El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, defendió el accionar de los organismos provinciales en el traslado del bebé de Rancul, que se encontraba en estado de adoptabilidad y tenía una familia adoptiva seleccionada por la Justicia. Aseguró que se actuó en cumplimiento de una orden judicial y que se buscó preservar los derechos del niño.
El funcionario hizo declaraciones este martes en la Legislatura Provincial, donde acudió para abordar la modificación de la legislación que deberá adoptarse ante la entrada en vigencia de la baja de edad en la imputabilidad de menores. Pero no pudo esquivar las consultas de la prensa sobre el conflictivo procedimiento del lunes, cuando la familia sustituta fue interceptada en la caminera policial de Castex, para conseguir la entrega del niño. "Priorizamos la situación menos violenta para el bebé", afirmó.
El caso comenzó con una pareja de Rancul, Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, que recibió al bebé a los dos meses de vida como familia de contención y, con el paso del tiempo, desarrolló un fuerte vínculo con él. La pareja pidió ser considerada para la adopción, pero el planteo chocó con la normativa que impide que las familias de contención adopten a los niños que tienen temporalmente a su cargo.
El conflicto llegó a distintas instancias judiciales y, aunque la Corte Suprema había abierto la posibilidad de analizar el planteo de la familia, la Justicia pampeana finalmente ordenó la restitución del bebé a la familia adoptante seleccionada por el Registro.
El lunes, después de que el Superior Tribunal de Justicia declarara inadmisible el recurso extraordinario presentado por la familia, se produjo el episodio más tenso: la pareja se negó inicialmente a entregar al bebé y, cuando regresaba hacia Rancul, fue interceptada por la Policía en la Ruta Nacional 35, a la altura de Eduardo Castex. Tras el operativo, el niño fue trasladado y finalmente quedó con la familia adoptante designada por la Justicia. La Subsecretaría de Niñez sostuvo que actuó en cumplimiento de una orden judicial y dio por concluida su intervención administrativa.
"Simplemente cumplimos una orden judicial. La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N.º 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva. Por lo tanto, se estaba esperando poder cumplir con esa orden judicial, materializarla y que el bebé tuviera el destino indicado por la jueza", dijo Álvarez antes de ingresar al plenario en la Legislatura.
—¿Fue una situación que se buscó hacer de determinada manera, porque se cuestionó el procedimiento? -le consultó la prensa.
—Nosotros cumplimos con una orden judicial. Fue una situación en la que se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé. Acá lo que priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas. En esta circunstancia, era un bebé que tenía que ir, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa de adopción, a la familia adoptante.
—¿La ley está bien o, a partir de estos casos, podría plantearse alguna modificación?
—A nosotros no nos corresponde, en esta circunstancia, analizar eso. Creo que la ley de fondo buscó en su momento terminar con ciertas prácticas que se daban a nivel país, como la posibilidad de resolver las adopciones mediante guardas irregulares.
Creo que ese fue uno de los principales objetivos que buscó la ley cuando se modificó el Código Civil y se creó el Registro Único de Adoptantes. Se estableció un procedimiento claro y se buscó que, mediante las guardas directas, no se pudiera eludir ese sistema, para transparentarlo y hacerlo mucho más justo y equitativo para aquellas personas que realmente quieren adoptar.
En este proceso se pone en el eje el derecho de los niños y niñas. Lo que se hace a través del Registro Único de Adoptantes es buscar un perfil que sea acorde para ese niño, teniendo en cuenta que se trata de una decisión que va a ser definitiva para toda su vida.
—¿Cómo trataba esta familia de Rancul al bebé?
—No quiero hablar de eso. Es un tema resuelto. Puedo comprender algunas situaciones, pero nosotros debemos atenernos a la ley y a la orden judicial que tuvimos que cumplir.
Fue un proceso judicial transparente, en el que tuvieron la oportunidad de ejercer todas las defensas que consideraron pertinentes en primera instancia, segunda instancia y ante la Corte. Ayer se conoció el último rechazo del Superior Tribunal de Justicia, que señaló que no había recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El caso de General Pico
—¿Y del caso de Pico qué se puede decir, que se conoció después?
—En el caso de Pico intervino la Unidad Local de Niñez, donde detectaron —vamos a hablar en términos de supuestos, de situaciones potenciales— que podía existir una posible apropiación de un niño a través de la entrega de una suma de dinero.
Cuando la familia tomó conocimiento de que se iba a realizar la denuncia, se presentó ante el juzgado solicitando la guarda. La jueza rechazó el pedido de guarda y dio intervención al fiscal ante la posible comisión de un delito de apropiación y otros delitos que pudieran corresponder.
Todo está en el ámbito judicial y, en materia penal, hoy la investigación está en curso.
—¿Y esa criatura fue dada en guarda a otra familia?
—Esa criatura hoy está en un dispositivo de niñez.
—La familia dice que antes de tener al niño habían ido a la Unidad Local de Niñez y que se habían entrevistado con ellos.
—Sí, de ahí surge la información. La propia familia manifestó que había realizado un pago por el niño y que no eran referentes afectivos. Pero es materia judicial y a mí no me corresponde emitir opinión, porque lo único que tenemos es la información que surge de las actuaciones judiciales.
Reforma del Código Procesal Penal
Por otra parte, Álvarez explicó que fue al plenario para explicar "la reforma enviada por el Poder Ejecutivo fue trabajada conjuntamente con el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría y todos los organismos que tienen que ver con la aplicación del Código de Procedimiento".
"Como se sabe, fue modificada la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años a través de la Ley 27.801. Lo que corresponde a las provincias, dentro de sus competencias, es modificar el procedimiento penal para adecuarlo a los nuevos límites que fija la ley de fondo", añadió.
—¿Esto sería para poder sancionar y castigar, y eventualmente llegar a una prisión de menores?
—No necesariamente. No hablaría de sancionar y castigar, sino de que va a haber persecución penal. Lo que plantea la reforma del Código Procesal de la provincia son alternativas distintas a la prisión y al castigo para los adolescentes que infrinjan la ley penal. Son prácticas modernas que tienen que ver con la reparación del daño y con otras salidas de justicia restaurativa.
Más allá de que, obviamente, no estamos de acuerdo con la ley de fondo nacional, nosotros estamos dentro de un Estado de derecho y, dentro de ese Estado de derecho, las leyes están para cumplirse y para cumplir con la Constitución. Dentro de ese marco tenemos que acondicionar la normativa procesal provincial.
—¿Puede llegar a pasar en La Pampa algo como la suspensión de la decisión?
—Eso es una decisión judicial de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, los que estamos acá, tenemos que trabajar sobre nuestra normativa. Y en esto le agradezco también la prontitud a la Cámara, que hizo un plenario de comisiones para analizar si el jueves, en un plenario de la Cámara, se puede aprobar con las mayorías especiales que requiere.
Por eso venimos a explicarlo y a evacuar las dudas que puedan surgir. Es un proyecto muy técnico, que modifica normativa procesal y no cuestiones de fondo. Por eso viene parte del equipo que participó en la redacción del proyecto para poder darles las explicaciones a los legisladores.
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El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, defendió el procedimiento por el bebé de Rancul: "Nosotros cumplimos con una orden judicial". El funcionario defendió la actuación estatal y dijo que se priorizaron los derechos del bebé.
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