Los biocombustibles y los bonos de carbono parecen transitar por carriles diferentes, pero tienen varios puntos en común: ponen en valor recursos que la Argentina tiene en abundancia, pueden generar nuevas fuentes de ingresos para el sector productivo y, casi simultáneamente, dieron un paso importante en el Senado.
La Cámara alta avanzó con el dictamen para establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que contempla elevar al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas y al 10% el de biodiésel en el gasoil. En paralelo, también obtuvieron dictamen iniciativas destinadas a regular el mercado de carbono, una actividad todavía incipiente pero con oportunidades para el agro, la actividad forestal y otras producciones capaces de reducir o capturar emisiones.
En ambos debates participa activamente la senadora salteña Flavia Royón, que acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y conoce los temas también desde el Ejecutivo: fue secretaria de Energía durante la gestión de Sergio Massa y luego secretaria de Minería durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.
Su llegada a la conducción de esa comisión estratégica también admite una lectura política. Royón integra el espacio del gobernador salteño Gustavo Sáenz y su designación contó con el respaldo del oficialismo que Patricia Bullrich conduce en el Senado. Esa articulación entre el Gobierno y las provincias volvió a ponerse a prueba con los biocombustibles, donde detrás de cada porcentaje juegan intereses productivos y territoriales.
La negociación mostró ese mapa. La cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, defendió los intereses de una provincia fuertemente vinculada con el bioetanol de maíz. Desde Tucumán, Beatriz Ávila, cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, puso el foco en la caña de azúcar como economía regional. “Tucumán no tiene litio ni petróleo, pero encuentra en el alcohol una alternativa de futuro. Es un gran avance para la provincia y esperamos que pronto se convierta en ley”, remarcó Ávila.
Juego provincial. Carlos Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba) y Beatriz Ávila (Tucumán). La cordobesa y la tucumana llevaron al debate la voz de sus economías regionales para impulsar un mayor corte con biocombustibles.
En ese juego de equilibrios se construyó el acuerdo. Royón considera que el 15% para el bioetanol y el 10% para el biodiésel representan un punto razonable después de una negociación compleja. En el primer caso, explicó que las pruebas realizadas permiten avanzar hasta ese nivel, pero todavía existen reparos vinculados con las certificaciones y garantías de los motores para establecer porcentajes mayores.
El biodiésel presentó más dificultades, por las resistencias de la industria automotriz y del sector petrolero, pero también por una cuestión económica. “El biodiésel es un 40% más caro que el diésel fósil. Entonces había también un tema de implicancia de precios y con el Gobierno costó mucho lograr ese 10%”, señaló Royón.
La senadora hubiera preferido ir más lejos. Su proyecto proponía llevar tanto el bioetanol como el biodiésel al 15%. “Pero este acuerdo de levantarlo al 10%, que costó, me parece hoy una posición por lo menos razonable”, sostuvo.
Además, destacó el impacto que podría tener sobre la balanza energética. “Con ese corte del 10% hoy Argentina no tendría que importar diésel”, aseguró. Y señaló que las inversiones realizadas por las refinerías ya permitieron observar durante el primer semestre una importante caída de las importaciones.
Pero el porcentaje de mezcla es apenas una parte de la reforma. La otra discusión pasa por quiénes podrán abastecer el mercado y cómo se formarán los precios. Actualmente las grandes empresas integradas tienen restricciones para vender biodiésel en el mercado interno, mientras las pymes que abastecen ese segmento no pueden exportar. El nuevo esquema propone avanzar gradualmente hacia una mayor competencia, incorporando nuevos jugadores pero manteniendo una transición para las pymes.
También habrá un cambio de fondo en los precios. “No va a existir más la fórmula de precio, va a ser oferta y demanda. Van a competir las empresas en este mercado y se habilitan también los contratos”, anticipó Royón.
“Pasás de un esquema donde había una fórmula de precio y vos decías quién producía, porque cada empresa tenía un cupo. Ahora las empresas van a tener que competir entre sí en esta plataforma electrónica”, explicó. El desafío será encontrar un equilibrio entre la mayor competencia y una red de pymes que creció bajo las reglas actuales.
Del carbono a los dólares
Casi en paralelo, el Senado dio otro paso relevante para el campo. Los proyectos destinados a crear un marco regulatorio para los mercados de carbono también obtuvieron dictamen. Entre ellos se encuentra una iniciativa presentada por Royón.
Un crédito de carbono representa una reducción o captura verificable de emisiones. Puede generarse conservando un bosque y evitando su deforestación, pero también transformando un basural, incorporando una tecnología más eficiente o reemplazando generación fósil por energías renovables.
“Todas esas acciones reducen emisiones. Eso se cuantifica en lo que se llama un bono de carbono. Esos bonos se comercializan”, explicó Royón. Una empresa que busca reducir su huella puede comprar los créditos generados por esos proyectos y utilizarlos para compensar parte de sus emisiones.
Actualmente conviven mercados voluntarios con otros regulados. Y allí, según la senadora, aparece una diferencia económica sustancial. “El mismo bono de carbono del mercado voluntario vale cinco veces más en ese mercado regulado. Entonces, ¿por qué la importancia de esta ley? Porque habilita ese mercado de carbono”, afirmó.
Para un país con una enorme superficie agropecuaria y forestal, esa posibilidad puede abrir una nueva dimensión exportadora. Royón lo sintetiza en una definición: “Así como exportamos en el campo poroto, carne o soja, vamos a exportar servicios ambientales”.
Pero la salteña propone ir más allá de la conservación de bosques. “Quiero que piensen en el mercado de carbono como una agenda no sólo ambiental, sino una agenda productiva y de financiamiento”, remarcó.
Un municipio que transforma residuos, un proyecto que procesa neumáticos o una inversión en energía solar pueden reducir emisiones y convertirlas, bajo determinadas condiciones, en créditos comercializables. “La gente automáticamente lo asocia a bosques, pero en realidad es que te puedas financiar, por ejemplo, para hacer un parque solar”, explicó.
Ese enfoque cambia la perspectiva para el sector productivo. La reducción de emisiones deja de aparecer exclusivamente como una exigencia ambiental para transformarse también en un activo capaz de financiar inversiones.
Para el agro, la discusión ya no sería solamente cuánto carbono emite una actividad, sino cuánto vale aquello que captura, conserva o deja de emitir.
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