En un controvertido giro del caso, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, como pretendían los investigados, el monotributista Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros de los dirigentes de la entidad deportiva.
Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Ambos figuran como propietarios de una fastuosa mansión, que incluso tiene un helipuerto propio.
Fue un fallo dividido. La mayoría la conformaron los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El otro integrante del tribunal, Alejandro Slokar, votó en disidencia.
La resolución determina que la causa vaya a la Cámara de San Martín, el tribunal que ya había resuelto mandarla al juzgado de Campana. Es decir, el giro a la Cámara es solo temporario. La decisión, finalmente, la devuelve al juzgado que querían los acusados de testaferros.
La intervención de Barroetaveña en esta causa fue cuestionada porque el camarista ocupó un cargo dentro de la AFA: hasta noviembre pasado fue presidente del Tribunal de Ética del organismo.
La causa -que con el correr de los meses fue ganando volumen y llegó a alcanzar a empresas vinculadas a la AFA- volverá así a manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que intervino en el caso antes de que se abriera la disputa por la competencia.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, que se opuso a que el expediente regresara a Campana, podrá presentar un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, pero le espera un camino cuesta arriba porque la decisión que objeta no se trata de una sentencia definitiva.
Desde que se inició la causa, hace ocho meses, este expediente dibujó un verdadero laberinto judicial: nació en Comodoro Py, pasó a Penal Económico, luego a la Justicia de Campana -por una inhibitoria que presentaron Conte y Patano-, regresó a Penal Económico y ahora vuelve a Campana.
En todo ese recorrido opinaron tribunales de alzada, jueces de primera instancia, fiscales, los propios investigados y se conformaron dos grupos con posturas bien definidas: quienes opinaron, con el monotributista Pantano y la jubilada Conte, que la fastuosa quinta, por estar radicada en Pilar, debía ser investigada en Campana; y quienes, por el contrario, relativizaron la ubicación y consideraron que la quinta era apenas un elemento más y que detrás de ella se escondía una trama más compleja, que incluye la hipótesis de lavado.
De esa discusión también formó parte el domicilio de la AFA, fijado en los papeles en Pilar desde noviembre de 2024, aunque a nivel operativo la entidad siempre funcionó en el histórico edificio de la calle Viamonte, en el centro porteño.
El caso se inició como una investigación sobre la casaquinta, pero se amplió a partir de nuevas presentaciones formuladas por la Coalición Cívica, que extendieron el foco hacia empresas vinculadas a la AFA, entre ellas TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la entidad en el mundo y está ligada a Guillermo Faroni.
La decisión que devuelve ahora el caso a González Charvay fue adoptada después de una audiencia celebrada esta semana en los tribunales de Comodoro Py, en la que el abogado de Conte y Pantano, Mariano Morán, sostuvo que la investigación debía continuar en Campana y cuestionó su traslado al fuero Penal Económico.
Dijo que las ampliaciones eran “deformaciones”, que el caso había sido sometido a una “gran presión mediática” y que ellos no buscaban “elegir” al tribunal, sino la Coalición Cívica, que radicó la denuncia en Comodoro Py.
Noticia en desarrollo
Diego Barroetaveña, exmiembro de la Comisión de Ética de la asociación que preside Claudio Tapia, y Mariano Borisnky conformaron la mayoría que devolvió el expediente; la decisión hizo lugar a un pedido de los presuntos testaferros
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