La Voz
Mientras este viernes por la tarde ingresaba a la Legislatura de Córdoba el paquete presupuestario 2026, en los pasillos legislativos se vivieron momentos de tensión por otro motivo. Una orden de allanamiento de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo de Franco Mondino, se llevó adelante para obtener información sobre una investigación del personal contratado.
Fuentes de la fiscalía de Mondino confirmaron a La Voz que se trató de la primera orden de allanamiento en el marco de esta investigación, ya que, a posteriori de iniciado el caso de Virginia Martínez, que se conoció en enero pasado como la “empleada fantasma”, se presentaron “dos denuncias relacionadas con los asistentes legislativos contratados”.
Por lo que se aseguró que se buscó información para conocer si existieron o no “contratados fantasmas” no sólo en diciembre de 2024, cuando se supo que Kraisman intentó cobrar el sueldo de Martínez con la ayuda de una funcionaria municipal a cargo de un polideportivo.
“Estas denuncias fueron originadas en la causa por la que se dispuso la citación a juicio de Guillermo Kraisman, en la que el Juzgado de Control en lo Penal Económico ordenó profundizar la investigación, por lo que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, ordenó (este viernes) el allanamiento de diversas dependencias de la Legislatura provincial”, se explicó.
También se informó que en el allanamiento se trabajó con la colaboración del personal policial, de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial.
“La medida se llevó a cabo sin inconvenientes y se secuestró numerosa documentación que será objeto de análisis por parte de la fiscalía interviniente”, se comunicó desde la investigación.
Mondino ya había fijado una orden de presentación de información a comienzos de año, después de que se conociera el caso de Martínez, pero la de este viernes se trató del primer allanamiento.
Autoridades legislativas también confirmaron a La Voz que personal judicial llegó a la Legislatura de Córdoba con una orden de allanamiento vinculada a una investigación sobre el personal contratado, por lo que se dio la información solicitada de la Secretaría Administrativa, con datos del personal asesor y sueldos.
Martínez había sido contratada y luego dada de baja en diciembre de 2024. Aunque en este caso se investiga no sólo este mes de contratación, sino otros momentos y relaciones contractuales.
Ya a comienzos de este año, el fiscal Mondino había citado a la legisladora Nadia Fernández en calidad de testigo por ser la parlamentaria que autorizó el ingreso de Martínez y su baja; y había solicitado información concreta sobre la relación laboral de Martínez. En esta oportunidad apunta a investigar si existieron o no otras situaciones irregulares.
Fuentes legislativas que hasta esta noche permanecían en la Unicameral coincidieron en que desconocían el allanamiento y que fue visto con asombro por el personal.
“Que se investigue a fondo”
Desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto aseguraron a La Voz que se brindó la información solicitada. “Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, por lo que se brindó toda la información. Queremos que se llegue a la verdad hasta lo último que deba investigarse. Nos pone contentos que se llegue hasta las últimas consecuencias”, se aseguró.
Este movimiento en los pasillos alteró no solo a los empleados, sino a algunos legisladores que dijeron que observaron lo sucedido y que pidieron explicaciones a las autoridades.
UCR: “Pedimos que las autoridades expliquen”
Desde el bloque de legisladores de la UCR expresaron este viernes en un comunicado “la máxima preocupación por el allanamiento realizado en la Legislatura de Córdoba en las áreas de sueldos y administración”.
“Lo que se evidenció fue el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses”, expresaron.
El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, expresó: “Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la Justicia”.
“Presentaremos inmediatamente un pedido de informes para que se nos indiquen las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados. La falta de transparencia y la inobservancia de las leyes de información pública tienen que terminar en Córdoba”, manifestó el legislador radical.
Mientras este viernes por la tarde ingresaba a la Legislatura de Córdoba el paquete presupuestario 2026, en los pasillos legislativos se vivieron momentos de tensión por otro motivo. Una orden de allanamiento de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo de Franco Mondino, se llevó adelante para obtener información sobre una investigación del personal contratado.Fuentes de la fiscalía de Mondino confirmaron a La Voz que se trató de la primera orden de allanamiento en el marco de esta investigación, ya que, a posteriori de iniciado el caso de Virginia Martínez, que se conoció en enero pasado como la “empleada fantasma”, se presentaron “dos denuncias relacionadas con los asistentes legislativos contratados”. Por lo que se aseguró que se buscó información para conocer si existieron o no “contratados fantasmas” no sólo en diciembre de 2024, cuando se supo que Kraisman intentó cobrar el sueldo de Martínez con la ayuda de una funcionaria municipal a cargo de un polideportivo.“Estas denuncias fueron originadas en la causa por la que se dispuso la citación a juicio de Guillermo Kraisman, en la que el Juzgado de Control en lo Penal Económico ordenó profundizar la investigación, por lo que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, ordenó (este viernes) el allanamiento de diversas dependencias de la Legislatura provincial”, se explicó.También se informó que en el allanamiento se trabajó con la colaboración del personal policial, de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial.“La medida se llevó a cabo sin inconvenientes y se secuestró numerosa documentación que será objeto de análisis por parte de la fiscalía interviniente”, se comunicó desde la investigación.Mondino ya había fijado una orden de presentación de información a comienzos de año, después de que se conociera el caso de Martínez, pero la de este viernes se trató del primer allanamiento.Autoridades legislativas también confirmaron a La Voz que personal judicial llegó a la Legislatura de Córdoba con una orden de allanamiento vinculada a una investigación sobre el personal contratado, por lo que se dio la información solicitada de la Secretaría Administrativa, con datos del personal asesor y sueldos.Martínez había sido contratada y luego dada de baja en diciembre de 2024. Aunque en este caso se investiga no sólo este mes de contratación, sino otros momentos y relaciones contractuales.Ya a comienzos de este año, el fiscal Mondino había citado a la legisladora Nadia Fernández en calidad de testigo por ser la parlamentaria que autorizó el ingreso de Martínez y su baja; y había solicitado información concreta sobre la relación laboral de Martínez. En esta oportunidad apunta a investigar si existieron o no otras situaciones irregulares.Fuentes legislativas que hasta esta noche permanecían en la Unicameral coincidieron en que desconocían el allanamiento y que fue visto con asombro por el personal.“Que se investigue a fondo”Desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto aseguraron a La Voz que se brindó la información solicitada. “Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, por lo que se brindó toda la información. Queremos que se llegue a la verdad hasta lo último que deba investigarse. Nos pone contentos que se llegue hasta las últimas consecuencias”, se aseguró.Este movimiento en los pasillos alteró no solo a los empleados, sino a algunos legisladores que dijeron que observaron lo sucedido y que pidieron explicaciones a las autoridades.UCR: “Pedimos que las autoridades expliquen”Desde el bloque de legisladores de la UCR expresaron este viernes en un comunicado “la máxima preocupación por el allanamiento realizado en la Legislatura de Córdoba en las áreas de sueldos y administración”.“Lo que se evidenció fue el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses”, expresaron.El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, expresó: “Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la Justicia”.“Presentaremos inmediatamente un pedido de informes para que se nos indiquen las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados. La falta de transparencia y la inobservancia de las leyes de información pública tienen que terminar en Córdoba”, manifestó el legislador radical.
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