El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes destinado a reforzar la seguridad de las elecciones del estado ante posibles interferencias de autoridades federales u otros actores. Las medidas incluyen nuevas sanciones penales por apoderarse de boletas o registros electorales y mayores protecciones para el voto por correo.
La legislación fue presentada por la administración estatal como una respuesta a las disputas que California mantiene con el gobierno del presidente Donald Trump en materia electoral. Newsom acusó a la Casa Blanca de intentar interferir en el proceso electoral, mientras que Trump ha cuestionado reiteradamente las elecciones de California y su sistema de conteo de votos.
Las nuevas normas llegan a pocas semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, en las que los californianos elegirán, entre otros cargos, al sucesor de Newsom en la gobernación y a los 52 representantes del estado en la Cámara de Representantes.
Nuevos delitos por interferir con las boletas
Una de las principales medidas es la AB 282, que convierte en delito grave incautar, provocar o colaborar con la incautación de boletas, registros electorales o tecnología de votación certificada antes de que los funcionarios correspondientes hayan certificado los resultados.
La prohibición también alcanza a una persona con autoridad que ordene a alguien bajo su supervisión realizar una de esas acciones. Cuando Newsom presentó la iniciativa en agosto, su oficina indicó que las penas previstas podían alcanzar hasta cuatro años de prisión, dependiendo de la conducta.
Otra norma, la SB 259, establece como delito grave que una persona en una posición de autoridad ordene a un subordinado interferir con la entrega de una boleta de voto por correo al elector o con su devolución a los funcionarios electorales.
Las medidas incluyen nuevas sanciones penales por apoderarse de boletas o registros electorales y mayores protecciones para el voto por correo. Foto: REUTERS/Mike Blake
También establece un delito menor para quien tenga bajo su responsabilidad una boleta por correo e interfiera con su entrega al votante.
California ya había reforzado estas protecciones en mayo con la SB 73, que limita el acceso no autorizado de agentes de las fuerzas de seguridad —incluidos funcionarios federales— a padrones, tecnología electoral y otros componentes del proceso, salvo determinadas excepciones contempladas por la ley.
California refuerza el voto por correo
El paquete también modifica aspectos del voto por correo, un mecanismo ampliamente utilizado en California.
La SB 884 extiende los horarios de funcionamiento de los lugares habilitados para depositar las boletas por correo y modifica las restricciones sobre determinadas actividades alrededor de los centros de votación para las elecciones que se realicen entre 2026 y 2029.
Por su parte, la SB 1420 obliga al secretario de Estado a establecer procedimientos uniformes para que los votantes puedan utilizar en un centro electoral una boleta que habían recibido por correo sin necesidad de presentar el sobre de identificación correspondiente. La norma también exige incorporar información sobre las posibilidades de voto anticipado presencial en la guía estatal para electores.
Las medidas se conocen después de otra disputa entre California y la administración Trump relacionada con el voto por correo. El 14 de septiembre, Newsom celebró una decisión de la Corte Suprema que bloqueó cambios impulsados por el gobierno federal a través del Servicio Postal que podían restringir el acceso a este sistema.
“Tenemos una tarea fundamental: luchar para proteger el derecho al voto de interferencias”, sostuvo Newsom al anunciar las nuevas leyes. El gobernador vinculó directamente el paquete con las acciones de la administración Trump.
Nuevas reglas para influencers y campañas políticas
Las medidas se conocen después de otra disputa entre California y la administración Trump relacionada con el voto por correo. Foto: AP/Jae C. Hong
Las leyes firmadas no se limitan a las boletas y los centros de votación. California también busca aumentar la transparencia de las campañas en las redes sociales.
La AB 1130 permite aplicar sanciones administrativas, civiles o penales a una persona que reciba dinero de un comité de campaña para publicar contenido en internet a favor o en contra de un candidato o una iniciativa electoral y no revele que se trata de contenido pago.
Otra de las normas, la AB 686, prolonga hasta 2031 las restricciones sobre la distribución de audios o videos materialmente engañosos —incluidos los llamados deepfakes— cuando se difunden con determinadas intenciones vinculadas con perjudicar a un candidato o engañar a los votantes y no contienen las advertencias exigidas.
Además, la AB 2281 ordena evaluar si California necesita recursos estatales adicionales para reemplazar herramientas federales de ciberseguridad electoral y permite trabajar con investigadores académicos para desarrollar mejores prácticas frente a posibles amenazas.
Un paquete más amplio antes de las elecciones
En total, el anuncio de Newsom comprende 13 proyectos relacionados con las elecciones y la participación democrática, que abarcan desde la protección física de las boletas hasta el acceso lingüístico, la ciberseguridad y las comunicaciones políticas en internet.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, afirmó que el paquete busca crear una barrera frente a posibles ataques contra el sistema electoral y destacó la intención del estado de mantener el control sobre la administración de sus elecciones.
Las medidas profundizan una estrategia que California viene desplegando desde años anteriores. En 2024, por ejemplo, Newsom firmó normas para regular determinados contenidos electorales creados o manipulados mediante inteligencia artificial, mientras que en 2025 se aprobaron cambios relacionados con el conteo de votos y las campañas.
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