Adepa advierte sobre los riesgos de la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”

La Voz

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su inquietud por las funciones y el potencial uso de la cuenta “Oficina de Respuesta Oficial” en la red social X, la cual tiene como fin declarado, según dijo el Gobierno, “desmentir” informaciones y señalar lo que el gobierno considera “operaciones mediáticas”.

Adepa sostiene que si bien los gobiernos tienen derecho a difundir información oficial, la preocupación reside en la “dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle” a esta oficina. El objetivo de “desmentir” asume que el periodismo falsea la realidad de forma deliberada, cuando su función es contrastar opiniones y reflejar todas las voces.

La entidad, además, es enfática al declarar que “el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”. Atribuir a organismos estatales funciones de monitoreo o verificación de contenidos genera el riesgo de transformarlos en “mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto” de las opiniones críticas, se señala en un comunicado de la entidad.

Adepa dice que observa con atención que el organismo se enfoque únicamente en la actividad periodística bajo el rótulo de “operaciones de los medios”. Según la institución, esta oficina ignora la “enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones” que circulan de forma anónima o mediante perfiles falsos en plataformas digitales.

Para la asociación, “el mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes”.

En última instancia, señala que la responsabilidad de juzgar el trabajo periodístico y reconocer la confiabilidad de la información recae en la ciudadanía, ya que “la gente es el último juez del trabajo periodístico”.

La posición de Fopea

En la misma línea se pronunció el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que manifestó “su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada ‘Oficina de Respuesta Oficial’, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.

El comunicado completo:

“El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma.

El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre. Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”. Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica.

Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, almodificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial.

A lo largo de 23 años de vida institucional, nuestra organización ha venido planteando públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar. Desde Fopea estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública».

​La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su inquietud por las funciones y el potencial uso de la cuenta “Oficina de Respuesta Oficial” en la red social X, la cual tiene como fin declarado, según dijo el Gobierno, “desmentir” informaciones y señalar lo que el gobierno considera “operaciones mediáticas”.Adepa sostiene que si bien los gobiernos tienen derecho a difundir información oficial, la preocupación reside en la “dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle” a esta oficina. El objetivo de “desmentir” asume que el periodismo falsea la realidad de forma deliberada, cuando su función es contrastar opiniones y reflejar todas las voces.La entidad, además, es enfática al declarar que “el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”. Atribuir a organismos estatales funciones de monitoreo o verificación de contenidos genera el riesgo de transformarlos en “mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto” de las opiniones críticas, se señala en un comunicado de la entidad.Adepa dice que observa con atención que el organismo se enfoque únicamente en la actividad periodística bajo el rótulo de “operaciones de los medios”. Según la institución, esta oficina ignora la “enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones” que circulan de forma anónima o mediante perfiles falsos en plataformas digitales.Para la asociación, “el mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes”. En última instancia, señala que la responsabilidad de juzgar el trabajo periodístico y reconocer la confiabilidad de la información recae en la ciudadanía, ya que “la gente es el último juez del trabajo periodístico”.La posición de FopeaEn la misma línea se pronunció el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que manifestó “su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada ‘Oficina de Respuesta Oficial’, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.El comunicado completo:“El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma. El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre. Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”. Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica.Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, almodificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial.A lo largo de 23 años de vida institucional, nuestra organización ha venido planteando públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar. Desde Fopea estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública».  ​

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