabecera se sumaron a una medida de fuerza nacional de tres días. Dejarán de atender esperando que la obra social nacional derogue la resolución 1107 que redujo en un 50% lo que reciben por cada jubilado asignado. Ahora cobrarán entre 2.100 y 2.300 pesos.

Moises (delegado de los médicos de cabecera de PAMI en la provincia) explicó -en una entrevista con El Diario- que esta medida se produce en un contexto de ajuste de las prestaciones: menos medicamentos sin cobertura al 100%, el retraso de las jubilaciones mínimas (que cobra la mayoría, en un sistema que se transformó en inviable por la cantidad de jubilaciones otorgadas sin aportes).

«Con este castigo a los médicos de cabecera se golpea a los jubilados», aseguró Moisés. «El sistema no es viable con este monto paupérrimo que se recibe por cada paciente», remarcó.

El médico de cabecera es clave en el esquema de la obra social. Brinda la atención de medicina general, administra los medicamentos, el que pide los estudios y realiza las derivaciones a los especialistas. 

«Es el pilar de la atención el médico de cabecera», explicó Moisés. 

Otro factor de confrontación es que en la actualidad no le están pagando los gastos de consultorios. El PAMI le exige a los médicos de cabecera el uso de recursos informáticos y la prestación a través de una plataforma, que requiere una inversión y gastos que no son reconocidos. 

La resolución que cuestionan los prestadores ya está vigente. Fue emitida el 9 de abril, pero retroactiva al 1° de abril. 

«Este es un ajuste que no le hacen a la industria farmacéutica ni a las petroleras ni a las mineras. Por eso se inicia esta medida de fuerza», dijo el médico pampeano.          

Por el impacto de las medidas, creen que muchos profesionales dejarán de atender con el sistema de médico de cabecera.

La resolución del conflicto

El origen del conflicto es la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). La norma introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional de los médicos de cabecera, con tres ejes centrales: la unificación y actualización del nomenclador, el incremento del valor de la cápita a partir de abril de 2026, y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado. Además, la resolución avanza en un proceso de simplificación administrativa que incorpora dentro de la cápita prácticas que antes se remuneraban por prestación en forma separada.

La propia resolución reconoce en sus considerandos que el sistema previo combinaba pago capitado con pago por prestaciones médicas realizadas. Sin embargo, los profesionales sostienen que el nuevo modelo elimina en la práctica los componentes variables del ingreso, dejando la remuneración casi exclusivamente atada al valor de la cápita.

Un punto que los médicos cuestionan desde el plano jurídico es que la resolución ratifica la continuidad de los contratos vigentes pero modifica las condiciones económicas sin haber mediado renegociación previa, lo que abre la puerta a eventuales conflictos legales.

Números que preocupan

Según estimaciones difundidas por delegados y asociaciones médicas, ingresos que rondaban los $3.800.000 mensuales podrían caer a un rango de entre $1.200.000 y $1.600.000, lo que representa una reducción superior al 50% de la facturación.

El escenario se agrava al considerar que los médicos trabajan bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales y deben afrontar por cuenta propia la totalidad de los costos del consultorio: alquiler, personal administrativo, servicios, insumos, conectividad, mantenimiento y cargas impositivas. En muchos casos, advierten, el ejercicio profesional podría volverse económicamente inviable.

A esto se suma la definición de coseguros para los afiliados, es decir, un copago que deberán abonar los jubilados y pensionados por determinadas prestaciones, un punto que generó rechazo tanto en el sector médico como en organizaciones de adultos mayores.

eldiariodelapampa.

About The Author