La justicia platense ordenó la prisión preventiva de la funcionaria bonaerense acusada de integrar una red de captación de personas, a quienes les robaba datos para abrir cuentas bancarias para lavar dinero de actividades ilegales.
Albertina Mangini, ex agente del ministerio Público provincial y luego trasladada a un cargo directivo en el Patronato de Liberados del gobierno de Buenos Aires, seguirá detenida mientras continúe el proceso. Según un dictamen del juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, confirmó la preventiva para la mujer y otras dos personas involucradas en una red dedicada a la explotación de juegos de azar clandestinos y cuyos activos eran “blanqueados” mediante el uso de identidades digitales robadas. A partir de esta maniobra se habrían operado hasta 27.000 millones de pesos de acuerdo con las hipótesis judiciales.
Ahora los investigadores intentarán conectar otros eslabones de esta cadena de acciones ilícitas porque existe una seria sospecha de que la ingeniería financiera no terminaba en Mangini, que era una funcionaria de segundo nivel en el organismo estatal.
La fiscal que tiene a su cargo el caso, Betina Lacki, analiza pruebas que sugieren una estructura jerárquica que utilizaba técnicas de "smurfing" para blanquear dinero y fragmentar operaciones bancarias sospechosas.
La mujer detenida al inicio de esta causa sería la responsable de la captación de datos biométricos de personas vulnerables. Ocurre que el Patronato se encarga de custodiar y seguir los movimientos de los ex presos detenidos por delitos penales que purgaron sus condenas. Hay más de 48 mil personas en esa condición en la Provincia.
El smurfing es una técnica para blanquear activos que consiste en fraccionar y atomizar sumas de dinero ilícito en múltiples operaciones de bajo monto. Así se evita que se disparen las alertas automatizadas de los sistemas bancarios y financieros.
Mangini se desempeñaba como Secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata. Allí atendía a personas bajo supervisión judicial (tutelados) que concurrían a la oficina del Patronato a firmar. Tras verificar que estuvieran "limpios en AFIP", les ofrecía sumas cercanas a los 80.000 pesos a cambio de ceder sus datos personales y abrir cuentas bancarias o billeteras virtuales.
Los encuentros para acordar con las víctimas se hacían en un bar situado frente al edificio del Fuero Penal platense, en 7 y 57.
Además de Mangini, otros dos imputados quedaron bajo prisión preventiva, según la resolución judicial. Uno es Mauro Perrotta, un comerciante y titular de los gimnasios Red Line, donde registraba empleados en nómina. Según la investigación tenía el control operativo de un panel de juego clandestino (identificado en la contabilidad con el marcador o sufijo decimal .12).
Administraba las "cuentas mulas" como caja recaudadora (para el cobro de apuestas y venta de fichas) y pagadora (pago de premios y del 27% de comisión a los proveedores). Se vinculaba con Mangini para la provisión constante de identidades y apertura de billeteras virtuales (Ualá, Mercado Pago, PayPal) a nombre de personas vulnerables, asociándolas a sus propias líneas o correos (como ).
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El otro procesado es Ignacio Leonel Marchioni quien actuaba como operador financiero e intermediario bancario y cripto . Cumplía una función central en la fase de circulación, estratificación y blanqueo de los fondos ilícitos. Era titular de 22 cuentas bancarias y billeteras virtuales (en Mercado Pago, Brubank, Ualá, Prex, Banco Santander y Banco Industrial) empleadas para dispersar los recursos. Operó una pasarela de pago en la plataforma Haz Pagos por la que movilizó una cifra bruta superior a los 27.000 millones de pesos, utilizando un mecanismo de vaciamiento automático e inmediato para evitar el rastreo del dinero fiduciario.
Según constató la Justicia, movilizó más de 8,3 millones de USDT (dólares cripto) mediante billeteras de autocustodia (Trust Wallet) y realizó giros bilaterales millonarios con otros investigados como Catriel Taubenschlag.
Ambos quedaron imputados por lavado de activos y asociación ilícita.
Además, Crispo ordenó una medida cautelar de inhibición general de bienes sobre la totalidad de las propiedades de Mangini, Marchioni y Perrotta mientras dure el proceso.
Hace un mes, cuando habían pasado unos días de la detención, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata rechazó un habeas corpus presentado por la defensa de Mangini y confirmó la legalidad de todos los procedimientos que derivaron en su arresto, pedido por Lacki.
La defensa de la acusada, integrada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, presentó un pedido de morigeración de la prisión sustentado el problemas de salud. Elevaron informes médicos y psiquiátricos (Mangini esta en tratamiento desde el año 2018) y de los profesionales que la atendieron tras su detención. Plantearon un deterioro psicofísico y riesgo de vida y también una situación familiar: sus padres tienen 76 y 80 años, padecen enfermedades graves y que Albertina es su única hija.
Los planteos fueron rechazados por Crispo. Seguirá en una celda del Servicio Penitenciario.
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