La Clínica Regional de General Pico es una de las firmantes del reclamo al PAMI.
Denuncian atrasos en los pagos y desfasaje arancelario. Pusieron como fecha tope para que haya respuestas el próximo 10 de febrero. De no haber soluciones, suspenderán todas las prestaciones ambulatorias y cirugías programadas.
Un grupo de instituciones de salud privada de La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén elevó este miércoles una nota formal al director ejecutivo del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo. En el documento, advierten que la situación financiera ha llegado a un límite «insostenible» y fijaron el 10 de febrero como fecha de inicio para la suspensión de servicios si no se cancelan las deudas y se actualizan los aranceles.
Para las clínicas y sanatorios de la región, el PAMI no es un cliente más: representa, en promedio, el 40% de sus ingresos totales. Los prestadores denuncian una combinación letal de dos factores:
Atraso en los pagos: Se han corrido las fechas habituales de cobro, lo que impide cumplir con los cronogramas de pago a proveedores.
Desfasaje arancelario: Los valores de los módulos de atención han quedado pulverizados frente a la inflación de los últimos meses.
«Cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución en estructuras económicas que ya están ajustadas al máximo», señala la nota presentada a las autoridades del PAMI.
En nuestra provincia, el frente de prestadores es sólido. Entre los firmantes que acompañan la medida se encuentran Sanatorio Santa Rosa, Clínica Modelo, Clínica Argentina y Clínica Regional (estas dos últimas de General Pico).
Para evitar el corte que afectaría a miles de jubilados y pensionados, las clínicas exigen la regularización de la deuda, una reunión urgente con las máximas autoridades y la reactivación de una mesa técnica que permita adecuar los aranceles a la realidad económica actual.
Peligra el pago de sueldos
El punto de mayor fricción es el compromiso con los trabajadores. Históricamente, las clínicas utilizan el cobro de la facturación de los módulos de mayor complejidad (Nivel II y III) para abonar los salarios el último día hábil de cada mes.
Al no recibir los fondos en tiempo y forma, las instituciones advierten sobre la «imposibilidad material de abonar haberes», lo que pone en riesgo no solo la paz social dentro de las empresas, sino la operatividad mínima de los centros asistenciales.
De no mediar una respuesta oficial, la restricción de la atención comenzará el 10 de febrero primero con la suspensión de todas las prestaciones ambulatorias y cirugías programadas. Sobre la atención de urgencias, indicaron que se mantendrá mientras la disponibilidad de insumos y personal lo permita.
De persistir el silencio de Nación, los prestadores advierten que la suspensión total será inevitable por falta de recursos operativos.
eldiariodelapampa
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