Rafael Resnick Brenner, el ex funcionario que fue mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP, se entregó luego de que la Corte Suprema dejara firme una condena a cuatro años de prisión por corrupción en la administración pública.
El ex directivo que fue jefe de la Regional Salta de la AFIP se presentó ante el juzgado federal de Adrián González Charvay en Campana, y en una primera instancia quedó bajo arresto en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la misma ciudad.
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta había ordenado su arresto luego de que, el jueves último, la Corte rechazó todos los recursos interpuestos por su defensa y ratificó la sentencia como autor penalmente responsable del delito de coimas.
La causa se inició en 2018, cuando por un pedido judicial, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, otro ex alto funcionario del organismo tributario, por su participación en hechos vinculados con la concesión de beneficios -a través de resoluciones favorables-, a distintos contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero.
Además, fueron acusados de extorsionar a empresarios, a quienes exigían dinero para no involucrarlos en causas de trata laboral.
Estos hechos de corrupción ocurrieron durante el período en que la AFIP estuvo manejada por Echegaray, entre 2009 y 2015, con Cristina Kirchner como presidenta.
La fiscalía les imputó delitos de concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial.
El caso llegó a juicio, declararon empresarios que confesaron haber pagado coimas y en agosto del 2023 el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner y a Fili, exjefe del Área Jurídica de la AFIP, a cuatro y tres años de prisión respectivamente, por concusión en grados de autor y partícipe necesario.
Además de dejar firme esta condena, la Corte Suprema habilitó un segundo juicio contra Resnick Brenner por pedir sobornos a un empresario a cambio de protección ante posibles sanciones tributarias.
El ex funcionario cercano a Echegaray ya contaba con una condena firme a tres años de prisión condicional (e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos) por el caso Ciccone Calcográfica: la Justicia determinó que estuvo involucrado en la maniobra de Amado Boudou para quedarse con la imprenta a través de testaferros.
Esta pena fue unificada con la de corrupción en la AFIP y por ambas causas el Tribunal Oral Federal de Salta le dio cinco años y seis meses.
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