La Voz
El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez, fue allanado por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos irregulares entre la cúpula del organismo y una empresa proveedora de alimentos denunciada por entregar comida en mal estado a los detenidos de la cárcel de Ezeiza.
El procedimiento se realizó en las oficinas del SPF y se inscribe en una investigación más amplia por posible cartelización del servicio de alimentación en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de la libertad.
Martínez asumió el cargo en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El celular “extraviado” y las sospechas del juez
Según pudo reconstruir la investigación, el allanamiento se tornó particularmente tenso cuando el funcionario entregó a la Justicia un teléfono celular antiguo, que no era el de uso habitual. Ante el requerimiento judicial de entregar el dispositivo correcto, Martínez sostuvo que lo había “extraviado” ese mismo día.
La respuesta activó nuevas sospechas. Por orden del juez Villena, se solicitó un relevamiento de las antenas de telefonía celular para rastrear el último impacto del aparato.
El informe indicó que el teléfono tuvo su última conexión una hora antes del allanamiento, en la zona del barrio porteño de Barracas, cerca del estadio de Huracán.
“Todo indica que alguien le avisó que iba a ser allanado”, deslizó una fuente a Infobae, que remarcó la gravedad institucional del episodio.
La licitación bajo la lupa
El allanamiento no fue casual en el calendario judicial. Ese mismo día se resolvía una nueva licitación del servicio de comida en la cárcel de Ezeiza, que volvió a quedar en manos de la empresa Bio Limp.
Villena investiga si esa firma funcionó como una empresa pantalla de Foodrush, una proveedora previamente sancionada por la Justicia tras denuncias reiteradas por alimentos contaminados.
Años atrás, a raíz de un habeas corpus presentado por detenidos, peritajes realizados con intervención de Anmat detectaron niveles de Escherichia coli superiores a los valores permitidos, lo que llevó al juez a prohibirle a Foodrush volver a presentarse en licitaciones del SPF.
Camiones, empleados y facturación cruzada
La investigación determinó que Bio Limp utilizaba camiones registrados a nombre de Foodrush, mantenía el mismo personal de cocina y presentaba facturación cruzada entre ambas firmas. Entre la documentación secuestrada figuran comprobantes por alrededor de $ 150 millones.
Para el juez Villena, una maniobra de este tipo no podía concretarse sin el conocimiento o aval de las autoridades penitenciarias, motivo por el cual ordenó allanamientos en la dirección del penal, áreas administrativas y en la oficina del director del SPF.
Una causa sensible y tensiones institucionales
La causa está caratulada como “envenenamiento” y sigue abierta, con múltiples medidas de prueba pendientes. La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de lo actuado, al considerar que algunas diligencias se realizaron en día inhábil y cuestionó el secuestro del teléfono del funcionario.
Desde el entorno del juez, sin embargo, sostienen que “un funcionario público no puede negarse a entregar su celular a la Justicia” y advierten que la investigación avanza sobre estructuras enquistadas desde hace años en el sistema penitenciario.
Villena confirmó que informó de la situación a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien -según el magistrado- mostró “plena predisposición y apoyo” para avanzar con la investigación.
El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez, fue allanado por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos irregulares entre la cúpula del organismo y una empresa proveedora de alimentos denunciada por entregar comida en mal estado a los detenidos de la cárcel de Ezeiza.El procedimiento se realizó en las oficinas del SPF y se inscribe en una investigación más amplia por posible cartelización del servicio de alimentación en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de la libertad.Martínez asumió el cargo en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.El celular “extraviado” y las sospechas del juezSegún pudo reconstruir la investigación, el allanamiento se tornó particularmente tenso cuando el funcionario entregó a la Justicia un teléfono celular antiguo, que no era el de uso habitual. Ante el requerimiento judicial de entregar el dispositivo correcto, Martínez sostuvo que lo había “extraviado” ese mismo día.La respuesta activó nuevas sospechas. Por orden del juez Villena, se solicitó un relevamiento de las antenas de telefonía celular para rastrear el último impacto del aparato. El informe indicó que el teléfono tuvo su última conexión una hora antes del allanamiento, en la zona del barrio porteño de Barracas, cerca del estadio de Huracán.“Todo indica que alguien le avisó que iba a ser allanado”, deslizó una fuente a Infobae, que remarcó la gravedad institucional del episodio.La licitación bajo la lupaEl allanamiento no fue casual en el calendario judicial. Ese mismo día se resolvía una nueva licitación del servicio de comida en la cárcel de Ezeiza, que volvió a quedar en manos de la empresa Bio Limp.Villena investiga si esa firma funcionó como una empresa pantalla de Foodrush, una proveedora previamente sancionada por la Justicia tras denuncias reiteradas por alimentos contaminados.Años atrás, a raíz de un habeas corpus presentado por detenidos, peritajes realizados con intervención de Anmat detectaron niveles de Escherichia coli superiores a los valores permitidos, lo que llevó al juez a prohibirle a Foodrush volver a presentarse en licitaciones del SPF.Camiones, empleados y facturación cruzadaLa investigación determinó que Bio Limp utilizaba camiones registrados a nombre de Foodrush, mantenía el mismo personal de cocina y presentaba facturación cruzada entre ambas firmas. Entre la documentación secuestrada figuran comprobantes por alrededor de $ 150 millones.Para el juez Villena, una maniobra de este tipo no podía concretarse sin el conocimiento o aval de las autoridades penitenciarias, motivo por el cual ordenó allanamientos en la dirección del penal, áreas administrativas y en la oficina del director del SPF.Una causa sensible y tensiones institucionalesLa causa está caratulada como “envenenamiento” y sigue abierta, con múltiples medidas de prueba pendientes. La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de lo actuado, al considerar que algunas diligencias se realizaron en día inhábil y cuestionó el secuestro del teléfono del funcionario.Desde el entorno del juez, sin embargo, sostienen que “un funcionario público no puede negarse a entregar su celular a la Justicia” y advierten que la investigación avanza sobre estructuras enquistadas desde hace años en el sistema penitenciario.Villena confirmó que informó de la situación a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien -según el magistrado- mostró “plena predisposición y apoyo” para avanzar con la investigación.
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