A complex investigation by the Federal Justice system has scrutinized a series of financial and corporate transactions carried out over the years around the Rosario Port Terminal (TPR), where the
Una compleja investigación de la Justicia Federal puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros y societarios realizados durante años alrededor de la Terminal Puerto Rosario (TPR), donde los fiscales sostienen que habría funcionado un entramado destinado a introducir al circuito legal fondos de origen ilícito.
Uno de los principales investigados es el contador y financista rosarino Gustavo Shanahan, exaccionista, director y presidente de Pro Puerto S.A., quien fue indagado el pasado 16 de septiembre por operaciones realizadas entre 2010 y 2019.
Según se pudo saber, la investigación reconstruyó una sucesión de transferencias de acciones, garantías, sociedades y movimientos de dinero que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían permitido ocultar el verdadero origen y destino de los fondos.
En la causa también aparece Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sobre quien pesa un pedido de captura de la Justicia argentina.
Los fiscales sostienen que Pujol Ferrusola y Shanahan se habrían valido de diferentes entramados societarios para tomar el control de Terminal Puerto Rosario, ampliar su capital y ocultar la participación real en las inversiones realizadas en Argentina.
Entre las sociedades investigadas aparecen Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A. Para los investigadores, algunas de estas estructuras habrían sido utilizadas como sociedades pantalla dentro del circuito financiero.
Uno de los puntos que analiza la causa se remonta a un aumento de capital de TPR de 2004 y 2005. Según la investigación, una firma vinculada a Pujol Ferrusola habría canalizado 1.850.000 euros mediante otra sociedad bajo la figura de un préstamo.
La pesquisa también puso la mirada sobre diferentes transferencias de acciones y sobre el posterior ingreso de Vicentin y la operadora chilena Ultramar al negocio portuario.
De acuerdo con la hipótesis de los fiscales, algunas de las operaciones habrían sido estructuradas de manera tal que dificultaban seguir la trazabilidad de las acciones y del dinero.
La investigación detectó además importantes diferencias entre los valores originales de determinadas inversiones y los montos obtenidos posteriormente por la venta de las participaciones. Uno de los casos señalados corresponde a Inter Rosario Port Services, que vendió parte de su posición accionaria por más de 8,9 millones de dólares, mientras que el capital originalmente ingresado años antes rondaba los 451 mil dólares.
Otro punto bajo investigación son los pagos vinculados con las operaciones accionarias. Los fiscales analizaron movimientos por 8.316.000 pesos en mayo de 2017 y otros 24.111.000 pesos en mayo de 2019.
La causa también reconstruyó una serie de operaciones realizadas mediante contratos de mutuo entre sociedades. Según la acusación fiscal, parte del dinero obtenido por la venta de acciones habría vuelto a circular a través de empresas relacionadas mediante al menos diez operaciones que los investigadores consideran simuladas.
En ese contexto, a Shanahan y a uno de sus hijos se les atribuyó haber puesto en circulación en el mercado legal unos 35 millones de pesos entre abril de 2018 y mayo de 2019, provenientes, según la imputación, de cuotas correspondientes a la venta de acciones de Terminal Puerto Rosario.
Esos movimientos se habrían realizado mediante operaciones entre Pro Puerto S.A. e Interlogística Portuaria S.A. y las firmas Natural Food SRL, Los Araucos SRL e Increase S.A., todas sociedades que quedaron alcanzadas por la investigación.
Shanahan ya se encuentra cumpliendo una condena de siete años de prisión en la cárcel federal de Marcos Paz por otra causa vinculada con una estructura de narcotráfico en Rosario.
Ahora, la Justicia intenta determinar el alcance de las maniobras financieras y societarias relacionadas con el puerto rosarino y establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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