El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó esta tarde en el Palacio de Hacienda la presentación de los cambios al régimen de Inocencia Fiscal, la iniciativa que busca incentivar la bancarización de los llamados dólares del colchón, junto con María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica de Presidencia. El proyecto de ley que el Gobierno enviará mañana al Congreso no se dio a conocer durante el evento. Su letra definitiva recién se conocerá cuando ingrese formalmente al recinto.

La dinámica del encuentro marcó una diferencia con otras presentaciones oficiales porque no hubo espacio para preguntas al ministro. Quienes sí respondieron las consultas de la prensa fueron los tres tributaristas convocados por el equipo económico para explicar el contenido técnico de la iniciativa: Sonia Becherman, Liban Kusa, de Bruchou & Funes de Rioja., y Ricardo Paolina, de Lisicki, Litvin & Asociados.

Se trata de la segunda presentación pública que hace Caputo en lo que va del mes, después de la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, lo que le permite a la gestión de Javier Milei volver a instalar la agenda económica en el centro del debate público.

El proyecto no crea un nuevo blanqueo de capitales, sino que modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025, al que hasta el momento adhirieron más de 330.000 contribuyentes. A diferencia de la versión actual, el nuevo texto elimina los topes de $10.000 millones de patrimonio y de $1000 millones de ingresos anuales que limitaban el acceso, y deja como único requisito tener residencia fiscal en el país y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. Según se explicó en la conferencia de prensa, la ampliación alcanza tanto a contribuyentes como a funcionarios y exfuncionarios.

Qué cambia

El corazón del esquema es el llamado tapón fiscal: mientras el contribuyente cumpla con las condiciones previstas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá cuestionar el origen de los fondos declarados en ejercicios anteriores. El proyecto también flexibiliza el concepto de discrepancia significativa —la diferencia entre lo declarado y lo que detecta el fisco que puede hacer caer los beneficios— y traslada a ARCA, y no al contribuyente, la carga de probar esa discrepancia. Además, aclara que los pagos en efectivo en operaciones inmobiliarias serán compatibles con el régimen, uno de los puntos que más resistencia había generado entre escribanos y desarrolladores.

Caputo defendió la iniciativa como una herramienta para “formalizar la economía” y así destrabar el crédito. “Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”, dijo, y ejemplificó que quien atesoró US$100.000 hace 20 años tendría hoy US$320.000 si los hubiera colocado en el sistema financiero a una tasa del 6% anual. Según el Banco Central, hay unos US$170.000 millones fuera del sistema, frente a un stock de depósitos en dólares que ronda los US$40.000 millones.

El ministro insistió en que el espíritu de la ley original —aprobada por el Congreso— no cambia. La novedad son los ajustes técnicos que surgieron del trabajo con los tributaristas tras detectarse dudas entre asesores impositivos. “El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros el acceso libre al sistema bancario, sin ninguna penalidad”, planteó.

Consultado sobre el proyecto, César Litvin, tributarista y CEO de LL&A, señaló que la eliminación de los topes permitirá sumar “un universo significativo de sujetos” que hasta ahora quedaban afuera, y que el traslado de la carga de la prueba a ARCA “suma tranquilidad y por ende más voluntades de acogimiento”. Litvin remarcó además que el régimen no implica pagar más ni menos impuesto a las Ganancias, sino que ofrece garantías adicionales para quien decida declarar.

Los tres tributaristas que expusieron junto al ministro coincidieron en recomendar la adhesión a quienes puedan demostrar el origen lícito de sus dólares. Sin embargo, otros analistas se muestran más cautos y plantean un interrogante de fondo: por qué habría de sumarse ahora quien no ingresó al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno a fines de 2024, considerado uno de los más exitosos de los últimos años en términos de dólares exteriorizados.

La expectativa oficial es que los cambios impulsen una mayor adhesión al esquema simplificado. De los 330.000 contribuyentes que ya se anotaron, 170.115 presentaron su declaración jurada, mientras que unos 99.000 casos permanecen como borrador, todavía sin confirmar. La semana pasada, ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias hasta el 27 de agosto, a la espera de que el Congreso avance con el debate del nuevo texto.

​El ministro de Economía presentó junto a María Ibarzabal los cambios al proyecto que se enviará mañana al Congreso; solo los tributaristas Sonia Becherman, Liban Kusa y Ricardo Paolina respondieron preguntas técnicas  

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