En una resolución judicial poco frecuente dentro de los tribunales federales de Estados Unidos, un juez en Houston ordenó al gobierno estadounidense repatriar a una ciudadana nicaragüense que fue expulsada del país mientras tramitaba la reapertura de su causa migratoria. El dictamen del magistrado frena los efectos de la deportación ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar el retorno de la afectada para que pueda ejercer su derecho a la defensa.
La medida beneficia a Marcela Linda Arias, una mujer que residió en la ciudad de Houston durante casi 15 años y que busca regularizar su estatus legal bajo el amparo de las leyes de protección para supervivientes de violencia doméstica.
La suspensión automática ignorada por ICE y el fallo en Houston
El conflicto legal se originó a finales de junio de 2026, cuando los agentes de migración procedieron con la expulsión de Arias a Nicaragua. Antes de que se ejecutara el vuelo, la defensa de la mujer había radicado formalmente una moción para reabrir su expediente ante el tribunal de inmigración. De acuerdo con el procedimiento migratorio estadounidense, la presentación de este recurso genera una suspensión automática e inmediata de cualquier orden de deportación previa hasta que el tribunal correspondiente analice la solicitud.
Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la División de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) llevan a cabo una parada de tráfico y detienen a personas. Foto: AP/Alex Brandon
A pesar del marco regulatorio, el organismo gubernamental procedió con el traslado. Ante esta situación, el juez de distrito estadounidense David Hittner concedió una orden de restricción temporal, concluyendo que Arias enfrentaría un daño irreparable si continuaba fuera del país. Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, la corte otorgó un plazo perentorio al Departamento de Seguridad Nacional para detallar el plan operativo de repatriación previa a la audiencia fijada para el 15 de septiembre. Un dato clave dentro del expediente es que el tribunal de inmigración concedió la reapertura del caso apenas 24 horas después de que la mujer fuera subida al avión.
La postura del Gobierno y los plazos procesales
Durante las audiencias preliminares, la representación legal del Departamento de Justicia rechazó que la deportación haya sido ilegal. El abogado del Gobierno, Nicholas Sabin, argumentó que la moción presentada por Arias carecía de validez procesal debido a que una solicitud independiente tramitada años atrás había recibido una negativa por parte de las autoridades.
Se observa el logotipo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un podio antes de una conferencia de prensa, el 4 de mayo de 2026, en Washington. Foto: AP/Julia Demaree Nikhinson
Por su parte, el abogado defensor de la migrante, Javier Rivera, sostuvo que el gobierno perdió el derecho a presentar dicho alegato al no haber respondido ni apelado la moción dentro del plazo legal de 10 días establecido por las normas de la corte. La defensa enfatizó que ICE tenía conocimiento pleno de la suspensión pendiente y decidió ignorar la ley de protección, dejando a su representada en una situación de indefensión en el exterior mientras su causa continuaba formalmente abierta en Estados Unidos.
Un antecedente judicial excepcional en medio de las deportaciones
Las órdenes judiciales que exigen el retorno de personas ya deportadas constituyen una excepción drástica en el sistema migratorio de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración no mantiene registros estadísticos oficiales sobre las repatriaciones forzadas por mandato judicial, y solo un número reducido de expedientes de esta naturaleza ha logrado repercusión pública.
El caso de Arias se suma a una corta lista de antecedentes donde los tribunales federales han frenado procedimientos del Ejecutivo. Entre las causas recientes destaca la del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien fue devuelto tras haber sido deportado por error e ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, así como la de Jordin Alexander Melgar-Salmerón, cuyo retorno fue dispuesto por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito al calificar la expulsión como "impropia".
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