Caja de Jubilaciones: El 70% del ajuste que hizo Llaryora beneficia a los que menos ganan

La Voz

Entran dos pesos, sale uno. Esa podría ser la síntesis financiera de la última reforma de Martín Llaryora tras la reciente reforma al sistema previsional cordobés: por cada dos pesos adicionales extra que logró recaudar con la suba de aportes previsionales, gastó uno en los aumentos dirigidos a quienes cobran por debajo de 1,3 millones de pesos y en la morigeración del aporte solidario que afectaba a 20 mil pasivos.

Los polémicos cambios contenidos en la Ley de Equidad Jubilatoria Nº 11.087 –que es cuestionada por todos los gremios estatales provinciales– implican una suba de dos a ocho puntos de los aportes que hacen casi 190 mil trabajadores a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Como el haber de los pasivos está atado a los activos, esa suba de aportes implica una reducción en la misma proporción a los pasivos, por el momento disimulada dado en esta primera etapa quedaron a cuenta de “futuros aumentos”.

La novedad es que la administración de Llaryora decidió pagarles un extra a los que perciben por debajo del 1,3 millón de pesos, con independencia de la movilidad prevista en la ley. Ese bono, de $ 130 mil promedio, implica perder la mitad de los recursos adicionales que logró generar con el ajuste. Pero hay más.

Las cifras

Veamos los números. En el 2025, la Caja gastó 2,3 billones de pesos en abonar las jubilaciones y pensiones a sus casi 117 mil beneficiarios. Los recursos genuinos del sistema, es decir, lo que aportan los activos y los empleadores (Provincia, municipios, Epec y Bancor) cubrieron apenas el 53% de ese gasto.

El otro 47% faltó y hubo que buscarlo en otras fuentes. La plata no fue poca: $716.619 millones. La cifra es más alta que el presupuesto íntegro del Poder Judicial y se acerca al gasto global en seguridad de la Provincia.

De ese rojo, el Tesoro provincial puso $ 357.215, es decir, el 53%. Si Anses pagara lo que pretende Córdoba, la cuenta se achicaría en apenas un tercio.

Aunque eso significa que el auxilio del Gobierno nacional –que hoy niega– tampoco es la solución definitiva al déficit de la Caja de Jubilaciones, ya que seguirían faltando casi 600 mil millones.

Un 23% lo pusieron en el 2025 (también en el año anterior) los empleados, a quienes se les descontó 2, 3 o 4 puntos adicionales al aporte personal y que se derivaron a un fondo llamado Fooca. Y además, estaba el aporte “solidario” de quienes tienen dos ingresos, a quienes se les recortaba el 20% del haber que pagaba la Caja. Otro 15% se explica por el aporte extra de Ingresos Brutos al sector financiero, los $ 5.000 millones de Anses y otros impuestos nacionales varios que tienen asignación previsional específica.

Tras la ley

Pero con el haber que se pagó en diciembre hubo una reconfiguración de todo eso, ya que el 18 de diciembre se aprobó la ley de Equidad.

El rojo mensual “teórico” en diciembre equivalía a $ 66.250 millones, contando en ese número las medidas de emergencia vigentes desde la gestión de Juan Schiaretti y los $ 5.000 millones que Anses manda por mes. Es lo que tenía que poner la Provincia y lo que Llaryora quería achicar.

“La Caja de Jubilaciones arrastra desde hace años un problema estructural de déficit que viene desde gestiones anteriores, de distintos signos políticos”, dijo el gobernador Llaryora en un mensaje que distribuyó por redes cuando anunció los detalles de la Ley de Equidad Jubilatoria.

Sin embargo, lo que se logró escribir con la mano se borró con el codo. La suba del aporte personal a los activos le reporta al sistema $ 6.050 millones al mes: dos puntos extras a los que ganan entre $ 755 mil y $ 1 millón; cuatro extras para los sueldos de un millón a 2,5 millones; seis puntos de 2,5 millón a 3.5 millón y ocho puntos de 3,5 millón en adelante.

Esos 6.050 millones representan el 9% del rojo a cubrir. En tanto, los jubilados tendrán en el corto plazo un recorte en sintonía con los activos, dado que en Córdoba las jubilaciones tienen asegurado un núcleo duro que equivale al 82% del salario neto que se cobra en actividad (en realidad, al salario promedio de 10 años).

Si el salario neto se achica (porque los aportes pasan del 15% al 19%, por ejemplo, en el caso de una inspectora de escuela) también se achicará la jubilación de quien se retiró como inspectora.

Ese ahorro por la aplicación de mayores aportes personales reportará en el corto plazo una suma de 10.700 millones, el 16% del rojo a cubrir.

De todos modos, ese ahorro por el momento no impacta de lleno porque se prometió que ningún pasivo en diciembre cobraría menos que en noviembre, eso sin contar el aporte adicional al Apross. La vuelta jurídica que le encontró la Caja (que ya la había aplicado Schiaretti cuando recalculó el núcleo duro) para no recortar los haberes fue absorber el recorte con los aumentos programados por paritarias.

Si al jubilado en diciembre le correspondía un aumento, la Caja lo pagó pero aplicó el descuento por la suba de aportes. Si no correspondía pagarle, porque en diciembre ese sector no tenía pendiente una suba salarial, aplicó el descuento pero lo cubrió con fondos de la Caja, en un ítem que apareció en el recibo como “adicional extraordinario adelanto de movilidad”.

Esos adelantos le representaron a la Caja un costo de $ 5.400 millones, que irá desapareciendo en cuatro o cinco meses, cuando se paguen los aumentos y a la vez se apliquen los mayores descuentos. Para entonces, el ahorro llegará a los $ 16.750 millones, es decir, el 25% del rojo de la Caja.

Restitución del 82%

Sin embargo, también se hicieron anuncios de mayor gasto. El mayor número está en lo que Llaryora llama “la restitución del 82%” a los que perciben por debajo de 1,3 millones: cuesta $ 6.750 millones. Hay casi 53 mil jubilados beneficiados, con sumas que van de 100 mil a 190 mil pesos y un promedio de 130 mil.

En tanto, se morigeró el impacto a quienes estaban alcanzados por el aporte solidario, que eran 20 mil beneficiarios: a la mitad le dejaron de descontar y la otra mitad paga menos. Esto cuesta $ 2.265 millones al mes.

Así, a la recaudación de $ 16.750 millones que proviene de las mayores alícuotas hay que descontarle $ 9.015 millones por las dos medidas anunciadas en simultáneo con la ley, dado que el espíritu de la reforma –según dijo el propio Llaryora– es que quienes más ganan hagan un esfuerzo para mejorar los ingresos de los que menos cobran. Hasta acá, sólo el 46% de los aportes adicionales van a cubrir el déficit: lo demás se reparte.

El bono del gobernador

Pero hay algunos gastos más, que se anunciaron cuando Córdoba y Anses acordaron un envío de $ 5.000 millones mensuales. La cifra representa apenas una cuarta parte de lo que pretende Córdoba, aunque Anses nunca se ha pronunciado sobre la cifra que debiera pagar.

Con esa cuota, desde agosto pasado, Llaryora anunció el aumento del complemento previsional a $ 700 mil pesos, que cuesta $ 800 millones al mes. Paga además un bono de $ 100 mil cada dos meses a los que perciben haberes de hasta 1,3 millones, que cuesta 1.800 millones al mes y que se terminaría en mayo, cuando vence el acuerdo con Anses.

Habrá que esperar si Anses continúa con los pagos y, en ese caso, qué pasará con el bono que decidió Llaryora.

Por el momento, estas dos medidas temporarias cuestan $ 2.500 millones al mes y elevan el gasto de $ 9.015 millones a $ 11.505 millones.

De esta manera, el 70% del esfuerzo adicional que hacen los 307 mil beneficiarios de la Caja, entre activos y pasivos, se gasta en un suplemento a los 53 mil que menos ganan y 10 mil que dejaron de estar alcanzados por el aporte solidario.

Para muchos, pura justicia distributiva en un año extremadamente complejo para el bolsillo de los cordobeses. Para algunos, una enorme contradicción porque el rojo de la Caja de Jubilaciones es una espada de Damocles cada vez más filosa que se cierne sobre la salud de las cuentas públicas provinciales: si se paga el costo político de recaudar, debiera usarse para achicar el déficit y no incrementar el gasto. Para otros, pura lógica electoral. El tiempo dirá, mientras los gremios estatales ya decidieron ir a la Justicia provincial en contra de la reforma de Llaryora.

​Entran dos pesos, sale uno. Esa podría ser la síntesis financiera de la última reforma de Martín Llaryora tras la reciente reforma al sistema previsional cordobés: por cada dos pesos adicionales extra que logró recaudar con la suba de aportes previsionales, gastó uno en los aumentos dirigidos a quienes cobran por debajo de 1,3 millones de pesos y en la morigeración del aporte solidario que afectaba a 20 mil pasivos.Los polémicos cambios contenidos en la Ley de Equidad Jubilatoria Nº 11.087 –que es cuestionada por todos los gremios estatales provinciales– implican una suba de dos a ocho puntos de los aportes que hacen casi 190 mil trabajadores a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.Como el haber de los pasivos está atado a los activos, esa suba de aportes implica una reducción en la misma proporción a los pasivos, por el momento disimulada dado en esta primera etapa quedaron a cuenta de “futuros aumentos”. La novedad es que la administración de Llaryora decidió pagarles un extra a los que perciben por debajo del 1,3 millón de pesos, con independencia de la movilidad prevista en la ley. Ese bono, de $ 130 mil promedio, implica perder la mitad de los recursos adicionales que logró generar con el ajuste. Pero hay más.Las cifrasVeamos los números. En el 2025, la Caja gastó 2,3 billones de pesos en abonar las jubilaciones y pensiones a sus casi 117 mil beneficiarios. Los recursos genuinos del sistema, es decir, lo que aportan los activos y los empleadores (Provincia, municipios, Epec y Bancor) cubrieron apenas el 53% de ese gasto. El otro 47% faltó y hubo que buscarlo en otras fuentes. La plata no fue poca: $716.619 millones. La cifra es más alta que el presupuesto íntegro del Poder Judicial y se acerca al gasto global en seguridad de la Provincia.De ese rojo, el Tesoro provincial puso $ 357.215, es decir, el 53%. Si Anses pagara lo que pretende Córdoba, la cuenta se achicaría en apenas un tercio. Aunque eso significa que el auxilio del Gobierno nacional –que hoy niega– tampoco es la solución definitiva al déficit de la Caja de Jubilaciones, ya que seguirían faltando casi 600 mil millones. Un 23% lo pusieron en el 2025 (también en el año anterior) los empleados, a quienes se les descontó 2, 3 o 4 puntos adicionales al aporte personal y que se derivaron a un fondo llamado Fooca. Y además, estaba el aporte “solidario” de quienes tienen dos ingresos, a quienes se les recortaba el 20% del haber que pagaba la Caja. Otro 15% se explica por el aporte extra de Ingresos Brutos al sector financiero, los $ 5.000 millones de Anses y otros impuestos nacionales varios que tienen asignación previsional específica.Tras la leyPero con el haber que se pagó en diciembre hubo una reconfiguración de todo eso, ya que el 18 de diciembre se aprobó la ley de Equidad. El rojo mensual “teórico” en diciembre equivalía a $ 66.250 millones, contando en ese número las medidas de emergencia vigentes desde la gestión de Juan Schiaretti y los $ 5.000 millones que Anses manda por mes. Es lo que tenía que poner la Provincia y lo que Llaryora quería achicar. “La Caja de Jubilaciones arrastra desde hace años un problema estructural de déficit que viene desde gestiones anteriores, de distintos signos políticos”, dijo el gobernador Llaryora en un mensaje que distribuyó por redes cuando anunció los detalles de la Ley de Equidad Jubilatoria.Sin embargo, lo que se logró escribir con la mano se borró con el codo. La suba del aporte personal a los activos le reporta al sistema $ 6.050 millones al mes: dos puntos extras a los que ganan entre $ 755 mil y $ 1 millón; cuatro extras para los sueldos de un millón a 2,5 millones; seis puntos de 2,5 millón a 3.5 millón y ocho puntos de 3,5 millón en adelante. Esos 6.050 millones representan el 9% del rojo a cubrir. En tanto, los jubilados tendrán en el corto plazo un recorte en sintonía con los activos, dado que en Córdoba las jubilaciones tienen asegurado un núcleo duro que equivale al 82% del salario neto que se cobra en actividad (en realidad, al salario promedio de 10 años). Si el salario neto se achica (porque los aportes pasan del 15% al 19%, por ejemplo, en el caso de una inspectora de escuela) también se achicará la jubilación de quien se retiró como inspectora. Ese ahorro por la aplicación de mayores aportes personales reportará en el corto plazo una suma de 10.700 millones, el 16% del rojo a cubrir. De todos modos, ese ahorro por el momento no impacta de lleno porque se prometió que ningún pasivo en diciembre cobraría menos que en noviembre, eso sin contar el aporte adicional al Apross. La vuelta jurídica que le encontró la Caja (que ya la había aplicado Schiaretti cuando recalculó el núcleo duro) para no recortar los haberes fue absorber el recorte con los aumentos programados por paritarias. Si al jubilado en diciembre le correspondía un aumento, la Caja lo pagó pero aplicó el descuento por la suba de aportes. Si no correspondía pagarle, porque en diciembre ese sector no tenía pendiente una suba salarial, aplicó el descuento pero lo cubrió con fondos de la Caja, en un ítem que apareció en el recibo como “adicional extraordinario adelanto de movilidad”. Esos adelantos le representaron a la Caja un costo de $ 5.400 millones, que irá desapareciendo en cuatro o cinco meses, cuando se paguen los aumentos y a la vez se apliquen los mayores descuentos. Para entonces, el ahorro llegará a los $ 16.750 millones, es decir, el 25% del rojo de la Caja.Restitución del 82%Sin embargo, también se hicieron anuncios de mayor gasto. El mayor número está en lo que Llaryora llama “la restitución del 82%” a los que perciben por debajo de 1,3 millones: cuesta $ 6.750 millones. Hay casi 53 mil jubilados beneficiados, con sumas que van de 100 mil a 190 mil pesos y un promedio de 130 mil. En tanto, se morigeró el impacto a quienes estaban alcanzados por el aporte solidario, que eran 20 mil beneficiarios: a la mitad le dejaron de descontar y la otra mitad paga menos. Esto cuesta $ 2.265 millones al mes.Así, a la recaudación de $ 16.750 millones que proviene de las mayores alícuotas hay que descontarle $ 9.015 millones por las dos medidas anunciadas en simultáneo con la ley, dado que el espíritu de la reforma –según dijo el propio Llaryora– es que quienes más ganan hagan un esfuerzo para mejorar los ingresos de los que menos cobran. Hasta acá, sólo el 46% de los aportes adicionales van a cubrir el déficit: lo demás se reparte.El bono del gobernadorPero hay algunos gastos más, que se anunciaron cuando Córdoba y Anses acordaron un envío de $ 5.000 millones mensuales. La cifra representa apenas una cuarta parte de lo que pretende Córdoba, aunque Anses nunca se ha pronunciado sobre la cifra que debiera pagar. Con esa cuota, desde agosto pasado, Llaryora anunció el aumento del complemento previsional a $ 700 mil pesos, que cuesta $ 800 millones al mes. Paga además un bono de $ 100 mil cada dos meses a los que perciben haberes de hasta 1,3 millones, que cuesta 1.800 millones al mes y que se terminaría en mayo, cuando vence el acuerdo con Anses. Habrá que esperar si Anses continúa con los pagos y, en ese caso, qué pasará con el bono que decidió Llaryora.Por el momento, estas dos medidas temporarias cuestan $ 2.500 millones al mes y elevan el gasto de $ 9.015 millones a $ 11.505 millones. De esta manera, el 70% del esfuerzo adicional que hacen los 307 mil beneficiarios de la Caja, entre activos y pasivos, se gasta en un suplemento a los 53 mil que menos ganan y 10 mil que dejaron de estar alcanzados por el aporte solidario.Para muchos, pura justicia distributiva en un año extremadamente complejo para el bolsillo de los cordobeses. Para algunos, una enorme contradicción porque el rojo de la Caja de Jubilaciones es una espada de Damocles cada vez más filosa que se cierne sobre la salud de las cuentas públicas provinciales: si se paga el costo político de recaudar, debiera usarse para achicar el déficit y no incrementar el gasto. Para otros, pura lógica electoral. El tiempo dirá, mientras los gremios estatales ya decidieron ir a la Justicia provincial en contra de la reforma de Llaryora.  ​

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