El empresariado cordobés también presionará a Llaryora por la reforma laboral

La Voz

El gobernador Martín Llaryora no solo deberá enfrentar en las próximas semanas la presión del Gobierno nacional para que los diputados y senadores del oficialismo cordobés acompañen el proyecto de modernización laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

También empieza a tomar forma un reclamo explícito desde el propio entramado gremial empresario de la provincia, que considera que el escenario político y económico abre una ventana que no puede desaprovecharse.

“Es ahora o nunca”, repiten en voz baja dirigentes del sector privado que siguen de cerca el pulso legislativo y las negociaciones en el Congreso.

El mensaje apunta al Panal, pero también a cada uno de los representantes cordobeses en ambas cámaras, a quienes se les pedirá una postura clara y sin matices.

Como se sabe, la Casa Rosada planea enviar al ministro del Interior, Diego Santilli, a distintas provincias para dialogar con los gobernadores y asegurar los votos necesarios. No hay confirmación oficial sobre cuándo llegará a Córdoba, aunque en el empresariado local descuentan que el contacto político se intensificará a medida que avance el calendario parlamentario.

El interés no se concentra tanto en la discusión conceptual, sino en el impacto económico que tendría la ley para mejorar la competitividad.

La expectativa está puesta en la reducción de costos vinculados a la industria del juicio, la baja en el costo de cargas sociales y una mayor flexibilidad para contratar en actividades nuevas o estacionales.

Afinar una postura

Llaryora mantuvo en los últimos días del año pasado un encuentro con el denominado Grupo de los Siete (G-7), que reúne a las entidades empresariales más influyentes de Córdoba.

El motivo: los cambios para financiar la Caja de Jubilaciones de la provincia. El tema de la modernización laboral no fue abordado de manera directa, pero quedó sobre la mesa como una discusión pendiente. En el sector privado dan por hecho que en las próximas semanas habrá un análisis más profundo y un planteo formal ante el Gobierno provincial.

Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba e integrante de ese grupo, no dejó lugar a dudas. “Seguramente le pediremos a diputados y senadores de Córdoba que acompañen la reforma laboral”. El dirigente recordó además que la temática es parte de “la agenda permanente de la Unión Industrial Argentina”, lo que refuerza la idea de un alineamiento nacional y provincial.

El propio presidente de la UIA, Martín Rappallini, integra el Consejo de Mayo, el ámbito creado para traducir en leyes los acuerdos firmados por la Nación y las provincias. Allí, la modernización laboral aparece como uno de los ejes centrales, incluso como condición previa para cualquier intento de reforma previsional.

En ese espacio se conformaron mesas técnicas y una de las dos áreas más complejas fue la laboral. El proyecto incluye cambios en la ultraactividad y la prelación de convenios, revisiones sobre la carga fiscal laboral, regulaciones para trabajadores autónomos y de plataformas, modificaciones en el trabajo agrario y la derogación de normas consideradas obsoletas, entre ellas la ley de teletrabajo sancionada durante la pandemia.

A esto se suma un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que propone una baja de cargas por dos años, la promoción del empleo registrado y una reducción de aportes vinculados a la seguridad social y a las obras sociales. Para el empresariado, este paquete es clave para mejorar competitividad y previsibilidad.

Macario fue más allá y anticipó que la UIC realizará una ronda de contactos con los legisladores cordobeses en cada etapa del tratamiento del proyecto.

Todos miran al Ieric

La industria de la construcción observa el debate desde una posición particular. No se siente directamente alcanzada porque ya opera bajo un régimen propio que suele ser citado como ejemplo, el Ieric.

Héctor Berra, presidente de Camarco Córdoba, explicó cómo funciona: se trata de un contrato flexible, con depósitos mensuales obligatorios, sin generación de pasivos contingentes y con una liquidación automática al finalizar la obra. “El esquema cubre a la inmensa mayoría de los trabajadores del sector y es visto como un modelo sano y previsible”, indicó.

Berra sostuvo que todavía no se habló del tema en profundidad dentro del G-7, cuya entidad también integra, pero consideró lógico que llegado el momento se exprese un respaldo.

“No vamos a dudar en pedir y apoyar la modernización laboral”, subrayó.

Para el dirigente, en un mundo moderno “no hay lugar para relaciones laborales tóxicas ni para sistemas que acumulen conflictos”.

Claro que el caso de la construcción plantea otro frente: por más moderna que sea la ley, cuando no hay actividad económica no se genera empleo.

La Cámara de Comercio de Córdoba, uno de los sectores que más empleo formal genera (casi 255.000 directos), también se alinea con la modernización.

Está realizando un relevamiento interno para medir el impacto de los cambios y planea entregar ese informe a los senadores nacionales por Córdoba, y luego a los diputados, para solicitarles el acompañamiento explícito.

Sebastián Parra, su presidente, fue directo al señalar que apoyan la reforma.

Mientras tanto, el tratamiento parlamentario se reiniciará en tres semanas. Según lo anunciado por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la actividad formal en el Congreso se reanudará la semana del lunes 2 de febrero.

El oficialismo ya cuenta con dictamen para la ley de modernización laboral, pero acordó con sectores dialoguistas, los que busca Santilli, postergar el debate para sumar consensos. Una fuente legislativa confirmó que la intención es llevar el proyecto al recinto el miércoles 11 de febrero.

La bancada libertaria parte de una base de 21 adhesiones, incluyendo aliados como el cordobés Luis Juez, a 16 del quórum. Confía además en sumar apoyos del radicalismo, del PRO y de senadores provinciales clave. En el empresariado cordobés creen que el escenario es favorable y que este es el momento para avanzar sin dilaciones.

Algunas las miradas apuntan a Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas, que se abstuvo en el tratamiento del Presupuesto 2026.

“Nos hablan todo el año de producción y cuando pueden dar un paso concreto, se abstienen. Es algo que no tiene cabida”, cuestionó con dureza un empresario local.

Los votos de los libertarios cordobeses y de Juez se dan por descontados. También se espera acompañamiento del radicalismo. En el espacio que expresa la posición de Llaryora, la figura de Juan Schiaretti pesa como antecedente de apoyo a la industria y la producción. Votar en contra o correrse del debate sería incómodo.

El caso de Natalia de la Sota genera dudas. En el empresariado la vinculan al massismo y creen que no acompañará la reforma, pese a la tradición de diálogo de su padre con el sector privado.

“Hay que hacer una pirueta muy grande para salirse de esos dogmas”, resumen, mientras la presión crece, con un ojo en el reloj legislativo.

​El gobernador Martín Llaryora no solo deberá enfrentar en las próximas semanas la presión del Gobierno nacional para que los diputados y senadores del oficialismo cordobés acompañen el proyecto de modernización laboral que impulsa el presidente Javier Milei. También empieza a tomar forma un reclamo explícito desde el propio entramado gremial empresario de la provincia, que considera que el escenario político y económico abre una ventana que no puede desaprovecharse.“Es ahora o nunca”, repiten en voz baja dirigentes del sector privado que siguen de cerca el pulso legislativo y las negociaciones en el Congreso. El mensaje apunta al Panal, pero también a cada uno de los representantes cordobeses en ambas cámaras, a quienes se les pedirá una postura clara y sin matices.Como se sabe, la Casa Rosada planea enviar al ministro del Interior, Diego Santilli, a distintas provincias para dialogar con los gobernadores y asegurar los votos necesarios. No hay confirmación oficial sobre cuándo llegará a Córdoba, aunque en el empresariado local descuentan que el contacto político se intensificará a medida que avance el calendario parlamentario.El interés no se concentra tanto en la discusión conceptual, sino en el impacto económico que tendría la ley para mejorar la competitividad. La expectativa está puesta en la reducción de costos vinculados a la industria del juicio, la baja en el costo de cargas sociales y una mayor flexibilidad para contratar en actividades nuevas o estacionales.Afinar una posturaLlaryora mantuvo en los últimos días del año pasado un encuentro con el denominado Grupo de los Siete (G-7), que reúne a las entidades empresariales más influyentes de Córdoba. El motivo: los cambios para financiar la Caja de Jubilaciones de la provincia. El tema de la modernización laboral no fue abordado de manera directa, pero quedó sobre la mesa como una discusión pendiente. En el sector privado dan por hecho que en las próximas semanas habrá un análisis más profundo y un planteo formal ante el Gobierno provincial.Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba e integrante de ese grupo, no dejó lugar a dudas. “Seguramente le pediremos a diputados y senadores de Córdoba que acompañen la reforma laboral”. El dirigente recordó además que la temática es parte de “la agenda permanente de la Unión Industrial Argentina”, lo que refuerza la idea de un alineamiento nacional y provincial.El propio presidente de la UIA, Martín Rappallini, integra el Consejo de Mayo, el ámbito creado para traducir en leyes los acuerdos firmados por la Nación y las provincias. Allí, la modernización laboral aparece como uno de los ejes centrales, incluso como condición previa para cualquier intento de reforma previsional.En ese espacio se conformaron mesas técnicas y una de las dos áreas más complejas fue la laboral. El proyecto incluye cambios en la ultraactividad y la prelación de convenios, revisiones sobre la carga fiscal laboral, regulaciones para trabajadores autónomos y de plataformas, modificaciones en el trabajo agrario y la derogación de normas consideradas obsoletas, entre ellas la ley de teletrabajo sancionada durante la pandemia.A esto se suma un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que propone una baja de cargas por dos años, la promoción del empleo registrado y una reducción de aportes vinculados a la seguridad social y a las obras sociales. Para el empresariado, este paquete es clave para mejorar competitividad y previsibilidad.Macario fue más allá y anticipó que la UIC realizará una ronda de contactos con los legisladores cordobeses en cada etapa del tratamiento del proyecto.Todos miran al IericLa industria de la construcción observa el debate desde una posición particular. No se siente directamente alcanzada porque ya opera bajo un régimen propio que suele ser citado como ejemplo, el Ieric.Héctor Berra, presidente de Camarco Córdoba, explicó cómo funciona: se trata de un contrato flexible, con depósitos mensuales obligatorios, sin generación de pasivos contingentes y con una liquidación automática al finalizar la obra. “El esquema cubre a la inmensa mayoría de los trabajadores del sector y es visto como un modelo sano y previsible”, indicó.Berra sostuvo que todavía no se habló del tema en profundidad dentro del G-7, cuya entidad también integra, pero consideró lógico que llegado el momento se exprese un respaldo. “No vamos a dudar en pedir y apoyar la modernización laboral”, subrayó. Para el dirigente, en un mundo moderno “no hay lugar para relaciones laborales tóxicas ni para sistemas que acumulen conflictos”.Claro que el caso de la construcción plantea otro frente: por más moderna que sea la ley, cuando no hay actividad económica no se genera empleo.La Cámara de Comercio de Córdoba, uno de los sectores que más empleo formal genera (casi 255.000 directos), también se alinea con la modernización. Está realizando un relevamiento interno para medir el impacto de los cambios y planea entregar ese informe a los senadores nacionales por Córdoba, y luego a los diputados, para solicitarles el acompañamiento explícito. Sebastián Parra, su presidente, fue directo al señalar que apoyan la reforma.Mientras tanto, el tratamiento parlamentario se reiniciará en tres semanas. Según lo anunciado por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la actividad formal en el Congreso se reanudará la semana del lunes 2 de febrero. El oficialismo ya cuenta con dictamen para la ley de modernización laboral, pero acordó con sectores dialoguistas, los que busca Santilli, postergar el debate para sumar consensos. Una fuente legislativa confirmó que la intención es llevar el proyecto al recinto el miércoles 11 de febrero.La bancada libertaria parte de una base de 21 adhesiones, incluyendo aliados como el cordobés Luis Juez, a 16 del quórum. Confía además en sumar apoyos del radicalismo, del PRO y de senadores provinciales clave. En el empresariado cordobés creen que el escenario es favorable y que este es el momento para avanzar sin dilaciones.Algunas las miradas apuntan a Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas, que se abstuvo en el tratamiento del Presupuesto 2026. “Nos hablan todo el año de producción y cuando pueden dar un paso concreto, se abstienen. Es algo que no tiene cabida”, cuestionó con dureza un empresario local.Los votos de los libertarios cordobeses y de Juez se dan por descontados. También se espera acompañamiento del radicalismo. En el espacio que expresa la posición de Llaryora, la figura de Juan Schiaretti pesa como antecedente de apoyo a la industria y la producción. Votar en contra o correrse del debate sería incómodo.El caso de Natalia de la Sota genera dudas. En el empresariado la vinculan al massismo y creen que no acompañará la reforma, pese a la tradición de diálogo de su padre con el sector privado. “Hay que hacer una pirueta muy grande para salirse de esos dogmas”, resumen, mientras la presión crece, con un ojo en el reloj legislativo.  ​

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