La Voz
En un nuevo capítulo de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Gobierno Nacional anunció que apelará la decisión de la Justicia de declarar la nulidad del protocolo antipiquetes.
La medida fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que defenderán la herramienta “a toda costa” tras el fallo emitido por el juez federal Martín Cormick.
El fallo judicial y los argumentos de nulidad
El juez Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dictaminando que la Resolución 943/23, diseñada originalmente durante la gestión de Patricia Bullrich, es ilegítima,. Según el magistrado, la normativa carece de los elementos exigidos para ser considerada un acto administrativo válido y señaló que el Ministerio de Seguridad no puede restringir derechos constitucionales ni legislar por encima del Congreso,.
Desde el Cels destacaron que el fallo pone límites claros, sosteniendo que el protocolo “se excede tanto que llega a modificar las leyes penales” y procesales bajo el pretexto de ordenar el tránsito. Por su parte, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, celebró la decisión como un “gran avance contra la represión” y un límite al “autoritarismo extremo” del Gobierno.
La respuesta oficial: “Ley y orden”
A través de sus redes sociales, la ministra Monteoliva fue tajante: “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”. La funcionaria sostuvo que el fallo responde a la “vieja política” y defendió la legitimidad de la medida argumentando que tiene fundamentos técnicos y jurídicos que le devolvieron la tranquilidad a los ciudadanos.
Desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad ratificaron la postura de “ni un paso atrás” contra quienes buscan el desorden, insistiendo en que en la Argentina actual debe prevalecer la “ley y el orden”.
Antecedentes y consecuencias inmediatas
El protocolo tuvo su última aplicación a mediados de diciembre, durante la movilización de la CGT contra la reforma laboral de Javier Milei. El fallo judicial también abre la puerta para que personas afectadas por el accionar policial bajo este protocolo -como el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, herido durante una marcha en marzo- realicen denuncias individuales ante la Justicia Penal.
Para entender este conflicto, podemos pensar en el protocolo como un reglamento interno de un club que pretende prohibir la entrada a personas que la ley nacional autoriza a ingresar; el juez ha señalado que, por más que el club quiera sus propias reglas, no puede dictar normas que contradigan las leyes superiores del país.
En un nuevo capítulo de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Gobierno Nacional anunció que apelará la decisión de la Justicia de declarar la nulidad del protocolo antipiquetes. La medida fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que defenderán la herramienta “a toda costa” tras el fallo emitido por el juez federal Martín Cormick.El fallo judicial y los argumentos de nulidadEl juez Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dictaminando que la Resolución 943/23, diseñada originalmente durante la gestión de Patricia Bullrich, es ilegítima,. Según el magistrado, la normativa carece de los elementos exigidos para ser considerada un acto administrativo válido y señaló que el Ministerio de Seguridad no puede restringir derechos constitucionales ni legislar por encima del Congreso,.Desde el Cels destacaron que el fallo pone límites claros, sosteniendo que el protocolo “se excede tanto que llega a modificar las leyes penales” y procesales bajo el pretexto de ordenar el tránsito. Por su parte, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, celebró la decisión como un “gran avance contra la represión” y un límite al “autoritarismo extremo” del Gobierno.La respuesta oficial: “Ley y orden”A través de sus redes sociales, la ministra Monteoliva fue tajante: “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”. La funcionaria sostuvo que el fallo responde a la “vieja política” y defendió la legitimidad de la medida argumentando que tiene fundamentos técnicos y jurídicos que le devolvieron la tranquilidad a los ciudadanos.Desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad ratificaron la postura de “ni un paso atrás” contra quienes buscan el desorden, insistiendo en que en la Argentina actual debe prevalecer la “ley y el orden”.Antecedentes y consecuencias inmediatasEl protocolo tuvo su última aplicación a mediados de diciembre, durante la movilización de la CGT contra la reforma laboral de Javier Milei. El fallo judicial también abre la puerta para que personas afectadas por el accionar policial bajo este protocolo -como el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, herido durante una marcha en marzo- realicen denuncias individuales ante la Justicia Penal.Para entender este conflicto, podemos pensar en el protocolo como un reglamento interno de un club que pretende prohibir la entrada a personas que la ley nacional autoriza a ingresar; el juez ha señalado que, por más que el club quiera sus propias reglas, no puede dictar normas que contradigan las leyes superiores del país.
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