Durante el desalojo de ayer, profesionales de la Salud tuvieron que asister a una mujer.
Tras el violento desalojo del lunes, los manifestantes recuperaron la libertad este martes luego de prestar declaración de imputados. El fiscal Oscar Cazenave confirmó que se los investiga por violar el artículo 194 del Código Penal. Según la Justicia, los vecinos se mostraron «inflexibles» ante las ofertas de negociación previa al uso de la fuerza.
La situación judicial de los 12 vecinos detenidos por el bloqueo al Relleno Sanitario sumó hoy un nuevo capítulo en el Centro Judicial de Santa Rosa. Si bien se esperaba una audiencia de formalización, la Fiscalía optó por tomarles declaración como imputados, paso previo necesario para continuar con la investigación sobre el entorpecimiento del servicio de recolección y disposición final de residuos.
En diálogo con El Diario, el fiscal Oscar Cazenave detalló que la imputación se basa en el artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de entre tres meses y dos años de prisión para quien impida o entorpezca el funcionamiento de los transportes o servicios públicos. En este caso, el foco está puesto en el bloqueo que impidió el ingreso de los camiones del EMHSU al predio.
Sin margen de negociación
Desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron que el desalojo forzoso a cargo del Grupo GEO fue el último recurso. Según Cazenave, antes de la irrupción policial se les ofreció a los manifestantes diversas instancias de diálogo para que cesaran el bloqueo de manera voluntaria, pero la respuesta fue la negativa total. «Se mostraron inflexibles y negaron cualquier tipo de negociación«, confiaron fuentes judiciales.
Antecedentes bajo la lupa
Tras la declaración realizada esta mañana, los 12 involucrados recuperaron la libertad, aunque el proceso sigue su curso. La Fiscalía comenzará ahora una etapa de recolección de pruebas, que incluye el análisis de los antecedentes penales de cada uno de los implicados para determinar el avance de la causa.
Mientras el ingreso al Relleno Sanitario permanece despejado y el servicio de basura se normaliza, la herida social en el sector norte continúa abierta. Los vecinos insisten en que el reclamo por la contaminación del humo es legítimo, mientras que la Justicia busca probar que el método de protesta cruzó el límite de la legalidad al afectar un servicio esencial para toda la ciudad.
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