La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional realizar de manera inmediata e integral las obras necesarias para reparar las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, con el objetivo de garantizar la plena transitabilidad y seguridad vial en el sur de la provincia de Santa Fe.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien consideró que la falta prolongada de mantenimiento y conservación de los corredores configuró una omisión “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La resolución surgió a partir de una acción de amparo presentada por la senadora provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El magistrado sostuvo que la responsabilidad del Estado de garantizar el mantenimiento de las rutas continúa vigente, incluso cuando las tareas sean realizadas por empresas privadas.
El fallo también adquiere relevancia en La Pampa, donde el estado de las rutas nacionales viene siendo un reclamo sostenido por el gobernador Sergio Ziliotto. En 2025, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el mandatario había advertido sobre el deterioro de los corredores y recordó el pedido realizado por la provincia para recibir la transferencia de unos 600 kilómetros de rutas nacionales.
En el caso santafesino, Cuello Murúa estableció que el Estado nacional deberá garantizar las reparaciones a través de Vialidad Nacional, del organismo que eventualmente asuma sus funciones o de las empresas concesionarias actuales o futuras. Sin embargo, aclaró que una eventual transferencia de las tareas no modifica la responsabilidad estatal frente al cumplimiento de la orden judicial.
La decisión se conoció además luego de nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. De acuerdo con el expediente, la Ruta Nacional 33 fue adjudicada a CPC SA, mientras que distintos tramos de las rutas 7 y 8 quedaron en manos de otras empresas concesionarias. Para el juez, estos cambios contractuales no pueden utilizarse como argumento para postergar las obras.
Di Gregorio había presentado el amparo en marzo de 2025 y anteriormente había conseguido una medida cautelar que obligaba a Vialidad a señalizar los sectores deteriorados, establecer desvíos cuando fueran necesarios y realizar tareas de bacheo o relleno. Esa medida había sido confirmada por la Cámara Federal de Rosario.
Sin embargo, su cumplimiento fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos en la Ruta 33 todavía no se habían retomado debido a la falta de autorización de una solicitud de provisión y a la espera de una ampliación presupuestaria.
Posteriormente, el organismo señaló que las restricciones presupuestarias y financieras dificultaban la realización normal de las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la circulación y seguridad de la red vial.
En paralelo, según informó LA NACION, durante los últimos dos años y medio el Gobierno nacional habría recaudado más de $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, aunque solamente habría ejecutado una cuarta parte. La información también señala que más de $1 billón fue colocado en plazos fijos y títulos públicos, situación que derivó en una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos.
En su resolución, Cuello Murúa también hizo referencia a las dificultades administrativas y presupuestarias que demoraron las obras. Según el magistrado, intervinieron distintas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El juez concluyó que los organismos involucrados incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, configurando una “omisión comunitaria” por parte del Estado.
De esta manera, la Justicia dejó en claro que la obligación no queda limitada a una cuestión contractual entre el Estado y las empresas concesionarias. Nación deberá garantizar que las rutas nacionales 7, 8 y 33 recuperen condiciones adecuadas de transitabilidad en el sur de Santa Fe, independientemente de qué organismo o empresa tenga a su cargo la ejecución de las obras.
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