El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto a su implementación. Pero horas después lo retiró, porque la insistencia con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años hacía peligrar el apoyo de sus aliados en la Cámara de Diputados.

De hecho, este lunes, una fuente oficial del Gobierno aclaró en contacto con LA NACION que la Casa Rosada prioriza que “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. La referencia es a un dictamen que estableció la edad de imputabilidad de los menores en 14 años de edad.

El texto, que había ingresado durante la mañana de este lunes a la Cámara de Diputados, fijaba un costo total de $23.739 millones y detallaba cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.

“Si queremos evitar que los menores que cometen los peores delitos salgan impunes, sin pena ni consecuencias, tenemos que hacer todo lo posible para reformar la Ley Penal Juvenil”, indicaron fuentes de La Libertad Avanza, dando por sentado que la edad de 14 años hará posible un consenso en el Congreso.

En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento.

Ese esquema es similar al utilizado en otras leyes votadas por el Congreso y luego frenadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que no definían con claridad la fuente de los recursos necesarios.

En el nuevo proyecto, que ahora el Poder Ejecutivo está reescribiendo, se fija un costo total de $23.739.155.303,08 para la implementación de la reforma. De ese total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.

Presentación y marcha atrás

Antes de retirar el proyecto, el Gobierno insistía con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pese a que la propuesta no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR. En el dictamen que logró avanzar el año pasado -y que servirá de base para el debate de este año- el piso se fijó en 14 años. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del Gobierno como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador.

El texto original, además, preveía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.

También se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios u otros hechos de violencia grave. El dictamen, además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.

En la oposición no descartan, además, exigir la incorporación de una cláusula que establezca que las provincias que adhieran a la ley deberán negociar con la Nación la forma de implementar las reformas edilicias y de servicios necesarias para alojar a nuevos reclusos. El planteo apunta a dejar definido qué porcentaje del costo asumirá el Estado nacional y cuál quedará a cargo de los gobernadores.

El proyecto será tratado este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, y el jueves llegará al recinto de Diputados. Está firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch– y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado– cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro.

​Insistía en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pese a la resistencia de sus aliados; definía el gasto de implementación en $23.739 millones; volvería a enviarlo en los próximos días  

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