La CGT comenzó a debatir una nueva estrategia para confrontar con el gobierno de Javier Milei frente al avance de la reforma laboral. Aunque los sectores más combativos de la central sindical insisten con la convocatoria a un paro general de 36 horas, en la conducción cegetista crece otra alternativa: una semana de protestas escalonadas protagonizadas por distintos gremios.
La propuesta todavía se encuentra bajo análisis, pero empezó a ganar espacio entre los dirigentes sindicales que consideran que el contexto actual no favorece una medida de fuerza de alcance nacional y que un nuevo paro general podría tener un impacto limitado.
Entre los gremios que impulsan una postura más dura se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), La Fraternidad y el sindicato de Gastronómicos. Sin embargo, dentro de la conducción de la CGT creen que existen otras herramientas para sostener la presión sobre la Casa Rosada sin recurrir de inmediato a otra huelga general.
La idea que circula en las conversaciones internas apunta a coordinar conflictos sectoriales durante varios días consecutivos, con la participación alternada de distintos sindicatos. El esquema busca mantener el nivel de confrontación con el Gobierno y evitar el desgaste que podría generar una medida única de gran magnitud.
No obstante, la iniciativa presenta dificultades. Desde el sindicalismo reconocen que el Gobierno podría recurrir a la conciliación obligatoria para frenar cada uno de los conflictos. Además, la reglamentación de la reforma laboral amplió el universo de actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental, lo que obliga a numerosos gremios a garantizar niveles mínimos de prestación aun durante las protestas.
La discusión sobre estas alternativas comenzará formalmente esta semana. La CGT iniciará este miércoles una serie de encuentros con distintas confederaciones sindicales vinculadas a la industria, el transporte, la actividad portuaria, los medios de comunicación y la alimentación.
Durante esas reuniones se analizarán los alcances políticos y jurídicos de la reglamentación de la reforma laboral y las posibles respuestas que puede articular el movimiento obrero. La semana próxima el debate llegará al Consejo Directivo de la central, que tendrá la responsabilidad de definir los próximos pasos.
La conducción integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello considera que la discusión todavía permanece abierta y que no existe una decisión tomada respecto de futuras medidas de fuerza.
En paralelo, se evalúa el resultado de la presentación realizada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la central sostienen que el paso por Ginebra fortaleció sus cuestionamientos a la reforma laboral y abrió una nueva instancia de debate sobre el impacto de los cambios impulsados por el Gobierno.
“En Ginebra logramos que la OIT nos reconozca los problemas que hay con las leyes laborales en el país y ahora va a haber que analizar cómo seguimos”, señalaron fuentes sindicales.
Mientras tanto, el frente judicial continuará activo. Según explicaron desde la central obrera, las nuevas impugnaciones contra la reglamentación no serán promovidas institucionalmente por la CGT, sino que cada sindicato avanzará por separado con sus propias presentaciones ante los tribunales.
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