Llaryora cree que el ajuste de Milei complica la negociación por la Caja

La Voz

En la última sesión del año pasado, el Senado convirtió en ley el primer Presupuesto nacional de esta era libertaria. Sin embargo, la sanción dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: en Diputados, la oposición logró sostener partidas sensibles, como las destinadas al sector de discapacidad, el financiamiento universitario y los subsidios para las denominadas “zonas frías”, entre ellas varias regiones de Córdoba.

El apuro por tener el Presupuesto aprobado antes del final de las sesiones extraordinarias obligó al oficialismo a aceptar los cambios que impusieron los diputados.

Tras esos cambios introducidos en la Cámara Baja, la primera reacción en la Casa Rosada fue anunciar que se intentarían revertir en el Senado para volver al texto original.

Esa estrategia implicaba que el proyecto debía regresar a Diputados, pero el tiempo le jugó en contra y los libertarios no pudieron en el Senado tocar una coma del texto que salió con media sanción de la Cámara Baja.

Los fondos restituidos para la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, que habían sido eliminados del Presupuesto 2026, representan un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, un organismo técnico ajeno al Poder Ejecutivo.

El veto ya fue descartado en la Casa Rosada. De hecho, el propio presidente Javier Milei dio algunas definiciones al respecto en una entrevista que días pasados brindó en el canal porteño La Nación+.

“No voy a vetar el nuevo Presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero; lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del Presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, aseguró el jefe del Estado.

Desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo admiten en privado que el ajuste tendría un destinatario concreto: las provincias.

Esta decisión de la gestión libertaria de volver a apuntar la motosierra a las provincias también funcionaría como una suerte de castigo político.

En la Casa Rosada recuerdan que varios gobernadores –especialmente del norte del país– habían prometido acompañar el proyecto como salió del Ejecutivo, pero luego sus diputados votaron modificaciones.

Alerta en el Centro Cívico

Como sea, todo este debate encendió las alarmas en el Centro Cívico cordobés. El gobernador Martín Llaryora, que mantiene expectativas de obtener más recursos para la Caja de Jubilaciones en una nueva negociación con la Nación, ahora enfrenta un clima político mucho menos favorable para conseguir su objetivo.

Desde el entorno del mandatario provincial reconocen que la posibilidad de conseguir más fondos de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) para la Caja de Jubilaciones se ve más lejana.

El panorama se tensó aún más a mediados del mes pasado, cuando el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, durante una de las reuniones de comisión en el Senado, le dijo sin rodeos a la senadora Alejandra Vigo. “La deuda que Córdoba reclama por la Caja de Jubilaciones no cuenta con ninguna validación por parte de la Anses”.

Es decir, sin grises, el funcionario que responde al ministro Luis Caputo desconoció la deuda, que para Córdoba ya supera el billón de pesos, sumando capital e intereses.

Acuerdo precario

En mayo pasado, en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por las dos demandas que Córdoba mantiene contra la Anses, Llaryora firmó un acuerdo “provisorio” con el organismo nacional.

Ese entendimiento estableció que, “a cuenta” de la deuda que se deberá determinarse mediante auditorías cruzadas entre ambas administraciones, la Anses transfiera a la Caja de Jubilaciones $ 5.000 millones mensuales, hasta completar los $ 60 mil millones pactados, en 12 cuotas.

El acuerdo vence en marzo próximo. Para entonces, se espera que las auditorías ya hayan definido el monto final de la deuda que la Anses mantiene con la Caja cordobesa.

Sin embargo, esa acreencia no se saldará en efectivo. Todo indica que sería absorbida por el Régimen de Obligaciones Recíprocas impulsado por el Gobierno libertario, una estrategia para compensar deudas entre la Nación y las provincias.

En ese contexto, el objetivo de Llaryora en la negociación con la Nación no pasa por el cobro inmediato de la deuda, sino por aumentar el flujo mensual de fondos que la Anses envía a la Caja de Jubilaciones.

La meta del gobernador es ambiciosa: elevar las transferencias actuales de $ 5.000 millones mensuales, a $ 15 mil millones mensuales o, al menos, duplicarla y llevarla a $ 10 mil millones mensuales a partir de abril próximo.

Pero esa aspiración choca de frente con la nueva etapa de ajuste que promete Milei para compensar las partidas destinadas a discapacidad, universidades y subsidios para el gas.

El clima de optimismo que predominaba meses atrás en el Centro Cívico, ahora dio paso al pesimismo. Hoy ven complicado lograr un incremento en esos giros mensuales.

Si las negociaciones con la Nación no avanzan, Llaryora apuesta entonces a un fallo favorable de la Corte Suprema en las dos demandas presentadas durante la gestión del exgobernador Juan Schiaretti, vinculadas a los incumplimientos de la Anses con la Caja de Córdoba.

En el Centro Cívico están convencidos que el fallo de la Corte Suprema será favorable, como lo fue en el año 2015, por otro juicio contra la Anses.

Aun así, incluso con una sentencia favorable, el escenario no sería del todo alentador en lo inmediato para las aspiraciones de Llaryora, teniendo en cuenta que el rojo de la Caja de Jubilaciones se estima en más de 800 mil millones de pesos para este 2026.

Seguramente el Gobierno nacional incluirá la deuda, ante un eventual fallo desfavorable de la Corte Suprema, en el mencionado Régimen de Obligaciones Recíprocas, lo que impediría el ingreso de fondos frescos a la Caja de Jubilaciones.

Ese rojo podría achicarse en unos $ 100 mil millones gracias al ajuste derivado de la reforma previsional impulsada por Llaryora.

Mientras tanto, en el Gobierno provincial aseguran que mantendrán abierta la vía de negociación con la Nación, con la intermediación de la Corte Suprema, aunque reconocen que las expectativas de incrementar los envíos nacionales se redujeron sensiblemente, en un contexto de ajuste que el presidente Milei vuelve a poner en el centro de su agenda, en su áspera y cambiante relación con los gobernadores.

​En la última sesión del año pasado, el Senado convirtió en ley el primer Presupuesto nacional de esta era libertaria. Sin embargo, la sanción dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: en Diputados, la oposición logró sostener partidas sensibles, como las destinadas al sector de discapacidad, el financiamiento universitario y los subsidios para las denominadas “zonas frías”, entre ellas varias regiones de Córdoba.El apuro por tener el Presupuesto aprobado antes del final de las sesiones extraordinarias obligó al oficialismo a aceptar los cambios que impusieron los diputados.Tras esos cambios introducidos en la Cámara Baja, la primera reacción en la Casa Rosada fue anunciar que se intentarían revertir en el Senado para volver al texto original. Esa estrategia implicaba que el proyecto debía regresar a Diputados, pero el tiempo le jugó en contra y los libertarios no pudieron en el Senado tocar una coma del texto que salió con media sanción de la Cámara Baja. Los fondos restituidos para la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, que habían sido eliminados del Presupuesto 2026, representan un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, un organismo técnico ajeno al Poder Ejecutivo.El veto ya fue descartado en la Casa Rosada. De hecho, el propio presidente Javier Milei dio algunas definiciones al respecto en una entrevista que días pasados brindó en el canal porteño La Nación+.“No voy a vetar el nuevo Presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero; lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del Presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, aseguró el jefe del Estado.Desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo admiten en privado que el ajuste tendría un destinatario concreto: las provincias.Esta decisión de la gestión libertaria de volver a apuntar la motosierra a las provincias también funcionaría como una suerte de castigo político. En la Casa Rosada recuerdan que varios gobernadores –especialmente del norte del país– habían prometido acompañar el proyecto como salió del Ejecutivo, pero luego sus diputados votaron modificaciones.Alerta en el Centro CívicoComo sea, todo este debate encendió las alarmas en el Centro Cívico cordobés. El gobernador Martín Llaryora, que mantiene expectativas de obtener más recursos para la Caja de Jubilaciones en una nueva negociación con la Nación, ahora enfrenta un clima político mucho menos favorable para conseguir su objetivo.Desde el entorno del mandatario provincial reconocen que la posibilidad de conseguir más fondos de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) para la Caja de Jubilaciones se ve más lejana.El panorama se tensó aún más a mediados del mes pasado, cuando el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, durante una de las reuniones de comisión en el Senado, le dijo sin rodeos a la senadora Alejandra Vigo. “La deuda que Córdoba reclama por la Caja de Jubilaciones no cuenta con ninguna validación por parte de la Anses”. Es decir, sin grises, el funcionario que responde al ministro Luis Caputo desconoció la deuda, que para Córdoba ya supera el billón de pesos, sumando capital e intereses.Acuerdo precarioEn mayo pasado, en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por las dos demandas que Córdoba mantiene contra la Anses, Llaryora firmó un acuerdo “provisorio” con el organismo nacional.Ese entendimiento estableció que, “a cuenta” de la deuda que se deberá determinarse mediante auditorías cruzadas entre ambas administraciones, la Anses transfiera a la Caja de Jubilaciones $ 5.000 millones mensuales, hasta completar los $ 60 mil millones pactados, en 12 cuotas.El acuerdo vence en marzo próximo. Para entonces, se espera que las auditorías ya hayan definido el monto final de la deuda que la Anses mantiene con la Caja cordobesa.Sin embargo, esa acreencia no se saldará en efectivo. Todo indica que sería absorbida por el Régimen de Obligaciones Recíprocas impulsado por el Gobierno libertario, una estrategia para compensar deudas entre la Nación y las provincias.En ese contexto, el objetivo de Llaryora en la negociación con la Nación no pasa por el cobro inmediato de la deuda, sino por aumentar el flujo mensual de fondos que la Anses envía a la Caja de Jubilaciones.La meta del gobernador es ambiciosa: elevar las transferencias actuales de $ 5.000 millones mensuales, a $ 15 mil millones mensuales o, al menos, duplicarla y llevarla a $ 10 mil millones mensuales a partir de abril próximo.Pero esa aspiración choca de frente con la nueva etapa de ajuste que promete Milei para compensar las partidas destinadas a discapacidad, universidades y subsidios para el gas.El clima de optimismo que predominaba meses atrás en el Centro Cívico, ahora dio paso al pesimismo. Hoy ven complicado lograr un incremento en esos giros mensuales.Si las negociaciones con la Nación no avanzan, Llaryora apuesta entonces a un fallo favorable de la Corte Suprema en las dos demandas presentadas durante la gestión del exgobernador Juan Schiaretti, vinculadas a los incumplimientos de la Anses con la Caja de Córdoba.En el Centro Cívico están convencidos que el fallo de la Corte Suprema será favorable, como lo fue en el año 2015, por otro juicio contra la Anses.Aun así, incluso con una sentencia favorable, el escenario no sería del todo alentador en lo inmediato para las aspiraciones de Llaryora, teniendo en cuenta que el rojo de la Caja de Jubilaciones se estima en más de 800 mil millones de pesos para este 2026. Seguramente el Gobierno nacional incluirá la deuda, ante un eventual fallo desfavorable de la Corte Suprema, en el mencionado Régimen de Obligaciones Recíprocas, lo que impediría el ingreso de fondos frescos a la Caja de Jubilaciones.Ese rojo podría achicarse en unos $ 100 mil millones gracias al ajuste derivado de la reforma previsional impulsada por Llaryora.Mientras tanto, en el Gobierno provincial aseguran que mantendrán abierta la vía de negociación con la Nación, con la intermediación de la Corte Suprema, aunque reconocen que las expectativas de incrementar los envíos nacionales se redujeron sensiblemente, en un contexto de ajuste que el presidente Milei vuelve a poner en el centro de su agenda, en su áspera y cambiante relación con los gobernadores.  ​

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