La Voz
La diputada nacional Gabriela Beatriz Estévez presentó ante la Justicia federal de Córdoba un amparo individual y colectivo contra el Estado nacional y la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la privatización parcial informada en el decreto 695/2025 y de la resolución del Ministerio de Economía 1751/2025.
La legisladora explicó que interpuso el amparo ante el juez federal N° 3 de Córdoba capital, Miguel Hugo Vaca Narvaja, “por derecho propio y en representación del conjunto de usuarios y consumidores del servicio público de energía eléctrica del territorio nacional” y se fundamenta en la afectación de los derechos establecidos en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, referidos a los derechos a un ambiente sano y de los consumidores y usuarios.
Estévez, además, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender de manera inmediata la ejecución de ambos actos administrativos.
Reclamo de nulidad e inconstitucionalidad
La diputada sostuvo que el decreto que autoriza la privatización parcial de NA-SA fue dictado fuera del plazo de la delegación legislativa otorgada por la ley 27.742, conocida popularmente como “Ley Bases”, cuyo vencimiento la actora ubicó el 9 de julio pasado.
Por eso, afirmó que se configura una “extralimitación del Ejecutivo” y un “vicio de competencia temporal” en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.
Estévez también planteó que la medida oficial vulnera el derecho de los usuarios a participar en decisiones que afecten el régimen tarifario y económico de la energía eléctrica, por la omisión de la audiencia pública previa y obligatoria, de acuerdo a la doctrina establecida por la Corte Suprema, y el “principio de precaución” y la “seguridad nuclear” al involucrar activos estratégicos para la seguridad energética del país.
Riesgos señalados en el amparo
La presentación enumeró los supuestos riesgos derivados del proceso de transferencia accionaria: la “amenaza a la continuidad del servicio esencial de energía eléctrica” al generar “incertidumbre jurídica y de control sobre la gestión” de NA-SA, operadora de la generación nucleoeléctrica del país y los posibles efectos tarifarios, ya que una modificación en la estructura de costos podría trasladarse directamente a los usuarios sin participación ciudadana previa.
También mencionó eventuales riesgos ambientales y de seguridad radiológica, ligados a la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse y al almacenamiento de combustible nuclear gastado.
Medida cautelar solicitada
La legisladora pidió al juez Vaca Narvaja que ordene la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo tendiente a avanzar con la privatización del 44 por ciento del capital accionario de NA-SA, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Argumentó que, en caso contrario, el daño sería “irreparable”, ya que una eventual sentencia posterior “resultaría de imposible cumplimiento fáctico” si la venta ya se hubiera concretado.
Además, solicita que la medida se mantenga incluso si se discutiera competencia, en función de lo previsto por la ley 26.854 (respecto a medidas cautelares) cuando están comprometidos derechos ambientales o de sectores socialmente vulnerables como los consumidores de servicios públicos esenciales.
La diputada nacional Gabriela Beatriz Estévez presentó ante la Justicia federal de Córdoba un amparo individual y colectivo contra el Estado nacional y la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la privatización parcial informada en el decreto 695/2025 y de la resolución del Ministerio de Economía 1751/2025.La legisladora explicó que interpuso el amparo ante el juez federal N° 3 de Córdoba capital, Miguel Hugo Vaca Narvaja, “por derecho propio y en representación del conjunto de usuarios y consumidores del servicio público de energía eléctrica del territorio nacional” y se fundamenta en la afectación de los derechos establecidos en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, referidos a los derechos a un ambiente sano y de los consumidores y usuarios.Estévez, además, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender de manera inmediata la ejecución de ambos actos administrativos.Reclamo de nulidad e inconstitucionalidadLa diputada sostuvo que el decreto que autoriza la privatización parcial de NA-SA fue dictado fuera del plazo de la delegación legislativa otorgada por la ley 27.742, conocida popularmente como “Ley Bases”, cuyo vencimiento la actora ubicó el 9 de julio pasado. Por eso, afirmó que se configura una “extralimitación del Ejecutivo” y un “vicio de competencia temporal” en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.Estévez también planteó que la medida oficial vulnera el derecho de los usuarios a participar en decisiones que afecten el régimen tarifario y económico de la energía eléctrica, por la omisión de la audiencia pública previa y obligatoria, de acuerdo a la doctrina establecida por la Corte Suprema, y el “principio de precaución” y la “seguridad nuclear” al involucrar activos estratégicos para la seguridad energética del país.Riesgos señalados en el amparoLa presentación enumeró los supuestos riesgos derivados del proceso de transferencia accionaria: la “amenaza a la continuidad del servicio esencial de energía eléctrica” al generar “incertidumbre jurídica y de control sobre la gestión” de NA-SA, operadora de la generación nucleoeléctrica del país y los posibles efectos tarifarios, ya que una modificación en la estructura de costos podría trasladarse directamente a los usuarios sin participación ciudadana previa.También mencionó eventuales riesgos ambientales y de seguridad radiológica, ligados a la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse y al almacenamiento de combustible nuclear gastado.Medida cautelar solicitadaLa legisladora pidió al juez Vaca Narvaja que ordene la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo tendiente a avanzar con la privatización del 44 por ciento del capital accionario de NA-SA, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Argumentó que, en caso contrario, el daño sería “irreparable”, ya que una eventual sentencia posterior “resultaría de imposible cumplimiento fáctico” si la venta ya se hubiera concretado.Además, solicita que la medida se mantenga incluso si se discutiera competencia, en función de lo previsto por la ley 26.854 (respecto a medidas cautelares) cuando están comprometidos derechos ambientales o de sectores socialmente vulnerables como los consumidores de servicios públicos esenciales.
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