La investigación judicial por una presunta trama de lavado de dinero analiza operaciones vinculadas con antiguos operadores de la terminal y genera interrogantes sobre el futuro del Puerto de Rosario.
La causa judicial por una presunta trama de lavado de dinero en el Puerto de Rosario abrió un nuevo interrogante sobre el futuro de la Terminal Puerto Rosario (TPR), actualmente controlada por Ultramar y Vicentin.
La investigación federal apunta a antiguos operadores de la terminal y analiza una serie de operaciones societarias y financieras vinculadas con la actividad portuaria. Entre los principales investigados aparecen el empresario Gustavo Shanahan y Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña.
Según informó La Política Online, el avance de la causa genera tensión sobre los planes de los actuales controlantes, que buscan continuar al frente de la terminal más allá de 2032, cuando vence el contrato vigente.
La investigación sostiene que durante la etapa de los antiguos operadores se habría desarrollado una estructura destinada a canalizar y dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito. La Justicia analiza el funcionamiento de distintas sociedades y las transferencias de paquetes accionarios realizadas a lo largo de los años.
Entre las firmas mencionadas en la causa aparecen Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A., sociedades que estuvieron vinculadas con la administración y el control de la terminal.
Uno de los puntos bajo análisis es el ingreso de Vicentin a TPR. La agroexportadora adquirió participación accionaria junto con Ultramar, en una operación que modificó la composición societaria del puerto.
La situación de Vicentin también atravesó cambios importantes. La empresa entró en cesación de pagos en 2020 y posteriormente quedó sometida a un proceso concursal. En 2025, el grupo Grassi asumió el control de la compañía mediante el proceso de salvataje.
Mientras tanto, Ultramar y Vicentin plantean mantener su participación en el Puerto de Rosario y avanzar con una extensión del contrato vigente. La fecha de finalización está prevista para 2032.
El gobierno de Santa Fe analiza esa posibilidad en un contexto marcado por reclamos vinculados con inversiones, obras y compromisos pendientes. La administración provincial pretende que cualquier eventual acuerdo incluya condiciones concretas para garantizar nuevas inversiones y el desarrollo de la actividad portuaria.
En los últimos meses también se plantearon proyectos para ampliar el movimiento de cargas, entre ellos operaciones vinculadas con productos agroindustriales y minerales provenientes de otras provincias.
La causa judicial introduce ahora un elemento adicional en la discusión. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones y establecer si existieron maniobras destinadas a ocultar o blanquear dinero de procedencia ilícita.
Las medidas judiciales alcanzaron a personas y sociedades vinculadas con la antigua conducción de la terminal. La investigación continúa y todavía deberá determinar el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados.
El avance de la causa podría tener consecuencias sobre las operaciones societarias realizadas durante los últimos años y convertirse en un factor relevante para definir el futuro del Puerto de Rosario.
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