Entre el Estado cinematográfico y el paternalismo moral

La discusión provocada por el operativo Tormenta Negra en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires ha derivado rápidamente hacia una deformación ideológica bastante típica de la Argentina contemporánea: en vez de analizar concretamente qué ocurrió, cuáles fueron sus resultados y si existieron o no abusos policiales específicos, parte del debate público quedó absorbido por una controversia simbólica acerca de la pobreza.

La Iglesia argentina —o al menos algunos de sus sectores más visibles vinculados al trabajo en villas y asentamientos— reaccionó con una dureza llamativa frente al despliegue policial. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, llegó a afirmar que “tormenta negra” son en realidad el narcotráfico, la falta de trabajo o el retiro del Estado. La frase posee fuerza retórica. Pero justamente por ello conviene examinarla con cuidado, porque detrás de ciertas críticas aparentemente humanitarias suele esconderse una mirada profundamente paternalista sobre los sectores populares.

En las últimas décadas se ha instalado entre nosotros una curiosa presunción: cuando el Estado interviene intensamente en barrios pobres, ello sería necesariamente un acto de estigmatización social. Sin embargo, la conclusión es absurda. Un operativo policial abusivo será ilegítimo en la Recoleta, Barrio Parque o Puerto Madero exactamente igual que en una villa de emergencia. La eventual ilegalidad de la acción estatal no depende del nivel de ingresos de las personas involucradas. Pero lo contrario también es cierto: un operativo legítimo no se vuelve ilegítimo simplemente porque se realice en un barrio vulnerable.

La pregunta central no debería ser si el operativo tuvo drones, helicópteros o música épica en sus videos institucionales —aunque el cinematografismo estatal contemporáneo resulte a veces francamente irritante—, sino algo bastante más concreto: ¿hubo o no detenidos? ¿Se secuestraron armas? ¿Se encontraron vehículos robados? ¿Existían prófugos buscados por la justicia? ¿Se decomisó droga? ¿Había redes criminales operando en esos territorios?

Si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, entonces el debate ya no puede reducirse a una denuncia estética sobre la teatralización de la seguridad pública.

Y aquí aparece un problema más profundo. Cierta narrativa eclesial y política parece haber terminado construyendo una imagen de los pobres como sujetos cuya relación con el orden, la disciplina, la legalidad o la responsabilidad individual debe ser siempre relativizada o excusada. El resultado final de esa mirada es paradójicamente deshumanizante, porque transforma a millones de personas en una categoría sociológica infantilizada, casi incapaz de responder moralmente por sí misma.

Habría que insistir en prédicas y homilías con una exaltación clara y sostenida del trabajo, de la cultura del esfuerzo, del orden urbano, de la seguridad, de la estabilidad familiar, del cumplimiento de la ley o de la necesidad de combatir frontalmente las economías criminales que destruyen precisamente a los barrios más pobres.

El problema no es solamente político; es también moral

Aparece con frecuencia una peligrosa romantización de la marginalidad. Como si toda intervención estatal intensa fuese automáticamente opresión. Como si la mera existencia de pobreza transformara cualquier acción policial en sospechosa. Y como si las primeras víctimas del narcotráfico, de las mafias locales y de la violencia urbana no fueran justamente los propios habitantes de esos barrios.

El problema no es solamente político. Es también moral.

Una sociedad que pierde completamente la capacidad de exigir responsabilidad individual termina destruyendo las bases mismas de la convivencia democrática. El Estado social moderno puede —y probablemente debe— asistir, integrar y proteger, pero no puede hacerlo sobre la base de la abolición simbólica de toda exigencia de conducta. La discusión sobre el “más Estado” merece también un mínimo de honestidad intelectual.

Es perfectamente legítimo reclamar más urbanización, más asistencia, más infraestructura, más subsidios, más escuelas, más hospitales, más presencia pública. Pero alguien debe financiar todo ello. Y una economía incapaz de generar riqueza, inversión, trabajo formal y productividad termina destruyendo precisamente la base fiscal que hace posible cualquier política social sostenible.

Existe en ciertos sectores argentinos una persistente ilusión según la cual el Estado constituye una fuente prácticamente inagotable de recursos morales y materiales. Lo cierto es que el Estado no produce riqueza, la redistribuye. Y, cuando la redistribución se divorcia demasiado tiempo de la creación genuina de riqueza, el sistema entero comienza lentamente a colapsar. La Argentina conoce demasiado bien esa historia.

Nada de esto implica negar abusos policiales, arbitrariedades, corrupción, discriminación o utilización propagandística de la seguridad pública. Todo ello existe y merece vigilancia constante. Tampoco parece razonable convertir automáticamente cualquier acción estatal en barrios vulnerables en una forma de persecución simbólica contra los pobres. Los habitantes de las villas no necesitan ser transformados en escenografía política ni por el marketing gubernamental ni por cierta sentimentalidad paternalista propia de la actual conducción eclesiástica argentina.

Necesitan algo bastante más difícil: seguridad, trabajo, legalidad, educación, inversión, infraestructura y un Estado capaz de imponer orden sin degradarse en espectáculo.

La verdadera “tormenta negra” argentina probablemente no sea un operativo policial filmado con drones. Quizás sea algo bastante más profundo y peligroso: la lenta pérdida de confianza colectiva en las virtudes simultáneas de la libertad, la responsabilidad y el orden. También de la honestidad. Y esta, lamentablemente, requiere una discusión por separado, que aun nuestra sociedad no se anima a mantener.

​Los habitantes de las villas no necesitan ser transformados en escenografía de la política ni en repositorios de un proteccionismo simbólico  

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