WASHINGTON.– En su discurso inaugural del 20 de enero de 1981, día de su asunción como presidente norteamericano, Ronald Reagan –uno de los líderes republicanos más admirados por Donald Trump– pronunció una frase célebre que hoy, en medio de un clima político enrarecido en Estados Unidos, vuelve a resonar con fuerza: “Todos debemos recordar que el gobierno federal no creó los estados; fueron los estados los que crearon al gobierno federal”.

En plena polémica por el llamado de Trump a su partido para “nacionalizar” las cruciales elecciones legislativas del 3 de noviembre y arrebatar a 15 estados el control de esos comicios, la frase de Reagan fue recordada esta semana por el secretario de Estado republicano de Kentucky, Michael Adams, que le hizo notar al mandatario que la Constitución norteamericana delimita claramente la autoridad sobre las elecciones a los estados.

El desafiante llamado de Trump –lanzado el lunes en un podcast del exdirector adjunto del FBI Dan Bogino y reforzado al día siguiente en la Casa Blanca– es solo el último eslabón de la serie de ataques del magnate al sistema electoral y expandió los temores entre observadores políticos, la oposición demócrata y los críticos del presidente ante la posibilidad de que su administración esté sentando las bases para interferir en los comicios de mitad de mandato que determinarán el nuevo control del Congreso.

“Trump no tiene ningún respeto por la ley y busca el poder personal sin límites. Sabe que su partido no está pasando por un buen momento, perdieron varias elecciones durante el último año y le preocupa perder los comicios de noviembre, por lo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar la situación”, señaló a LA NACION el politólogo Chris Edelson, autor de dos libros sobre el poder presidencial en Estados Unidos. “No hay garantía de que su estrategia funcione, pero huele muy mal”, agregó.

Al intentar justificar su controvertida sugerencia, Trump –que enfrenta un nivel de desaprobación del 55% según las encuestas- explicó que si los estados “no pueden contar los votos de forma legal y honesta, entonces alguien más debería hacerse cargo”, afirmó que “el gobierno federal debería intervenir” y lanzó acusaciones de “corrupción” en varias ciudades gobernadas por demócratas.

Según Adam Kinzinger, excongresista republicano devenido en acérrimo crítico del presidente, el pedido de Trump por una intervención federal en las elecciones constituye “autoritarismo en estado puro”.

“Si Trump convenciera a sus seguidores de que las elecciones son inherentemente fraudulentas a menos que él ganara, entonces cualquier acción que emprenda para ‘corregir’ ese supuesto fraude podría justificarse”, señaló en una columna.

La preocupación por las declaraciones de Trump también se extendió entre funcionarios electorales de ambos partidos, quienes –entre otras maniobras del legajo del magnate– citan su intento de anular su derrota electoral de 2020 a manos de Joe Biden, sus recurrentes críticas al sistema electoral estadounidense y los intentos de su administración de intervenir más en asuntos electorales.

La Casa Blanca intenó restar importancia a las declaraciones de Trump, al afirmar que simplemente eran en apoyo a la Ley SAVE, un proyecto pendiente que exigiría a las personas demostrar su ciudadanía antes de registrarse para votar. Sin embargo, no muchos creyeron en esa versión.

“Incluso viniendo de un político común, esta intervención federal sería una pésima idea. Pero esta propuesta no proviene de un funcionario cualquiera: llega de un hombre que ya intentó anular una elección libre y justa porque el resultado le fue desfavorable, utilizando una avalancha de mentiras y teorías legales sin fundamento“, señaló Walter Olson, investigador en el Centro Robert A. Levy de Estudios Constitucionales del Instituto Cato, en Washington.

Mientras los referentes el Partido Demócrata –envalentonados con los éxitos electorales de los últimos meses– siguen depositando sus esperanzas en una “ola azul” para revertir las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump y algunos de sus partidarios más destacados intentan desacreditar la posibilidad de que el oficialismo pueda perder en una contienda “justa”, y se amparan en esa premisa para justificar las demandas de cambios en el sistema electoral.

Sin embargo, también hay inquietudes dentro del propio partido del presidente. “No quiero que nacionalicemos las elecciones”, indicó el senador Ron Johnson (Wisconsin), aunque añadió que cree que es “apropiado establecer algunos estándares básicos para las elecciones federales”, como la identificación de votantes. “¿Nacionalizar las elecciones? Eso no es lo que dice la Constitución”, se sumó el senador republicano, Rand Paul (Kentucky).

“Lo que vimos esta semana es un intento preliminar de apoderarse del proceso previo de registro del votante, de identificación. Y también que una vez cerrada la elección, no sean las autoridades de los estados las que hagan el recuento, sino que el Departamento de Justicia, altamente politizado e intervenido, sea el que al estilo Nicolás Maduro o Vladimir Putin cuente los votos y anuncie un resultado absolutamente desconectado con lo empírico», dijo a LA NACION Eric Hershberg, profesor mérito de gobierno de la American University, en Washington.

“Ese es el intento. Si van a lograrlo… habrá que ver. No descartaría la posibilidad de que con el sistema judicial ya bastante capturado podrían intervenir en las elecciones en diversos estados, lo cual pondría en cuestión la legitimidad de los resultados. Lo que sí queda claro es que ellos no tienen ninguna intención de permitir un sistema de emisión de voto para una elección que pueden perder“, añadió.

Otras amenazas

La última amenaza de Trump de nacionalizar el proceso electoral también hizo recordar entre los expertos una promesa que había hecho en agosto pasado de firmar una orden ejecutiva para garantizar la “honestidad” en las elecciones de mitad mandato.

“Recuerden, los estados son simplemente un ‘agente’ del gobierno federal para el recuento y la tabulación de los votos”, había advertido en su red Truth Social. “Deben hacer lo que el gobierno federal, representado por el presidente, les ordene”, añadió.

Estados Unidos tiene un sistema electoral descentralizado, regido por la Constitución, que establece que los estados determinan la fecha, el lugar y la forma de las elecciones. También otorga al Congreso la facultad de legislar sobre las elecciones, y no hace mención al presidente ni al Poder Ejecutivo.

“El sistema electoral estadounidense es uno de los más descentralizados del mundo, con más de 8000 jurisdicciones locales. Además de las razones legales, el gobierno federal no podría, en la práctica, asumir la administración de los comicios”, remarca el Instituto para un Gobierno Responsable, un think tank en Washington. “Esta estructura es una ventaja, no un inconveniente, ya que proporciona varias protecciones claves”, amplía.

Hershberg remarcó que desde hace años hubo una “campaña sin frenos para deslegitimizar los aparatos electorales” que, a la luz de todas las evidencias, “están funcionando limpiamente”.

“Pero cuando piensas que puedes perder elecciones, una de las cosas que puedes hacer con las redes sociales, la desinformación y las amenazas a los procesos electorales es deslegitimizarlas desde el principio, para que, si pierdes, no tengas que aceptar el resultado ‘porque me fue robado’”, explicó, en alusión a las maniobras de Trump.

En un duro editorial, The New York Times alertó que “el simple hecho de plantear la posibilidad de que unas futuras elecciones puedan verse comprometidas incomoda a muchos expertos en democracia”, y que eso “puede socavar la confianza en nuestro sistema electoral, fiable y bien gestionado, y amplificar las falsas acusaciones de fraude que a menudo provienen de Trump”.

En marzo pasado, el presidente había firmado un decreto que hubiera introducido cambios significativos en las elecciones, incluyendo la exigencia de presentar pruebas documentales de ciudadanía en todo el país. Sin embargo, esa orden fue en gran medida anulada por los tribunales.

El año pasado también hubo todo tipo de presiones desde el gobierno. El Departamento de Justicia buscó, mediante demandas, que los estados entregaran sus registros electorales completos, con información personal, y el Departamento de Seguridad Nacional presionó a los estados para que cotejaran sus registros electorales con una herramienta federal de verificación de inmigración, como parte de una búsqueda de personas “no ciudadanas” que hubieran votado.

“Trump está muy empeñado en socavar la democracia estadounidense y en mantenerse en el poder el mayor tiempo posible”, afirmó Edelson, que advirtió que, de todas formas, el presidente se topará con “un límite importante en la opinión pública”. Una encuesta de ABC News/The Washington Post reveló que 56% de los estadounidenses creen que el magnate no está comprometido con unas elecciones libres y justas.

Esta semana también hubo muchos funcionarios electorales demócratas que reaccionaron con firmeza. “No podemos confiar en el gobierno federal, y ahora son adversarios de los estados”, advirtió Shenna Bellows, secretaria de Estado demócrata de Maine y candidata a gobernadora.

Más allá de la preocupación que generaron las acciones de Trump, la situación sigue siendo incierta de cara a las elecciones de medio término. Los expertos señalan que es probable que el líder republicano refuerce su estrategia y aumenten las disputas legales sobre el desarrollo de los comicios entre el gobierno federal y las jurisdicciones estatales y locales.

​Con el Partido Republicano en retroceso y su imagen en baja, el presidente presiona para “nacionalizar” las elecciones legislativas de mitad de mandato  

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