El Gobierno provincial aplicó sanciones económicas y administrativas a personas que infringieron la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, con multas millonarias y prohibiciones de caza para casos de reincidencia.
La Subsecretaría de Asuntos Agrarios notificó a través del Boletín Oficial una serie de sanciones severas contra infractores de la Ley Nº 1194 de Conservación de Fauna Silvestre. Las resoluciones incluyen multas millonarias y la inhabilitación para realizar actividades de caza hasta finales de 2026 para aquellos detectados como reincidentes.
De acuerdo con las disposiciones publicadas el 23 de enero, el Gobierno provincial ha intensificado los controles y las penas económicas para quienes violan las normativas de protección de la fauna. El caso más resonante es el de Guillermo Juan Andrés Tomaselli, quien fue sancionado con una multa de 3.390.000 pesos en carácter de reincidente. Además de la carga económica, se le aplicó la sanción accesoria de inhabilitación para cualquier uso permitido por la ley hasta el 31 de diciembre de 2026.
Otros infractores enfrentan cargos similares por montos elevados. Nicolás Gabriel De Dios Rigal recibió una multa de 2.486.000 pesos, mientras que a Leandro Omar Fris Herrera se le impuso un pago de 2.260.000 pesos junto con la inhabilitación para cazar durante todo el año en curso. Por su parte, Yamil Isel Pereyra e Ignacio Ricardo Rubira fueron sancionados con montos de 1.130.000 pesos y 1.025.800 pesos respectivamente.
Todas las actuaciones se enmarcan en la Ley Nº 1194 y su Decreto Reglamentario Nº 2218/94. Las disposiciones, firmadas por el Subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, establecen que los sancionados tienen un plazo perentorio de diez días hábiles para ingresar los fondos en la cuenta de Rentas Generales de la provincia, bajo el nombre de la Dirección General de Recursos Naturales.
Además de las multas de mayor envergadura, el boletín detalla infracciones menores pero igualmente punibles, con montos que oscilan entre los 34.580 y los 678.000 pesos para diversos ciudadanos. En varios casos, como el de Juan Carlos Tarrio y Eugenio Nicasio Giménez, se les ha emplazado también a constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa bajo apercibimiento de ley.
eldiariodelapampa
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