Un nuevo revés judicial sacudió la política migratoria de la Casa Blanca. La jueza federal Jeannette A. Vargas, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, anuló la suspensión de visas de inmigrante impuesta por la administración de Donald Trump contra ciudadanos de 75 países.
JUST IN: U.S. judge strikes down Trump policy suspending immigrant visa processing for applicants from 75 countries.
— Polymarket (@Polymarket) August 22, 2026
En un fallo de 61 páginas dictado este viernes, la magistrada concluyó que la medida es "contraria a la ley" y determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió su autoridad legal al implementar un bloqueo masivo sin evaluación individualizada.
La orden de Marco Rubio y el uso ilegal de la "carga pública"
La política, que entró en vigor en enero, congeló el procesamiento de visados de residencia permanente para casi el 40% de las naciones del mundo —entre ellas Brasil, Colombia, Egipto, Guatemala, Haití, Somalia, Irán y Rusia—. El argumento público del Departamento de Estado sostenía que la restricción buscaba evitar que los nuevos inmigrantes se convirtieran en una "carga pública" o dependieran del sistema de asistencia social estadounidense.
Jeannette Vargas, nominada por el presidente Joe Biden para ejercer como jueza federal en el Distrito Sur de Nueva York, comparece ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en Washington D. C., el 17 de abril de 2024. Foto: Senado de los EE. UU./REUTERS.
Sin embargo, la jueza Vargas desarmó la justificación oficial tras analizar la evidencia presentada en el expediente, donde figuraba un cable interno que Rubio envió a todas las sedes diplomáticas. En la orden, se instruía de forma explícita a los funcionarios consulares a denegar las solicitudes aun cuando los aspirantes presentaran "pruebas adicionales que demostraran que superaban la objeción por carga pública". De acuerdo con el fallo, esta directiva violó la Ley de Inmigración de 1965 —que prohíbe la discriminación por origen nacional— y pasó por alto la exigencia legal de evaluar caso por caso las finanzas, salud, edad y habilidades de cada solicitante.
Familias divididas y profesionales calificados afectados
A diferencia de los bloqueos de viaje (travel bans) aplicados durante el primer mandato de Trump —que restringían el ingreso físico al país y fueron ratificados por la Corte Suprema en 2018—, esta norma afectaba directamente la emisión de visados de residencia para personas que buscaban reunirse con familiares o asumir puestos de trabajo calificados. La medida no incluyó visados temporales de turista ni de estudiante.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington D. C., el 7 de agosto de 2026. Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz
Entre los demandantes del caso figuran ciudadanos estadounidenses imposibilitados de traer a sus familiares desde Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, además de cinco profesionales colombianos a quienes se les congeló el trámite, entre ellos un ingeniero, un arquitecto y un endocrinólogo graduado en la Universidad de Harvard. La mayoría de las 75 naciones afectadas corresponden a países de América Latina, el Caribe, África, el Sudeste Asiático y Oriente Medio, abarcando también a socios estratégicos de Washington como Jordania y Egipto.
Revisión de solicitudes y posible apelación de la Casa Blanca
La resolución judicial deja sin efecto todas las denegaciones de visado fundamentadas exclusivamente en esta norma, lo que obligará al Departamento de Estado a revisar de forma retroactiva miles de expedientes congelados en los últimos ocho meses.
Si bien el gobierno logró que la magistrada reconociera que la norma no requería un periodo previo de consulta pública, la Casa Blanca no se pronunció de inmediato, aunque se prevé que el Departamento de Justicia apele el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. Mientras tanto, la jueza fijó el 11 de septiembre como fecha límite para que ambas partes presenten sus propuestas sobre la ejecución y resolución de los puntos pendientes del caso.
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