“Esto afecta gravemente a los importadores honestos que pagan lo que se debe pagar. Los acusados merecen una pena elevada. No solo por el gravísimo daño causado al fisco, sino también porque se burlan de quienes, pagando lo que corresponde, sostienen el sistema aduanero estatal que ellos usan para delinquir”.
Las afirmaciones corresponden al alegato del fiscal Gabriel Pérez Barberá ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°3, en el juicio donde se juzga el contrabando de indumentaria.
Se trata de uno de los desprendimientos de la causa conocida como La Mafia de los Contenedores, un “monumental” caso de corrupción donde se investigó y elevó a la etapa de debate a tres jefes aduaneros de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
Hoy, ante los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta ocho años y medio de prisión.
Según fuentes judiciales, los importadores declararon que importaban “carbonato de calcio”, por lo que debían pagar un arancel de 3000 dólares.
El 15 de enero de 2015, la Justicia ordenó abrir un contenedor que supuestamente contenía carbonato de sodio, pero en realidad llevaba 415 bultos con 80.554 prendas de vestir valuadas en más de 600.000 dólares, mercadería que debía pagar arancel por esa misma cantidad. El perjuicio fiscal habría ascendido a 4 millones de dólares.
“Ese hallazgo no fue un episodio aislado: gracias al descubrimiento de ese contenedor se detectó una organización que, en los meses previos, habría logrado contrabandear otros 31 contenedores repletos de rollos de tela”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.
La causa fue llevada adelante por el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano.
El expediente se conoció como “TT Cargo”, por la firma que, como agente de transporte aduanero, “intervino en la falsificación sistemática de documentación para que, en pocos meses, múltiples empresas textiles argentinas lograran contrabandear toneladas de telas con una subfacturación millonaria”, dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
A juicio llegaron integrantes de TT Cargo, despachantes de Aduana, una empresa que figuraba como destinataria del falso “carbonato de calcio” y funcionarios aduaneros.
“No se imputó, en cambio, a las empresas textiles que eran las beneficiarias de este contrabando a gran escala”, dijeron las fuentes consultadas. Una sola compañía recibió, entre agosto y diciembre de 2015, 19 de los 31 contenedores investigados.
El fiscal Pérez Barberá resaltó que la mecánica de las maniobras de TT Cargo “era la misma que la causa conocida como La Mafia de los Contenedores, solo que en una escala un poco más chica”.
Se refería al expediente instruido por el juez en lo penal Marcelo Aguinsky, con la participación de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), investigación que reveló cómo contrabandistas que contaban con la colaboración de funcionarios y personal aduanero intentaron ingresar en el país, de forma ilegal, mercadería valuada en 284 millones de dólares.
El mes próximo se cumplirán dos años desde que el juez Aguinsky y su equipo de trabajo llevaron a los tribunales de Comodoro Py carros y cajas que contenían miles de fojas del voluminoso expediente para el juicio, que aún no comenzó.
Tras terminar los alegatos, el fiscal Pérez Barberá dijo estar convencido de que la prueba que produjo durante el debate la fiscalía, sobre todo la documental, fue “abrumadora”.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que, si la sentencia termina con condenas, “este caso puede constituir un precedente muy valioso para todas las causas grandes de contrabando que todavía no han llegado a debate oral”.
El fiscal Pérez Barberá pidió penas de prisión para 11 imputados y para TT Cargo SA y Cuiper SA como personas jurídicas, según informaron fuentes judiciales al tanto del alegato del representante del Ministerio Público.
El fiscal Gabriel Pérez Barberá presentó sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°3
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