Germán Giuliani, un abogado de San Isidro que viajó a Venezuela por motivos laborales en abril de 2025, se encuentra detenido como preso político desde mayo del año pasado. Su esposa, Virginia Rivero, inició una campaña pública para obtener información sobre su estado de salud tras perder todo contacto tras su reciente traslado carcelario.
Hasta el 21 de diciembre, Giuliani permaneció en un comando en Caracas, un espacio reducido con solo tres celdas y sin acceso al aire libre. Sin embargo, fue derivado al estado de Miranda, a la prisión de Yare, un penal de mayor tamaño que cuenta con un sector específico para detenidos por causas políticas.
“Desde el 21 de diciembre se me hace dificilísimo, por eso estamos denunciando para ver si podemos obtener una fe de vida de Germán”, explicó Rivero a La Voz En Vivo. La mujer detalló que, aunque realizó todas las denuncias correspondientes, el caso no había sido mediático mientras conocía su paradero exacto.
Un viaje laboral que terminó en detención
Giuliani, quien posee su propio estudio jurídico en Buenos Aires, decidió viajar a Caracas para realizar trámites comerciales independientes. “Somos una familia de clase media y surgió hacer un trabajo para tener unos pesos más; por eso decidió viajar”, relató su esposa.
Durante su estadía, el abogado manifestó su incomodidad por los constantes controles militares a los que era sometido en la vía pública. “Le exigían dejar el celular arriba del mostrador para comprar un café o dejar su pasaporte en un quiosco; a cada rato le pedían el teléfono”, precisó Rivero.
La última comunicación familiar ocurrió la noche del 20 de mayo, cuando Giuliani habló con su hijo de 11 años para decirle que “falta repoquito, ya la semana que viene estoy en casa”. Al día siguiente se perdió el rastro y el 23 de mayo la familia se enteró por la prensa de su detención.
Cargos sin pruebas y audiencias fallidas
Según la denuncia de su familia, Giuliani fue detenido arbitrariamente tras ser identificado por su origen nacional. “Le preguntaron el nombre y cuando escucharon el acento argentino fue secuestrado; después le pusieron los cargos de terrorismo, narcotráfico y mercenario”, afirmó Rivero.

A pesar de las acusaciones, el Foro Penal de Venezuela informó a la familia que no existen pruebas que sustenten la causa judicial. El 17 de julio se programó una audiencia vía Zoom que fue cancelada bajo el argumento de que no había conexión a internet en el penal.
“En esa audiencia él tiene que quedar libre porque no hay pruebas, pero nos anticipaban que no iban a permitir que se lleve a cabo porque es un preso político”, denunció la mujer. Durante los siete meses que estuvo en Caracas, esa fue la única vez que Giuliani salió de su celda.
Gestiones diplomáticas y el impacto familiar
La situación generó un fuerte impacto en el núcleo familiar, que debió recurrir a asistencia psicológica para los hijos de Giuliani. “Mi hijo más chico empezó con miedos a la noche; ellos me ven triste y me piden que no vaya a buscar a papá a Venezuela”, compartió Rivero.
En cuanto a las gestiones oficiales, la familia mantiene contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Cancillería trabaja de una manera muy secreta; están esperanzados en que todo esto se va a resolver próximamente”, indicó la esposa del abogado.
Una de las principales esperanzas de la familia radica en la reciente reapertura de la Embajada de Estados Unidos en territorio venezolano. “Es una noticia muy esperanzadora; es ver un poco de luz en este camino para creer que se puede dar la liberación”, concluyó Rivero.
El caso de Giuliani se suma al de otros ciudadanos extranjeros que enfrentan procesos judiciales en Venezuela bajo condiciones que organizaciones internacionales califican como violatorias del debido proceso. Su familia aguarda ahora que la presión internacional facilite un canal de comunicación directo con el penal de Yare.
Germán Giuliani, un abogado de San Isidro que viajó a Venezuela por motivos laborales en abril de 2025, se encuentra detenido como preso político desde mayo del año pasado. Su esposa, Virginia Rivero, inició una campaña pública para obtener información sobre su estado de salud tras perder todo contacto tras su reciente traslado carcelario.Hasta el 21 de diciembre, Giuliani permaneció en un comando en Caracas, un espacio reducido con solo tres celdas y sin acceso al aire libre. Sin embargo, fue derivado al estado de Miranda, a la prisión de Yare, un penal de mayor tamaño que cuenta con un sector específico para detenidos por causas políticas.“Desde el 21 de diciembre se me hace dificilísimo, por eso estamos denunciando para ver si podemos obtener una fe de vida de Germán”, explicó Rivero a La Voz En Vivo. La mujer detalló que, aunque realizó todas las denuncias correspondientes, el caso no había sido mediático mientras conocía su paradero exacto.Un viaje laboral que terminó en detenciónGiuliani, quien posee su propio estudio jurídico en Buenos Aires, decidió viajar a Caracas para realizar trámites comerciales independientes. “Somos una familia de clase media y surgió hacer un trabajo para tener unos pesos más; por eso decidió viajar”, relató su esposa.Durante su estadía, el abogado manifestó su incomodidad por los constantes controles militares a los que era sometido en la vía pública. “Le exigían dejar el celular arriba del mostrador para comprar un café o dejar su pasaporte en un quiosco; a cada rato le pedían el teléfono”, precisó Rivero.La última comunicación familiar ocurrió la noche del 20 de mayo, cuando Giuliani habló con su hijo de 11 años para decirle que “falta repoquito, ya la semana que viene estoy en casa”. Al día siguiente se perdió el rastro y el 23 de mayo la familia se enteró por la prensa de su detención.Cargos sin pruebas y audiencias fallidasSegún la denuncia de su familia, Giuliani fue detenido arbitrariamente tras ser identificado por su origen nacional. “Le preguntaron el nombre y cuando escucharon el acento argentino fue secuestrado; después le pusieron los cargos de terrorismo, narcotráfico y mercenario”, afirmó Rivero.A pesar de las acusaciones, el Foro Penal de Venezuela informó a la familia que no existen pruebas que sustenten la causa judicial. El 17 de julio se programó una audiencia vía Zoom que fue cancelada bajo el argumento de que no había conexión a internet en el penal.“En esa audiencia él tiene que quedar libre porque no hay pruebas, pero nos anticipaban que no iban a permitir que se lleve a cabo porque es un preso político”, denunció la mujer. Durante los siete meses que estuvo en Caracas, esa fue la única vez que Giuliani salió de su celda.Gestiones diplomáticas y el impacto familiarLa situación generó un fuerte impacto en el núcleo familiar, que debió recurrir a asistencia psicológica para los hijos de Giuliani. “Mi hijo más chico empezó con miedos a la noche; ellos me ven triste y me piden que no vaya a buscar a papá a Venezuela”, compartió Rivero.En cuanto a las gestiones oficiales, la familia mantiene contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Cancillería trabaja de una manera muy secreta; están esperanzados en que todo esto se va a resolver próximamente”, indicó la esposa del abogado.Una de las principales esperanzas de la familia radica en la reciente reapertura de la Embajada de Estados Unidos en territorio venezolano. “Es una noticia muy esperanzadora; es ver un poco de luz en este camino para creer que se puede dar la liberación”, concluyó Rivero.El caso de Giuliani se suma al de otros ciudadanos extranjeros que enfrentan procesos judiciales en Venezuela bajo condiciones que organizaciones internacionales califican como violatorias del debido proceso. Su familia aguarda ahora que la presión internacional facilite un canal de comunicación directo con el penal de Yare. La Voz

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