La Voz
El Gobierno nacional confirmó este viernes que presentó una denuncia penal bajo la carátula de terrorismo contra las personas involucradas en los graves incidentes registrados frente al Congreso de la Nación.
La información fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X (antes Twitter). “Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, comenzó el funcionario.
“El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga”, cerró.
La decisión surgió tras los enfrentamientos ocurridos mientras se debatía la reforma laboral, hechos que el Ejecutivo calificó como un intento organizado de desestabilización institucional.
Poco antes, la información había sido adelantada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien detalló que la presentación judicial se realizaría en el fuero federal. Según la funcionaria, la violencia desplegada excedió el marco de una protesta social y encuadra en la figura de terrorismo prevista en la legislación argentina.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, había sentenciado Monteoliva, marcando un endurecimiento en la estrategia legal del oficialismo frente a la conflictividad callejera.
Un cambio de enfoque penal
La presentación del Gobierno invoca la Ley Antiterrorista (N° 26.734), normativa que establece penas agravadas para los delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a adoptar determinadas medidas.
Esta calificación jurídica implica un cambio drástico respecto a cómo se juzgan habitualmente estos episodios, que suelen tipificarse como daños simples o atentado y resistencia a la autoridad.
La ministra argumentó que los agresores portaban “bidones de nafta, bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera y palos de bandera convertidos en lanzapalos”. Para el Ejecutivo, estos elementos demuestran una premeditación incompatible con una manifestación pacífica.
Tecnología de reconocimiento y perfiles
En el marco de la investigación, que está a cargo de la Unidad de Flagrancia Este y la fiscal Malena Mercuriali, las fuerzas de seguridad ya han logrado individualizar a más de una decena de implicados. “Ya vamos más de diecisiete identificados y seguimos identificando”, precisó Monteoliva.
Para lograr estas identificaciones, el Ministerio de Seguridad utilizó sistemas avanzados de reconocimiento facial, como el software “Luna”, que permite cotejar rostros con bases de datos policiales, y el sistema “Jessie”, destinado al análisis de antecedentes y registros biométricos.
El análisis de las cámaras de seguridad de la Ciudad, las fuerzas federales y las transmisiones de los medios de comunicación permitió trazar un perfil heterogéneo de los agresores. Según los datos oficiales, hay personas de entre 20 y más de 60 años, provenientes mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires, aunque también se detectaron individuos de CABA, Tucumán y Salta.
Si bien no todos los identificados poseen antecedentes penales, la ministra advirtió que existen casos con un “historial delictivo extenso”. Además, se investiga la posible vinculación de estos grupos con barras bravas y organizaciones de izquierda combativa o anarquistas.
Defensa del operativo y los protocolos
Ante las críticas por el accionar policial y la duración de los enfrentamientos, Monteoliva defendió la actuación de los uniformados y aseguró que se cumplieron estrictamente los protocolos vigentes para minimizar daños mayores.
La funcionaria explicó que la prioridad inicial fue dispersar los focos de conflicto utilizando agua y gases, evitando el cuerpo a cuerpo inmediato. “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov”, argumentó, subrayando el riesgo que implicaba para la integridad física de los efectivos.
Asimismo, desestimó los cuestionamientos sobre la supuesta pasividad en el cuidado del vallado perimetral. “Cada valla pesa 100 kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”, graficó.
El saldo oficial de la jornada arrojó un total de más de 70 detenidos. En cuanto a los heridos, se reportaron siete efectivos golpeados y civiles con lesiones que no revistieron gravedad.
Rechazo a las versiones de infiltrados
Durante las horas posteriores a los incidentes, circularon en redes sociales diversas teorías que sugerían la presencia de policías infiltrados instigando la violencia. La ministra rechazó de plano estas versiones, calificándolas de “disparate” y “una locura”.
“Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan”, afirmó Monteoliva, quien enfatizó que todo el accionar de las fuerzas está documentado y judicializado. “Lo único que faltaría sería que en cualquier momento digan que era yo la que estaba con la gomera”, ironizó para cerrar la polémica.
La denuncia federal por terrorismo buscará sentar un precedente en materia de orden público, mientras el Congreso continúa con su agenda legislativa tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado y el reciente avance del Régimen Penal Juvenil en Diputados.
El Gobierno nacional confirmó este viernes que presentó una denuncia penal bajo la carátula de terrorismo contra las personas involucradas en los graves incidentes registrados frente al Congreso de la Nación. La información fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X (antes Twitter). “Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, comenzó el funcionario.“El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga”, cerró.La decisión surgió tras los enfrentamientos ocurridos mientras se debatía la reforma laboral, hechos que el Ejecutivo calificó como un intento organizado de desestabilización institucional.Poco antes, la información había sido adelantada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien detalló que la presentación judicial se realizaría en el fuero federal. Según la funcionaria, la violencia desplegada excedió el marco de una protesta social y encuadra en la figura de terrorismo prevista en la legislación argentina.“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, había sentenciado Monteoliva, marcando un endurecimiento en la estrategia legal del oficialismo frente a la conflictividad callejera.Un cambio de enfoque penalLa presentación del Gobierno invoca la Ley Antiterrorista (N° 26.734), normativa que establece penas agravadas para los delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a adoptar determinadas medidas.Esta calificación jurídica implica un cambio drástico respecto a cómo se juzgan habitualmente estos episodios, que suelen tipificarse como daños simples o atentado y resistencia a la autoridad.La ministra argumentó que los agresores portaban “bidones de nafta, bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera y palos de bandera convertidos en lanzapalos”. Para el Ejecutivo, estos elementos demuestran una premeditación incompatible con una manifestación pacífica.Tecnología de reconocimiento y perfilesEn el marco de la investigación, que está a cargo de la Unidad de Flagrancia Este y la fiscal Malena Mercuriali, las fuerzas de seguridad ya han logrado individualizar a más de una decena de implicados. “Ya vamos más de diecisiete identificados y seguimos identificando”, precisó Monteoliva.Para lograr estas identificaciones, el Ministerio de Seguridad utilizó sistemas avanzados de reconocimiento facial, como el software “Luna”, que permite cotejar rostros con bases de datos policiales, y el sistema “Jessie”, destinado al análisis de antecedentes y registros biométricos.El análisis de las cámaras de seguridad de la Ciudad, las fuerzas federales y las transmisiones de los medios de comunicación permitió trazar un perfil heterogéneo de los agresores. Según los datos oficiales, hay personas de entre 20 y más de 60 años, provenientes mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires, aunque también se detectaron individuos de CABA, Tucumán y Salta.Si bien no todos los identificados poseen antecedentes penales, la ministra advirtió que existen casos con un “historial delictivo extenso”. Además, se investiga la posible vinculación de estos grupos con barras bravas y organizaciones de izquierda combativa o anarquistas.Defensa del operativo y los protocolosAnte las críticas por el accionar policial y la duración de los enfrentamientos, Monteoliva defendió la actuación de los uniformados y aseguró que se cumplieron estrictamente los protocolos vigentes para minimizar daños mayores.La funcionaria explicó que la prioridad inicial fue dispersar los focos de conflicto utilizando agua y gases, evitando el cuerpo a cuerpo inmediato. “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov”, argumentó, subrayando el riesgo que implicaba para la integridad física de los efectivos.Asimismo, desestimó los cuestionamientos sobre la supuesta pasividad en el cuidado del vallado perimetral. “Cada valla pesa 100 kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”, graficó.El saldo oficial de la jornada arrojó un total de más de 70 detenidos. En cuanto a los heridos, se reportaron siete efectivos golpeados y civiles con lesiones que no revistieron gravedad.Rechazo a las versiones de infiltradosDurante las horas posteriores a los incidentes, circularon en redes sociales diversas teorías que sugerían la presencia de policías infiltrados instigando la violencia. La ministra rechazó de plano estas versiones, calificándolas de “disparate” y “una locura”.“Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan”, afirmó Monteoliva, quien enfatizó que todo el accionar de las fuerzas está documentado y judicializado. “Lo único que faltaría sería que en cualquier momento digan que era yo la que estaba con la gomera”, ironizó para cerrar la polémica.La denuncia federal por terrorismo buscará sentar un precedente en materia de orden público, mientras el Congreso continúa con su agenda legislativa tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado y el reciente avance del Régimen Penal Juvenil en Diputados.
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