El juicio contra el Estado nacional que financió el fondo Burford Capital por una presunta violación del estatuto de YPF al momento de la estatización del 51% de las acciones de la petrolera llegó esta semana al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en donde la Argentina enfrentó múltiples casos en los últimos 25 años.
El default de la deuda, los posteriores incumplimientos de contratos de concesión sobre servicios públicos privatizados y, más tarde, las estatizaciones, terminaron en multimillonarios pagos del Estado en indemnizaciones a los afectados.
Contra todos los pronósticos, este año la Argentina ganó en un tribunal de segunda instancia de Nueva York, Estados Unidos, el caso por YPF y se evitó pagar 16.100 millones de dólares más intereses.
Pero Burford, en calidad de financiador de los demandantes (los acreedores de las sociedades quebradas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que pertenecieron a la familia Eskenazi) recurrió al CIADI para obtener alguna compensación dentro de varios años.
El mentor de la estatización de YPF en 2012 fue Axel Kicillof, que crecía en el gobierno de Cristina Kirchner hasta llegar a ser ministro de Economía desde 2013 hasta 2015; gobernador de Buenos Aires a partir de 2019 a la actualidad; y precandidato a presidente para 2027.
-¿Qué piensa sobre la llegada del juicio por YPF al CIADI?-, le preguntó Clarín a Kicillof en La Plata.
-Burford ya había avisado que iba a hacerlo. Dijeron que tenían razón en tribunales norteamericanos y ya vimos cómo terminó. El CIADI es un tribunal que en general suele inclinarse por el sector privado, es una tendencia que tiene. Pero después del lapidario fallo que hubo en Estados Unidos, este caso ahora es confidencial.
"Durante años vamos a estar sometidos a este tipo de decisiones en tribunales y fueros que no corresponden. Voy a decir lo mismo sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras decisiones que toma Javier Milei: la cesión de jurisdicción en tribunales internacionales nos deja en condiciones de debilidad. El propio Milei dijo que Burford tenía razón y la Justicia de Estados Unidos revirtió una situación absolutamente injusta", planteó el gobernador.
Uno de los múltiples beneficios que ofrece el RIGI a los inversores es la "seguridad jurídica" que les otorga esquivar tribunales locales y litigar en el extranjero, donde se juzgan más severamente contra el Estado los problemas con los derechos de propiedad.
Desde su sanción hace dos años en el Congreso, el RIGI ya atrajo casi 50 proyectos por cerca de 210.000 millones de dólares de inversión, de los cuales 23 están aprobados por US$ 50.000 millones.
Un argentino va al CIADI
Con la llegada del caso YPF al CIADI, Radio Con Vos y El Diario Ar descubrieron que uno de los estudios jurídicos que patrocina la demanda contra el Estado es Three Crowns -con sedes en Londres, Washington y Madrid-, que tiene como socio al argentino Agustín García Sanz.
El abogado había sido nombrado por el gobierno de Milei el 6 de septiembre de 2024 como árbitro y conciliador por la Argentina en el CIADI -tal como consta en el informe anual 2025 de la institución- hasta 2030, pero dos años más tarde patrocina una demanda contra el país en el mismo tribunal.
García Sanz fue consultado por Clarín pero no quiso responder sobre su designación de hace dos años ni sobre su supuesta renuncia, ya que no aparece actualmente como árbitro argentino en el tribunal. "Por regla no podemos comentar sobre los casos en curso", se limitó a contestar.
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